viernes, 29 de febrero de 2008

Universidad y Organizaciones Sociales: un camino para la integración de la Universidad en el Proyecto Nacional (Mov. Univ. Evita) (2º Parte) *

Hacia el año 1973, la primavera camporista y la vuelta inminente de Perón planteaban el regreso a un modelo de desarrollo autónomo con una fuerte presencia del Estado en las definiciones político-económicas, tendientes a garantizar un mayor porcentaje en el PBI para los sectores asalariados.

El alto grado de movilización popular y de transformación de las estructuras de la dependencia, encontraban un fuerte correlato en el Proyecto de Universidad perseguido. Observamos a lo largo de nuestra historia cómo a cada modelo económico-social corresponde un determinado modelo de Universidad. En su mensaje a la Asamblea Legislativa, Cámpora definía claramente la necesidad de que la Universidad se insertara activamente en el proceso de desarrollo social y productivo del país:

“Nos preocupa, ciertamente, ordenar la universidad en su función social y en su planeamiento institucional. Porque tenemos una clara idea política del país sabemos que el único encauzamiento posible puede darse en la medida en que la universidad se realice como respuesta efectiva dentro del proyecto político nacional. Pero este principio teóricamente válido no quita las enormes dificultades que se tendrán que salvar, en la realización inmediata, para superar la encrucijada de la crisis actual. En efecto, más allá de sus cíclicos desplazamientos docentes como constantes históricas de su pasado, la universidad se nos ofrece en estos momentos en una caótica coyuntura. Resulta ello lógico si se analiza el proceso de los últimos años viciado por la falta de una política coherente con el país e incluso consigo misma. Las medidas aisladas, sin contexto global, los programas segmentados sin visión de conjunto, los dimensionamientos meramente cuantitativos y geográficos sin esquemas de unidad global ni ponderación de recursos humanos y financieros, la prevalencia de una tecnocracia vacía por falta de objetivos, la adopción de resoluciones presionadas por impulsos circunstanciales de intereses sectoriales, todo ello configura un difícil cuadro de situación que para ser superado necesitará de un profundo y sistemático esfuerzo que apunta más hacia logros futuros que eventuales éxitos inmediatos.” (7)

La Universidad Nacional y Popular -como fue llamada en esta época- empezaba a proyectarse claramente como Universidad de masas, rompiendo las barreras del elitismo tradicional. La enseñanza superior debía abrirse de modo tal de incrementar exponencialmente el número de alumnos. Por consiguiente, resultaba imprescindible disponer de un sistema de ingreso que no obturara las posibilidades de estudio para la juventud. (8)

Partiendo de la concepción de que toda la población tenía el derecho a acceder a la educación, se impulsó la articulación de las estructuras universitarias “… de manera tal que progresivamente le permitan acercarse al ideal de llegar a todos los habitantes de la nación.” (9) De esta manera, la Universidad debía exclaustrarse, “… llegando con contingentes de sus integrantes a todos los sectores donde se desarrollen actividades sociales, económicas, políticas, administrativas, etc., de las cuales tenga algo que extraer y para actuar sobre ellas, mejorándolas o aumentando su índice de eficacia social.” (10) La consigna era “… convertir a todo el país en el escenario de la enseñanza…” (11)

En consecuencia, el abordaje de las problemáticas sociales era el eje fundante de este modelo de Universidad al servicio del Pueblo. Se establecieron apoyos jurídicos gratuitos a cargo de docentes jóvenes y de estudiantes de los últimos años, se dispuso de asistencia sanitaria preventiva en muchas villas, llegaron a conformarse estructuras de apoyo a las pequeñas empresas desde el punto de vista contable y administrativo, se desarrollaron fábricas de genéricos para cubrir las necesidades de los hospitales públicos, y se firmaron convenios de “Asistencia recíproca para la elaboración y ejecución de proyectos científicos y tecnológicos de apoyo a los planes de los gobiernos nacional y provincial, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. Desde la UNLP, e participó activamente del operativo Plan Provincial de Reconstrucción “Gobernador de Buenos Aires Coronel Manuel Dorrego”, el cual consistió en una labor conjunta entre efectivos militares y la Juventud Peronista en las zonas anegadas por las lluvias.

En julio de 1973, se crearon por resolución del Consejo Superior de la UNPBA, los Centros Pilotos de Investigación Aplicada (CEPIA). Estos funcionaban como equipos interdisciplinarios conformados por docentes y alumnos, que trabajaban en territorios marginales de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Aritz e Iciar Recalde sistematizan algunas de sus funciones:

“Investigar el grado de satisfacción de las necesidades populares en donde desarrollan sus tareas los centros; investigar si la formación proporcionada a los egresados de la UBA, se ajusta a la plena satisfacción de las necesidades populares en las zonas investigadas; investigar cuales son los cambios estructurales que deben promoverse en la enseñanza que proporciona la UBA, para la plena satisfacción de las necesidades populares; investigar cuales son los cambios estructurales que puede promover la UBA a las autoridades de la Nación para el mejoramiento y el perfeccionamiento de los servicios que presten los distintos organismos y empresas del Estado; proporcionar a la población de las zonas investigadas, asistencia complementaria; desarrollar conclusiones sobre el trabajo interdisciplinario.” (12)

La acción de los CEPIA era concebida como complementaria de las organizaciones barriales representativas, y las tareas realizadas tomaban como punto de partida las necesidades detectadas junto a las mismas. Esto sin duda, significó una modalidad innovadora de abordaje de la realidad y la posibilidad de que sujetos no universitarios participaran activamente en el diseño, ejecución y evaluación de las investigaciones.

En palabras de quien fuera uno de sus principales protagonistas, el rector de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, Rodolfo Puiggrós, el objetivo era claro: “Aspiramos a que el universitario no sea un ser aislado a la espera de un título. Aspiramos a su compromiso con el Proyecto Nacional”.

Podemos decir que el profundo vínculo establecido entre la Universidad Nueva y las problemáticas nacionales y populares, a partir de numerosos proyectos y prácticas, contemplaba una dimensión política: el relacionamiento de los estudiantes con la realidad del país y sus problemáticas; una dimensión pedagógica: la integración del conocimiento teórico (13) y la vinculación temprana, en muchos casos a la investigación; y una dimensión social: los aportes producidos por la acción social y la investigación vinculadas al desarrollo social y productivo del país devolvían a la sociedad el trabajo que ésta invertía en el sostenimiento de la Universidad.

En 1974 se sancionaba la Ley 20.654, también conocida como Ley Taiana, la cual planteaba la integración y el compromiso de la Universidad con el desarrollo nacional y regional, al mismo tiempo que propugnaba la coordinación y planificación conjunta con los diferentes organismos estatales y organizaciones libres del pueblo. Se definía una orientación “… tendiente a establecer la independencia tecnológica y económica.” (art. 2, inciso b). La ley prohibía la injerencia dentro de la Universidad de intereses contrarios al desarrollo y bienestar de la nación: “Es incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que le sean correlativas, el desempeño de funciones jerárquicas o de asesoramiento, remuneradas o no, al servicio de empresas multinacionales o extranjeras, como así también la pertenencia a organizaciones u organismos internacionales cuyos objetivos o accionar se hallen en colisión con los objetivos de la Nación.” (art. 11). Además, establecía la participación docente, estudiantil y no docente en los órganos colegiados de gobierno universitario; la gratuidad de los estudios superiores; la responsabilidad estatal en el financiamiento de las Universidades nacionales; y creaba también un sistema de becas orientado hacia las carreras estratégicas.

Aquella Universidad era posible porque el país atravesaba un proceso de avanzada popular. Pero pronto fue obstaculizado por el golpe del 76 y la instauración del neoliberalismo.

La Universidad nacional ha sido modelada desde la última dictadura militar hasta nuestros días bajo una fuerte impronta neoliberal. El trío castrense barrió a fuerza de bayonetas hasta el último nicho de resistencia existente en las aulas para avanzar en la implementación de un modelo económico basado en la especulación financiera, un Estado mínimo y una apertura económica indiscriminada que dio por tierra con nuestra industria nacional. Durante el gobierno militar se redujo de manera drástica el presupuesto para educación, se cerró la Universidad Nacional de Luján, se suprimieron carreras y cátedras, se modificaron los planes de estudios, se desfinanció la investigación y la extensión universitaria, se implementó el arancelamiento, exámenes y cupos de ingreso, se cerraron los comedores universitarios y se cancelaron las becas estudiantiles, al mismo tiempo que se alentó el crecimiento de las universidades privadas. Atrás quedaba aquel Estado de Bienestar que intervenía fuertemente en los destinos de nuestra economía. Atrás quedaba aquella Universidad Nacional y Popular del ‘73 respaldada por la intransigente Ley Taiana.

Partiendo de la base de que a cada modelo económico-social corresponde un determinado modelo de universidad, observamos cómo a partir de 1976 se da un quiebre en el modelo de acumulación que caracterizó al Estado de Bienestar, dando lugar al modelo neoliberal, con su correspondiente correlato en la Universidad.

La recuperación democrática del 84 -mal que nos pese- no significó la vuelta a la Universidad con responsabilidad social. Por decreto del Poder Ejecutivo pusieron en vigencia los estatutos en uso hasta 1966, omitiendo toda normativa al respecto establecida durante el último período democrático (1973-1976). Este decreto suscitó grandes controversias, ya que no fijaba plazo a la intervención, no reincorporaba a los cesanteados y prescindidos, no anulaba los concursos de la dictadura, y no reestablecía la Ley Taiana, desconociendo el mandato del último Congreso elegido democráticamente. En este período comenzó a desarrollarse un nuevo concepto de extensión universitaria: recitales, cursos, cines, etc. La articulación con sindicatos y organizaciones sociales no tuvo relevancia alguna. El modelo económico-social imperante seguía siendo el mismo al instalado en la segunda mitad de la década del 70. Por lo tanto el modelo de Universidad no cambiaría más que en sus formas de elección y de gobierno.

El tiempo nos ha mostrado que a cada modelo económico-social corresponde un determinado modelo de Universidad. La década del 90 significó en términos económicos la profundización del modelo neoliberal imperante desde el 76, teniendo un correlato muy fuerte en la Universidad.

Así, durante los años 90 se fue forjando una Universidad de espaldas al conjunto de la población, reforzando su corte elitista. No sólo porque buscaba restringir el acceso a los sectores populares a través del recorte presupuestario y el arancelamiento encubierto, sino porque su sentido institucional estaba puesto en función de los intereses transnacionales ajenos al fortalecimiento del Estado y la Nación. La Universidad era una mera reproductora de los preceptos de Washington, siguiendo los cánones neoliberales de producción de conocimiento, regidos por planes de categorizaciones y de incentivos, que envuelven a nuestros investigadores en el estrecho mundo de la producción de papers y ponencias sobre infinidad de temáticas que por su cosmopolitismo y falta de direccionalidad -en muchos casos- no conducen a nada.

El modelo de los 90 era devoto de aquella Universidad Isla que aún hoy se sigue reproduciendo. Una Universidad autocomplaciente que produce un conocimiento para sí misma, ajena a cualquier tipo de problemática nacional. La extensión universitaria ocupaba un rol totalmente secundario. Javier Lorca, periodista de Página/12, graficaba muy bien esta situación cuando decía que la extensión universitaria era la “hermanita pobre de la docencia y la investigación”. En todo caso, “la extensión universitaria” había sufrido un proceso de resignificación importante:

“Las actividades de extensión universitaria proliferan en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, con una oferta bastante curiosa: hay desde programas solidarios y comunitarios, hasta cursos de platería, cría de carpinchos y clases de esloveno, por mencionar algunos. El problema es que no hay un marco que regule su funcionamiento, ni tampoco cuentan con financiamiento, por lo que muchas actividades resultan aranceladas a veces para autofinanciarse, a veces para generar recursos.” (14)

Si bien este modelo fue resistido por amplias movilizaciones estudiantiles, como aquellas que resistieran la promulgación de la Ley de Educación Superior en 1995, logró imponerse con mucha fuerza. También encontró importantes excepciones. Por mencionar algunas, se conforma en el año 2000 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA el Plan Fénix como usina de pensamiento de una planificación económica alternativa al modelo neoliberal. La Universidad comenzaba a encontrarse con la Nación, pensaba nuestras problemáticas y rompía los moldes del Pensamiento Único. También expresaron excepciones importantes los modelos de planificación de algunas universidades como la de Lanús, que desde sus inicios comienza a romper los muros facultativos para encontrarse con la población y sus problemáticas cotidianas, incorporándolas a la formación profesional.

Los pilares de este modelo todavía tienen cimientos fuertes en la actualidad, si bien empiezan a cuestionarse cada vez con más fuerza. El debate en torno a la derogación de la Ley Universitaria Neoliberal y la implementación de una nueva Ley acorde al Proyecto Nacional en marcha es un paso en ese sentido. Otro aporte importante en dar por tierra con el enclaustramiento universitario es sin dudas el Programa de Voluntariado Universitario, que vuelve a plantear con fuerza (esta vez como iniciativa del Ministerio de Educación pero con una importante respuesta de la comunidad académica) el imbricamiento necesario entre la Universidad y la sociedad, obligando a pensar desde cada especificidad académica las problemáticas nacionales y cotidianas de nuestro Pueblo. El Programa fortalece una formación profesional con sentido social a la vez que implica una devolución en términos institucionales de la Universidad respecto de la sociedad. Es positivamente disruptivo del modelo enclaustrado y elitista que se venía forjando en los últimos 30 años.

Democratización

El proceso de reconstrucción nacional en marcha abre la necesidad de resignificar el rol de la Universidad y su misión como institución; desarrollar su inmenso potencial en esta nueva etapa que se abre en la Argentina; repensar la articulación entre extensión, investigación, docencia y los desafíos de la coyuntura. En suma, poner nuestra ciencia y la capacidad creadora de los recursos humanos que le dan vida, a disposición de un proyecto de país fundado en valores de justicia social y soberanía nacional.

La Universidad no fue ajena a la salvaje ofensiva neoliberal que atravesó a nuestra Patria durante la década de los 90. Al latido de las premisas del Banco Mundial, se produjo un profundo proceso de mercantilización del conocimiento, desculturización, elitización y progresiva privatización de la educación pública en todos sus niveles. Revertir este proceso implica no sólo luchar por mayor presupuesto para la Universidad, por democratizar su estructura o por cambiar el elenco estable que la gestiona desde hace más de 20 años. La verdadera reforma no es defender solamente un ingreso formalmente irrestricto (condición necesaria, pero no suficiente), si no construir una sociedad donde el ingreso a la Universidad sea realmente irrestricto, donde el hijo del obrero pueda egresar como ingeniero.

Se hace necesaria la construcción de una Universidad donde autonomía signifique la necesaria independencia de las administraciones de turno, pero nunca la desafección de su responsabilidad en el devenir de las mayorías sociales y del destino nacional: el reclamo por la mera autoreproducción de una institución/fábrica de profesionales liberales ya no puede ser el único norte de las reivindicaciones de sus miembros, sin caer en la negación de la realidad circundante o en un abierto cinismo.

En este marco, el tan mentado debate en torno a la democratización merece una mirada que dé cuenta de las contradicciones que atraviesan las visiones más atadas a un autonomismo conservador; para más de un sector, coartada para recusar el contralor del Estado defendiendo privilegios y negociados; para otros, y en el mejor de los casos, para sostener posiciones pretendidamente transformadoras, que en el fondo son emergentes de una concepción elitista que desconoce la necesaria imbricación entre el proceso de transformación de una institución estatal (la Universidad), y la dinámica general del cambio social.

Reducir la discusión en torno a la democratización de las altas casas de estudios a la paridad docente estudiantil en los órganos de co-gobierno, implica ocluir por medio de reivindicaciones sectoriales, el necesario e ineludible debate en torno a la formidable contradicción que atraviesa una institución sostenida con el trabajo diario de las mayorías sociales, a la que sólo puede acceder un sector minoritario de la sociedad.

La respuesta al problema de la Universidad, articula la necesidad de democratizar su vida interna y desplazar las camarillas que lucran con su autismo, con la resolución del nudo gordiano que atraviesa nuestro devenir como Nación: “O inventamos o erramos”. O construimos un proyecto de país soberano, de y para las mayorías sociales, o volvemos al neoliberalismo excluyente y desintegrador.

Sin la comprensión de esta disyuntiva del presente, todo intento de “democratización”, merece ser puesto en cuestión en tanto atajo para la ruptura de una hegemonía al interior del sistema universitario, para la imposición de otra; ambas, más allá de autodeclamadas pretensiones transformadoras, ajenas a la resolución del drama social que nos atraviesa como Nación.

Las Organizaciones Sociales

Para proponer políticas eficaces que relacionen a la Universidad con las organizaciones sociales, tenemos que profundizar en una definición y una descripción de estas organizaciones, en el rol que cumplieron históricamente y en su rol actual. También en su grado de inserción social, para delimitar el alcance de estas políticas en la tarea de relacionar la Universidad con las necesidades nacionales y sociales.

En un sentido amplio, las organizaciones sociales incluyen a los sindicatos de trabajadores, a los movimientos de desocupados, a las asociaciones profesionales, a los organismos de Derechos Humanos, a los movimientos en defensa del medio ambiente, a las organizaciones de género y a cientos de organizaciones no gubernamentales con distintos objetivos (explícitos o no). Pero si pretendemos focalizarnos en el desarrollo de propuestas de interacción que permitan derribar los muros del aislamiento entre la Universidad y la sociedad tendremos que detenernos en el análisis de las que resultan más relevantes por su grado de inserción social y por el potencial que podríamos desplegar a partir de vincularlas con nuestras universidades.

Las organizaciones que surgieron de la resistencia al neoliberalismo, principalmente como movimientos de desocupados, evolucionaron por distintos caminos a medida que la recuperación del empleo les impuso una transformación.

Durante los años de la hiperdesocupación, se adueñaron de las rutas y de las calles para reclamar trabajo y confrontar contra un modelo que excluía a la mayoría de la población. Obtuvieron la implementación de distintos planes de emergencia que fueron inicialmente otorgados a quienes protagonizaban la confrontación y luego del colapso del 2001 fueron generalizados a millones de “jefes y jefas de hogar”.

A partir de la salida de la crisis, las organizaciones sociales, algunas oficialistas, otras opositoras, ampliaron el marco de su accionar, incorporando la implementación de las políticas de inclusión social que el Estado generó al irse superando la emergencia. Principalmente las políticas de subsidios y asistencia para emprendimientos productivos, que permitieron la conformación de cooperativas y la inclusión en el trabajo de miles de personas. Las necesidades que surgen de estos proyectos son múltiples: se necesita apoyo para la gestión, para la capacitación, para la incorporación de tecnología, para el estudio de la factibilidad económica de los proyectos, etc. En este campo, las Universidades pueden aportar a cubrir todas estas necesidades. Ya se han llevado adelante muchos convenios con distintas universidades y facultades que permiten demostrar el potencial de esta interacción.

Universidad y Organizaciones Sociales
Desde la perspectiva que sostenemos, las organizaciones sociales, entendidas como factor dinámico emergente del proceso de recomposición social que estamos atravesando en nuestra Patria, cifran su potencial aporte en la apertura de las universidades al protagonismo tanto de la comunidad como de otras instancias del Estado, en la definición de sus contenidos, métodos de enseñanza y definición de líneas de investigación.

De esta manera, la creación de Consejos Sociales, y otras instancias de planificación del sistema educativo superior en íntima relación con las organizaciones sociales, gremiales, económicas, entre otras, implicarían un primer aporte en la redefinición de un proceso de democratización entendido como progresivo involucramiento de los sectores populares en las decisiones del gobierno universitario, y en la disputa de sentido en torno a la responsabilidad de profesionales y futuros profesionales en la tríada “universidad - reconstrucción nacional - bienestar de las mayorías populares”.

La implementación del Servicio Social Universitario, una práctica institucionalizada en varios países de América Latina como México o Venezuela, es otro mecanismo que permitiría profundizar la interacción entre la Universidad y las organizaciones sociales. El Servicio Social Universitario permitiría: a) desarrollar en los estudiantes los valores de la solidaridad y el compromiso con el bienestar colectivo; b) integrar el conocimiento teórico práctico aprendido en las aulas con una experiencia cognitiva desarrollada de manera interdisciplinaria y en contacto con las problemáticas más acuciantes del país; c) profundizar la relación entre la Universidad y los problemas nacionales, permitiendo generar un vínculo de retroalimentación entre las funciones de extensión, docencia e investigación, que facilitará readecuar los contenidos curriculares y las tareas de investigación en función de las necesidades y desafíos del proceso de desarrollo nacional; d) la democratización crecientemente de la Universidad: democratización de saberes y tecnologías, democratización de las formas de construcción de esos saberes a partir de incorporar los saberes y experiencias populares, democratización a partir de reestructurar la Universidad en base a las necesidades nacionales, democratización a partir de integrar al conjunto de la comunidad universitaria y a la comunidad toda, al proceso de elaboración de una universidad nueva; e) promover el trabajo interdisciplinario, como forma de abordaje de la realidad; f) desarrollar conocimiento y tecnologías vinculadas al desarrollo nacional, ejerciendo una verdadera soberanía cognitiva o autonomía científica; g) promover la planificación estratégica del Sistema de Educación Superior, detectando las demandas nacionales y orientándose en función de las mismas, a la vez que incorporando a los distintos actores sociales y estatales en el diagnóstico, elaboración y ejecución de las distintas políticas.

La relación entre las universidades nacionales y las organizaciones sociales puede, sin duda, constituirse en una de las claves para la dinamización del proceso de desarrollo social y productivo del país, generando un vínculo de retroalimentación que permita integrar a la Universidad de manera activa y crítica en el proceso de reconstrucción nacional, jerarquizándola y adecuándola en tanto factor de desarrollo social y productivo; y que fortalezca los niveles organizativos populares, cooperando en la resolución de las grandes problemáticas sociales y nacionales.

En este sentido, el investigador brasilero Renato Dagnino, propone el concepto de exvestigación, construir conocimiento “hacia afuera”, junto a los estudiantes y los movimientos sociales, un conocimiento orientado hacia los problemas. Esto permitirá diseñar una política científica y tecnológica autónoma, que atienda a nuestras necesidades y que valorice las funciones de extensión como creadoras de conocimiento, contra aquellas concepciones de evaluación académica que sólo privilegian la contabilización de artículos en revistas internacionales.

Por todo esto, el nuevo modelo universitario no puede surgir sino de un intenso vínculo con el proceso de transformaciones abierto en nuestra patria. Porque, como escribió José Martí en Impresiones de América: “… al mundo nuevo corresponde la Universidad Nueva…”
Notas

7- Cámpora, H. “La Revolución Peronista”, EUDEBA, Buenos Aires, 1973, pp. 158-159.
8- Villanueva, Ernesto, “Una gesta poco conocida”, en Dossier del Movimiento Universitario Evita, 2006.
9- “Bases para la Nueva Universidad”, Cátedra Libre por el Pensamiento Nacional y Popular “Rodolfo Achem y Carlos Miguel”, La Plata, 2007.
10- Idem.
11- Idem.
12- Recalde, Op cit., pp. 305-306.
13- “… el trabajo sobre la realidad de barrios obreros y marginales además de aportar en términos de servicio concreto a la comunidad, estaba concebido como uno de los momentos de integración teórico práctica que era la base de la nueva formación…”. (Vázquez, S. La Universidad Nacional y Popular. Un espacio alternativo para la vinculación entre los intelectuales y el pueblo, Informe de investigación. Proyecto APPEAL. Marzo de 1987, p. 71).
14- Lorca, Javier, “Subsidios para la hermanita pobre de la investigación y la docencia”, Diario Página 12, 22 de junio de 2004.

* Artículo publicado en Participación e Innovación en la Educación Superior. Para que el conocimiento nos sirva a todos (Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Ministerio de Educación de la Nación, octubre de 2007)

martes, 12 de febrero de 2008

Universidad y Organizaciones Sociales: un camino para la integración de la Universidad en el Proyecto Nacional (Mov. Univ. Evita) (1º Parte) *

Tras los muros

Más allá de la diversidad arquitectónica de nuestras unidades académicas, tenemos la certeza de que todas ellas durante gran parte de su historia, han permanecido amuralladas, enclaustradas, con escaso contacto con la realidad nacional y social.

No desconocemos las implicancias de este debate que volvemos a plantear y la posición que sostenemos no significa negar que las Universidades Nacionales nos han brindado por años miles de profesionales sin los cuales nuestro país y nuestra sociedad no serían concebibles, posibles. Y nuestra Patria es un proyecto posible. Pero en esa posibilidad reside también la necesidad de derribar los muros que delimitan la función social que las Universidades pueden y deben tener. Es hora de inculcar un poco de claustrofobia en nuestros claustros, a partir de ensayar nuevas prácticas que transformen la enseñanza, la investigación, la extensión, la gestión universitaria, la política estudiantil, y todas las actividades universitarias que concibamos, en función de insertarlas, en mucho mayor, grado en la realidad nacional y social.

Los límites de éstas prácticas tienen que quedar claros. No sería posible ni deseable que las Universidades asuman responsabilidades que les competen a otros organismos del Estado. Está claro que nuestras Universidades Nacionales no pueden hacerse cargo de la salud de toda la población, de la administración de justicia, de la obra pública, de la alfabetización, de la definición de la política económica, o de las relaciones exteriores. Estas son funciones del Estado.

Pero eso no implica que no puedan ser parte en la solución de estos problemas, tanto en la elaboración de propuestas, como en una práctica que les permita ayudar y aprender al mismo tiempo. Y hay muchos ejemplos históricos y contemporáneos de utilización de la capacidad instalada universitaria en el aporte o soporte para la resolución de todo tipo de asuntos de la comunidad. Desde las prácticas más institucionalizadas en los institutos de investigación universitarios (en aquellos casos en los que los objetivos de la investigación se acoplan a alguna demanda o necesidad de la sociedad), hasta las iniciativas más cuestionadoras originadas en la voluntad de docentes, alumnos o investigadores, entre las que podemos incluir ejemplos de los más diversos, como los talleres para la producción de medicamentos o el Plan Fénix.

También debe quedar claro que la “bendición” académica de una idea, no le otorga categoría de Verdad absoluta por lo que las ideas propuestas no deben transformarse en ideas impuestas. Esto que parece una obviedad y que dicho así suena algo trillado, no lo es tanto para quienes tuvimos la oportunidad de estar de ambos lados del muro. Existe una concepción más o menos disimulada que equipara democratización del saber con difusión del saber académico hacia la comunidad, lo que lleva a una mirada unilateral y soberbia, y en definitiva a una vía muerta, sin retorno.

Entendido esto, se abre un enorme campo para la interacción entre las Universidades Nacionales y la sociedad. El Programa de Voluntariado Universitario es, sin duda, un avance sobre ese campo. Y un trabajo de sistematización de los resultados de algunas de las experiencias que desencadenó, nos permitirán entender la dinámica de la relación directa entre la Universidad y las organizaciones sociales. Y avanzar en una propuesta mucho más integral que nos permita implementar una política que sirva para que la Universidad al servicio del Pueblo deje de ser una consigna y se transforme en un avance irreversible.

Reseña histórica: La función social de la Universidad

La Reforma de 1918 es tomada como emblema de las luchas estudiantiles en nuestro país y en Latinoamérica. Un análisis minucioso del periodo quizás podría aportarnos más elementos comparativos respecto del impacto que tuvo este hecho significativo para la región. Por momentos, parece haber desencadenado procesos políticos más profundos fuera de la Argentina que en la Argentina misma. Arturo Jauretche considera que en otros países de Latinoamérica, la Reforma “representó una aproximación del universitario a la realidad inmediata” (1). Quizás el caso mas significativo en este sentido sea el del Perú, donde los acontecimientos del ‘18 inspiraron la creación del APRA, fuerza política de amplia representación popular, con Haya de La Torre como su principal protagonista.

De todas maneras, la Reforma implicó un importante quiebre en la realidad universitaria nacional dando por tierra con la anquilosada estructura de participación y gobierno estatuido, como correlato del clima de ascenso y participación de las capas medias argentinas cristalizadas en el yrigoyenismo.

La Reforma marcó la agenda de la política universitaria de los siguientes años. Si bien muchas de sus reivindicaciones no tuvieron la fuerza para cristalizarse en términos institucionales en aquel momento, encontrarían gran asidero en momentos de mayor movilización social y participación popular. Este es el caso de la gratuidad de la enseñanza universitaria, uno de los principales ejes programáticos del 18, que recién pudo ser implementado bajo el primer gobierno peronista con la Reforma Constitucional de 1949.

Uno de los elementos novedosos de la Reforma es la extensión universitaria como eje político del movimiento estudiantil. Es decir que el ideario reformista no sólo planteaba reformas en términos de representación y gobierno, sino que también ponía sobre el tapete la función social de la Universidad (2). Por primera vez en la historia universitaria de nuestro país se plantea la vinculación entre la Universidad y la sociedad. Lamentablemente este será el costado más deficitario de la Reforma, puesto que no se planteará prácticamente ningún cambio en este sentido. La responsabilidad social de la Universidad sería una deuda reformista, convirtiéndose en un ladrillo más en el muro de las luchas inconclusas de los estudiantes y del pueblo.

La vinculación real de la Universidad con las problemáticas nacionales buscará expresarse con más fuerza recién bajo el peronismo. Con sus contradicciones (un movimiento estudiantil adverso y sectores poderosos de la jerarquía eclesiástica con el control de la Universidad), el primer peronismo logrará importantes avances –aunque también inconclusos- en la integración estratégica de la Universidad al Proyecto Nacional de desarrollo autónomo. Mencionaba líneas arriba, cómo el peronismo recupera una de las principales banderas reformistas como es la gratuidad de la enseñanza universitaria, garantizando el acceso al hijo del obrero y sentando las bases de la universidad de masas, dando por tierra con el fuerte corte elitista que se venía sosteniendo.

Pero el punto de ruptura más fuerte del primer peronismo se va a dar en el año 1948 con la creación de la Universidad Obrera Nacional (UON). Esta nueva Universidad tenía sus antecedentes en el mismo peronismo con la creación y el fomento de las escuelas técnicas orientadas al modelo industrialista que se venía desarrollando en el país. Los egresados de estas escuelas tenían un condicionante muy fuerte para ingresar a la carrera de Ingeniería de la UBA, por disposición de las mismas autoridades que conservaban un fuerte sesgo de elitismo. Su acceso también se veía restringido por la disposición horaria que tenía la carrera, que obligaba al obrero a dejar su trabajo para dedicarse exclusivamente al estudio. Sin duda, otro elemento más de fuerte signo elitista. De allí el origen de la UON, como búsqueda de sortear la contradicción que impedía colocar la Universidad al compás de las necesidades del país. Siguiendo a Aritz e Iciar Recalde, “para permitir el ingreso de los sectores populares a la educación superior se implementarían horarios de clase compatibles con los itinerarios laborales” (3).

De todas formas, la UON será otro proyecto inconcluso y obturado por el golpe de Estado del 55. Hacia 1959, esta institución será rebautizada por la Revolución Libertadora como Universidad Tecnológica Nacional, alterando fuertemente su función social.

La historiografía liberal ha construido la idea de que del ‘56 al ‘66 existió una Época Dorada para la Universidad contraponiéndola a la Edad Oscura que suponía la Universidad bajo el peronismo. Existen muchos debates acerca del acierto de esta idea. Lo cierto es que en este período se funda el Departamento de Extensión Universitaria de la UBA, cristalizando institucionalmente una de las banderas del 18: la función social. Pero más importante aún fue la experiencia piloto que llevó adelante este departamento en la Isla Maciel. En palabras de Carla Wainztock, se trataba de un “proyecto pedagógico político”(4). Este consistió en una serie de actividades de apoyo escolar y de recuperación de desertores escolares, en la cual participaron equipos de todas las facultades de la UBA.

Juan Carlos Marín, uno de los protagonistas de esta experiencia, nos aclara el objetivo que compartía con sus colegas:

“El objetivo hacia dentro de la Universidad era que la Universidad tuviera una relación permanente con el medio social, en particular con los sectores más desfavorecidos. Porque la otra forma de relación, con los sectores más favorecidos, la tenía normalmente. Nosotros lo que queríamos era romper el clima del privilegio universitario. Esa era la idea-fuerza más importante, era una lucha contra el privilegio. Nuestro programa, por eso, era esencialmente político; era tratar de que la Universidad tuviera una articulación con los sectores más desfavorecidos.” (5)

De lo citado podemos observar la soledad de la experiencia frente al modelo de Universidad que se venía forjando en función de otros intereses, más cercanos al de las grandes empresas multinacionales y más alejado de los intereses populares. Justamente, con respecto a la injerencia de las empresas y los organismos extranjeros, en los documentos del Seminario convocado por la FUA en 1962 se planteaba lo siguiente:

“Por no responder a una planificación nacional de las investigaciones el carácter de las misma es totalmente anárquico. Esta anarquía de la producción intelectual marcha paralela con la anarquía de la producción material, propia de la ‘libre empresa’ capitalista. (...) Si la investigación de los cientificistas responde a algún plan, es solamente al de los organismos extranjeros (...) que contratan sus servicios.” (6)

El golpe de Onganía en 1966 y su correlato en la Universidad, la “Noche de los Bastones Largos”, intentó imponer una economía sujeta a los designios del capital extranjero, al mismo tiempo que trató de modelar una universidad para pocos, mediante el establecimiento de exámenes de ingreso, y desconectada de los dramas del país y de los sectores populares.


Notas:

1- Jauretche, Arturo, “Los Profetas del Odio y la Yapa”, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 2004, p. 136.
2- Aa. Vv., “Universidad y Estudiantes. Universidad y Peronismo”, Ed. Libera, Buenos Aires, 1965, p. 52.
3- Recalde, Aritz e Iciar, “Universidad y Liberación Nacional”, Ed Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2007, p. 77.
4- Wainztok, Carla, Cendali, Florencia, “Universidad y extensión: un proyecto pedagógico-político” (proyecto de investigación), en Revista del Seminario “Universidad, Proyecto Nacional y Estado”, Número 1, Septiembre/ Octubre 2004.
5- “Recuperando la experiencia del Proyecto Maciel (Entrevista a Juan Carlos Marín)”, en Revista del Seminario “Universidad, Proyecto Nacional y Estado”, Número 1, Septiembre/ Octubre 2004.
6- Documentos del Seminario de Tucumán convocado por la FUA en 1962 en Ceballos, C. “Los estudiantes universitarios y la política” (1955-1970), Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985, p. 63.


* Artículo publicado en Participación e Innovación en la Educación Superior. Para que el conocimiento nos sirva a todos (Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Ministerio de Educación de la Nación, octubre de 2007)