Articular la tan repetida autonomía universitaria con las necesidades de las mayorías es para el sociólogo Aritz Recalde uno de los principales desafíos que deben enfrentar las instituciones de educación superior.
Para el sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), este debate no debe ocultarse tras los alcances del concepto de autonomía, ya que “creo que se puede conservar la autonomía en el cogobierno, pero se pueden empezar a tender puentes más sólidos con la sociedad que la financia”.
Una de las medidas más urgentes que plantea Recalde, y que recomienda sea incluida en la futura ley de educación universitaria, es la incorporación de un servicio social estudiantil obligatorio.
“Todos los estudiantes y graduados, como pasa en Brasil y en México, que tuvieran la suerte de formar parte del pequeño porcentaje de personas que va a la universidad, tendrían que hacer una práctica comunitaria obligatoria de 6 meses, rentada con un sueldo mínimo”, apunta el investigador.
Otra de los puentes necesarios para vincular a la universidad con la comunidad sería para Recalde la creación de consejos sociales permanentes. “Hoy no hay canales institucionales ni de vinculación concreta con las organizaciones sociales, económicas y culturales. Eso es democratizar el gobierno de la universidad, pero no por un estudiante más o un graduado más, sino con los 37 millones de argentinos que están afuera de ella”, señala el autor de “Universidad y liberación nacional”.
—¿Cree que este debate está presente en la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)?
—Ese es el problema. Hoy la universidad, en nombre de la autonomía, sostiene una corporación y el Estado nacional no tiene una política clara al respecto. La SPU avanzó en algunos programas interesantes como el de voluntariado y en el recorte de carreras prioritarias, pero me parece que tiene una política universitaria todavía floja. No hay un protagonismo del Estado para tratar de direccionar la inversión en educación superior. Hay logros pero aún no estamos al nivel de los desafíos que demanda el país.
Para el sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), este debate no debe ocultarse tras los alcances del concepto de autonomía, ya que “creo que se puede conservar la autonomía en el cogobierno, pero se pueden empezar a tender puentes más sólidos con la sociedad que la financia”.
Una de las medidas más urgentes que plantea Recalde, y que recomienda sea incluida en la futura ley de educación universitaria, es la incorporación de un servicio social estudiantil obligatorio.
“Todos los estudiantes y graduados, como pasa en Brasil y en México, que tuvieran la suerte de formar parte del pequeño porcentaje de personas que va a la universidad, tendrían que hacer una práctica comunitaria obligatoria de 6 meses, rentada con un sueldo mínimo”, apunta el investigador.
Otra de los puentes necesarios para vincular a la universidad con la comunidad sería para Recalde la creación de consejos sociales permanentes. “Hoy no hay canales institucionales ni de vinculación concreta con las organizaciones sociales, económicas y culturales. Eso es democratizar el gobierno de la universidad, pero no por un estudiante más o un graduado más, sino con los 37 millones de argentinos que están afuera de ella”, señala el autor de “Universidad y liberación nacional”.
—¿Cree que este debate está presente en la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU)?
—Ese es el problema. Hoy la universidad, en nombre de la autonomía, sostiene una corporación y el Estado nacional no tiene una política clara al respecto. La SPU avanzó en algunos programas interesantes como el de voluntariado y en el recorte de carreras prioritarias, pero me parece que tiene una política universitaria todavía floja. No hay un protagonismo del Estado para tratar de direccionar la inversión en educación superior. Hay logros pero aún no estamos al nivel de los desafíos que demanda el país.
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