miércoles, 25 de junio de 2008

Política Nacional o Autonomía Universitaria: ¿quién debe planificar la política educativa? (Aritz Recalde, junio de 2008)

Comentarios al artículo de Juan Pablo Casas, “Polémica por el proyecto de crear otras 7 universidades nacionales”, diario Clarín.

La nota de Clarín comenta diversos proyectos de creación de Universidades nacionales y trae a consideración algunas voces que ponen en cuestión la legitimidad de las nuevas instituciones. Dejando de lado cada una de las propuestas mencionadas, nos interesa señalar que el artículo acarrea un tema más profundo y es aquel referente a quién debe planificar la creación de Universidades y la política educativa. Por un lado, tal cual lo transcribe Casas, están aquellos que sostienen que se le deben dar mayores facultades en estos temas al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los Rectores de las universidades autónomas. Por otro lado, están otros que guiándose en la ley, sostienen que es el Congreso de la Nación el ámbito legal y lo que es trascendente además, es el lugar legítimo para su creación.

La ley 24.541 (LES) en el artículo 48 sostiene que solo pueden crearse universidades por “ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa” y el mismo artículo sostiene que “tanto el cierre como la creación requerirán informe previo del CIN”. Contrariando la LES, Casas expresa la voz del CIN que le reclama al Estado nacional que el mencionado “informe previo” sea vinculante. Dichos Rectores y tal cual se expresa en algunos comentarios del CIN en este y otras intervenciones públicas, cuestionan al sistema político argentino y sus instituciones al sostener reiteradamente que la universidad autónoma debe planificar las políticas del conjunto del Estado y que los ámbitos de expresión mayoritaria, en este caso el Congreso de la Nación y las comisiones de educación, deben mermar en sus facultades.

Tal cual se expresa diariamente en el funcionamiento de la Educación Superior, ésta concepción genera una escisión profunda entre la democracia de masas y sus representantes, y la universidad cogobernada que funciona, con pocas excepciones, sin generar ámbitos de coordinación con el conjunto del Estado y las organizaciones económicas, sociales o culturales de una región.

El Congreso es la expresión federal de la voluntad popular, buena o mala, pero innegablemente producto de la democracia de masas. No ocurre lo mismo con el cargo de Rector de una Universidad que nace de una elección producto de un conjunto reducido de actores de la comunidad. No desconocemos la opinión del CIN, pero si creemos que el debate de la planificación universitaria debe dar lugar, prioritariamente, al conjunto de actores de la comunidad nacional ligados a las políticas públicas, la producción y el trabajo. Los Ministros de las distintas carteras y en una acción conjunta con los legisladores y los representantes de las organizaciones de la producción y el trabajo de cada región, deben ser los encargados de formular y acompañar la política de creación de universidades. En este cuadro, el CIN puede dar su opinión que no por ser importante, tiene que dejar de ser “no vinculante”. El Congreso y el conjunto de los representantes de la política de la nación, son los depositarios legales y legítimos, que deben planificar la Política Universitaria que tiene que atender las necesidades del conjunto del país y no solamente, la opinión del grupo de universitarios que gobiernan las Casas de Altos Estudios.

Tras 25 años de política electoral de masas, estamos seguros de la importancia que implica reforzar la democracia atendiendo las decisiones de las mayorías para la formulación de las políticas de Estado: los temas universitarios no son la excepción. En este sentido es que el Estado y sus representantes de la elección popular, tiene que iniciar un debate profundo sobre la Planificación Universitaria Nacional y dicha cuestión no puede ser delegada a un grupo de Rectores. Asimismo, y tal cual lo expresamos en las “65 propuestas para refundar Otra Universidad”, (http://sociologia-tercermundo.blogspot.com) consideramos central para la calidad de la democracia y la vida de los habitantes de la comunidad, que los representantes de la políticas públicas municipales y provinciales, conjuntamente a los de la producción y el trabajo de cada región, ingresen al gobierno de las Universidades. En su defecto, se corre el riesgo de implementar dos democracias: una de elites universitarias “autogobernadas” y distantes de la gente; y otra de mayorías populares expresadas en gobiernos que no encuentran canales para relacionarse con la Universidad que les da la espalda. Esta separación puede promover corporaciones universitarias desentendidas de los problemas de la región de la cual forman parte y solamente con más democracia podemos superar este obstáculo.

lunes, 2 de junio de 2008

“Debemos hacer una autocrítica” (Página 12, 2 de junio de 2008)

El investigador mexicano señala que las universidades de América latina deberían revisar la manera en que han utilizado su autonomía y advierte que la formación de los estudiantes debe estar ligada a la problemática social.

Por Julián Bruschtein

“En Latinoamérica, las universidades no han sabido construir la autonomía que reclama en este momento la sociedad.” La afirmación, a modo de autocrítica, la hizo el mexicano Angel Díaz Barriga, investigador y especialista en educación superior, que pasó esta semana por Buenos Aires, invitado por la UBA y el gremio docente Aduba-Fedun.

–Usted plantea que las universidades de Latinoamérica tendrían que buscar una identidad en común. ¿Cuáles serían las características de esa identidad?

–La realidad latinoamericana es muy diferente a la del resto del mundo. La educación en América latina necesariamente se vincula con problemas sociales, no se puede hacer a un lado la problemática social porque emerge por todos lados. Por eso, cuando se plantea la identidad de la educación superior, tenemos que reconocer que los estudiantes tienen otras características y otras necesidades. Y reconocer además que la formación que les estamos dando tiene que darse frente a una realidad nacional que no se puede abstraer. En general, los estudiantes son de medio tiempo porque tienen que trabajar, invierten mucho dinero en su traslado, tienen muchas dificultades para el acceso a la bibliografía, que hoy es muy cara. Aquí hay una característica: mientras que en Estados Unidos se escandalizan si quieres fotocopiar un libro, en Latinoamérica si no fotocopias el texto, el estudiante no tiene acceso a la información.

–¿La autonomía también es un rasgo del sistema de educación superior de América Latina?

–He llegado a la conclusión de que el tema autonomía es un tema latinoamericano, porque sin dudas no es un tema que preocupe mucho a las universidades norteamericanas y europeas. De esta conclusión surge también que en Latinoamérica las universidades no han sabido construir la autonomía que reclama en este momento la sociedad. Uno podría entender el concepto de autonomía cuando la universidad se siente atacada o se siente desprotegida, vulnerada por la autoridad gubernamental. Desde las universidades no hemos sabido construir un concepto de autonomía en términos de ver sobre qué país se está apostando, sobre qué desarrollo de país estamos proyectando una formación de cuadros profesionales en áreas de conocimiento que nosotros sabemos que se necesita fortalecer. Por ejemplo, hay que buscar nuevas formas de energía, porque es indudable que por la crisis petrolera mundial la humanidad va a estar en un serio problema energético en 15 años. ¿Cuáles son las formas de energía alternativa o de energía renovable que tiene la Argentina en este momento? ¿Cómo la universidad puede empezar a formar –y debe empezar a formar– ingenieros, químicos, físicos, que estén trabajando sobre ese problema?

–Existe un debate sobre la autonomía en el que se plantea que aísla a las universidades...

–Es verdad que se utiliza defensivamente y no proactivamente. Ahí creo que debemos hacer una autocrítica todas la instituciones latinoamericanas porque finalmente le estamos exigiendo al Estado, y en el fondo le estamos exigiendo a la sociedad, que de los impuestos salgan los recursos para que la universidad funcione. Pero nada más nos arreglamos diciendo: “Sociedad, confía en que te estamos formando buenos profesionales”. O: “Sociedad, confía en que estoy haciendo buen uso de los recursos”. Esto es bueno e importante, pero también es insuficiente. Necesariamente hay que pasar a una fase proactiva.

–¿Hace falta una devolución mayor a la sociedad por parte de las universidades?

–Muchas veces los programas de calidad académica en las universidades no son tantos como se declama y se toca en forma tangencial el compromiso social que deben tener las universidades. El compromiso social debe incorporarse como debate en la región, ya que ese compromiso también significa una formación académica rigurosa. Pero también hay que formar en los estudiantes la idea de que adquieren un compromiso y una responsabilidad social.

–¿Qué cambios persisten de las sugerencias que los organismos financieros como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantearon en los sistemas de educación superior?

–Bueno, aquí también toca el tema de la responsabilidad social, porque los que estamos perdiendo responsabilidad ante la sociedad somos nosotros, los académicos, y eso tenemos que decirlo. Porque yo no puedo decir que el Banco Mundial es una blanca paloma, pero es que el BM solamente dio ideas, y fueron nuestros colegas los que fueron dándoles cuerpo a esas ideas. No hay que achacar todas las culpas de esta situación al neoliberalismo de los ’90.

–En el Congreso Regional de Educación Superior, que se realizará en Colombia la semana que viene, se intentará cerrar una posición en contra del pronunciamiento de la OMC, que calificó a la educación como un “bien transable”...

–No sé si se logrará parar esta idea. Primero, porque implicaría que los países desarrollados aceptaran que este pronunciamiento es realmente un peligro para ellos, y yo no veo que esto suceda. Pero sí estoy seguro de que el tema de ver la educación como un bien transable va a unir a América latina, porque estamos frente a un fenómeno de invasión.