Las zonceras sobre el debate de la Ley de Educación Superior, hacia una nueva LES (Julián Dércoli)

Por Julián Dércoli, estudiante de Historia, militante del Movimiento Universitario Evita (UBA)

La discusión sobre la Ley de Educación Superior y la acreditación de las carreras universitarias por medio de la CONEAU nos enfrenta a un sentido común instalado por las agrupaciones estudiantiles que vociferan consignas que por repetición y repetición parecieran ser ciertas, pero que no resisten el menor análisis cuando nos planteamos un debate sobre la educación que queremos y en vinculación con la realidad extramuros de la UBA. Así en este proceso se configura una polarización y cosificación que poco aporta ya que la LES menemista aparece como el mal, cosa en la cual coincidimos, pero se sostiene una presunta “autonomía” como el bien absoluto, no cuestionando así la universidad actual. Nosotros apostamos a discutir y transformar este sistema universitario de raíz, de la urgencia de esta tarea surgen las líneas que siguen

Es necesario una nueva Ley de Educación Superior, porque creemos que una nueva ley puede ser la condensación de todo lo que se ha avanzado en política universitaria del 2003 a la fecha, dentro de los cuales encontramos el aumento del financiamiento en educación y la apertura de 9 universidades nacionales que se plantean una nueva vinculación entre universidad y el territorio en el cual se circunscriben. También sabemos que una nueva Ley no alcanza por sí sola en terminar con el actual modelo autista de universidad, si no existe un verdadero movimiento nacional que sea capaz de construir la relación de fuerzas que permita sostener un proyecto de Educación Superior comprometido con la realidad política y social que le toca vivir.

Sin embargo, vemos como la gran mayoría de las agrupaciones estudiantiles se reduce a pensar consignas ya sea “NO a la CONEAU” o “Por una universidad al servicio del pueblo” que más allá de expresar buenas intenciones, o revelar un pesimismo frente a la vida misma, no son más que declamaciones abstractas en la medida que las mismas primero no logran representar al conjunto de los estudiantes, segundo, y más importante, en la medida que las mismas convierten la autonomía en un valor sacrosanto, reproduciendo así constantemente el viejo y agotado modelo liberal de educación superior caracterizado por su concepción elitista, de vanguardia y alejado de las necesidades reales de un proyecto de país para todos. El modelo de universidad “autónoma” propuesta por los liberales de izquierda y derecha pretende problematizar los textos; nosotros queremos textualizar los problemas de la comunidad, para lograr por medio de la acción conjunta resolverlos. Con orgullo podemos afirmar, que muchas universidades “nuevas” (que desde los claustros de la universidades prestigiosos se llaman de

segunda) se plantean desde el vamos otros objetivos, pero la UBA sigue bastante por detrás.

Y si la UBA sigue enclaustrada en sus discusiones internas, alguna responsabilidad nos toca a los estudiantes, como sujetos políticos. Humildemente creemos que mucho de lo que nos toca se remite a la ligereza con que se toman algunas discusiones y a la falta de un proyecto educativo que se anime a cuestionar el sustrato vanguardista y liberal de la Universidad, mientras que se lo defiende tal cual oponiéndose a todo en base a consignas revolucionarias. Aquí empieza el derrotero por una serie de argumentos de sentido común incuestionables, las zonceras universitarias como diría el viejo don Arturo Jauretche…

1) HAY QUE DEROGAR LA LES… y después ¿Qué hacemos? Allí empiezan los planteos negativos, a la cual se nos responderá “Nosotros queremos una universidad gratuita, de calidad, al servicio del pueblo”. En fin, como se dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo que estos muchachos y muchachas no quieren revelarnos es que simplemente más allá de alguna consigna no tienen ningún tipo de proyecto educativo y menos nacional. Pensemos, basta haber cursado alguna que otra materia para darse cuenta que las leyes no son todo, es decir, por más que se derogue o no la LES, no surgirá de ese acto otra Universidad. Allí comienza a demostrarse la influencia de las teorías liberales en los marxistas argentinos. Pensemos el caso de la UBA, la misma no está actualmente regida por la LES menemista (por un amparo presentado en los 90 por el rectorado), sin embargo, todos los males que dicen que provocan la LES los está padeciendo. Entonces en ¿Qué quedamos?

2) NO A LA CONEAU. Dentro de esta afirmación, o mejor dicho negación, se da por sentado que todos y todas tenemos idea de lo que es la CONEAU… nada más desmovilizante. Primero, se afirma falsamente que este organismo le da preponderancia a los intereses privados, cuando dentro de todos sus miembros hay 1 solo representante de las universidades privadas, mientras que el resto de los integrantes son 3 por diputados, 3 por senadores, 3 por las universidades públicas, 1 por el ministerio de educación y 1 por la asamblea nacional de educación.

Pero no basta con aquella mentira inicial, sino que ante esta composición denuncian: que por permitir la participación de representantes de la Cámara de Diputados, Senadores y del Ministerio, se viola la autonomía universitaria. Entonces pensemos que la tan mentada democratización planteada por el izquierdismo infantil excluye de las decisiones sobre la

universidad a personas que no sean universitarias. Empobrece a caso que participen miembros elegidos por el conjunto del pueblo sean senadores o diputados, nos caigan simpáticos o no, nosotros entendemos que de los gobiernos de la universidad deben participar también las organizaciones barriales, de trabajadores que estén en el territorio donde la universidad se inscribe, porque la universidad debe sin dudas no dedicarse y gobernarse a sí misma, sino que debe hacerlo también para una comunidad, la cual le da origen, sustento y fundamentalmente sentido. La universidad pública si no está en profunda conexión con los problemas de la comunidad se vuelve un ente sin sentido, ya que no se estudia para pensar y resolver problemas de el conjunto de los argentinos, sino que se estudia para el desarrollo individual de cada uno, así el carácter público pierde sentido.

3) AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: aquí nace la madre de todas las zonceras la defensa de la Autonomía. Para estos activistas se trata de que la universidad se cierre sobre sí misma, sobre sus mismas “camarillas” como les gusta decir. Es el vanguardismo a su máxima potencia. Así la autonomía se enfrenta a la democracia de masas, es por esta razón que es necesario preguntarse, ¿cómo quieren construir una universidad al servicio del pueblo, si sólo quieren cerrarse las decisiones de la universidad al mínimo grupo que accede a ellas?

Así, siguiendo a los preceptos de calaña liberal retrógrados podemos ver en sus afiches, que la autonomía permite preservar a la universidad de los cambios del poder político??? Es decir, tienen que protegerla del Estado? Esto podría ser válido en un contexto represivo, pero en un contexto de democracia, de qué estamos hablando?? Quizá dentro de un tiempo también los escuchemos afirmar que un estado que interviene en la economía está vulnerando los derechos individuales y de libre empresa.

4) LA ACREDITACIÓN. Dicen también que acreditar permite la privatización, el recorte del grado, y que los planes de estudio los defina el FMI. En esta ensalada hay que aprender a diferenciar; la acreditación es un proceso de normalización de contenidos mínimos, por ende la acreditación no recorta la carrera sino que fija pisos comunes para todas las universidades, una gran diferencia decir esto a afirmar el recorte, pero en la mente de nuestros “revolucionarios” la conspiración acecha día a día a la revolución proletaria inminente. Otro cuestión la acreditación iguala títulos de las privadas con las públicas y los profesorados, aquí no está en juego el prestigio personal del profesional del la UBA, no se trata de una cuestión individual, sino de garantizar que si una profesión afecta al público existan una serie de contenidos mínimos que se fijen como por ejemplo, para ser médico: todos

los médicos deben saber hacer una operación quirúrgica sean de una universidad privada o publica, por el simple hecho de que está en riesgo la salud de quienes no son médicos, hay que diferenciar esto del prestigio que se autoproclaman ciertas instituciones.

Con respecto a la intervención de corporaciones económicas, aquí hay que ser claros, el único poder capaz de enfrentar al poder económico concentrado, es el poder del pueblo en su conjunto. Este mismo no depende de una ley que lo sanciones sino de su construcción. Por eso, como vemos en la actualidad con la supuesta vigencia de la autonomía de la UBA y a pesar de no estar bajo el paragua de la LES gracias a un amparo, lo intereses privados se cuelan igual. Por ende creemos que lo que hay que construir es un proyecto educativo que en su vinculación con el pueblo pueda plantearse como alternativa al poder corporativo y no detenerse en los tecnicismos legales, como si ellos pudieran crear aquello que en la realidad no existe. Si la UBA no hace nada por el pueblo, es probable que al pueblo no le interese lo que pase con la UBA.

5) LA DEMOCRATIZACIÓN. Para nosotros la democratización no depende de poner un estudiante más en los órganos de cogobierno, sino que se trata por un lado de que el pueblo acceda a la universidad y que participe de sus decisiones. Por ejemplo, por medio de los consejos sociales, cosa que la LES “menemista” permite, pero que hasta ahora nadie reclama su aplicación, ya que las vanguardias científicas tienen que proteger el saber erudito del pueblo. O, por ejemplo, implementar un servicio social o voluntariado o algún tipo de práctica que articule la universidad con los problemas de la comunidad, sin embargo, nuestros eternos defensores del proletariado llamarían a eso trabajo precario. La universidad pública no es de los estudiantes y de los profesores, la universidad es de todo el pueblo que la financia.

Pareciera ser que la “crisis” de la UBA se trata más de una total ausencia de un sentido social, y no tanto de una cuestión algebraica de composición de órganos de cogobierno. Recordemos en la historia, pensemos en la actualidad latinomericana y veremos la autonomía universitaria y los “representantes estudiantiles” han estado en contra de Perón, están contra Chavez, están contra Cristina. Estos precedentes no pueden más que alertar que la defensa de intereses corporativos, en nombre del pueblo en abstracto, no conducen a estar construyendo la universidad del pueblo más allá de que se lo repita y se lo pinte infinitamente en todos lados.

Artículo publicado en la Revista Falta Envido N°1, agosto del 2011.

Mitos y realidades (Ernesto Villanueva *, Página 12, 27 de febrero de 2009)

Desde hace tiempo la discusión sobre la situación y el destino de la universidad no alcanza la profundidad que se merecen nuestras naciones. Hace poco más de un año, la Presidenta llamó a pergeñar una nueva ley de Educación Superior, tratando que nuestras instituciones se pusieran a tono con los cambios que están acaeciendo y, sin embargo, la movilización de pensamiento alrededor de esta cuestión presenta un conjunto de aristas con más interrogantes que respuestas. De ahí que los comentarios de Atilio Boron en la edición de Página/12 del 24 de febrero vienen a refrescar un espacio que todavía tiene más aridez que otra cosa.

En principio habría que poner algunos puntos de inicio. Casi ninguno de los grandes pensadores (Freud, Copérnico, Darwin, etcétera) que menciona Boron tuvieron espacio en la universidad. Marx, por supuesto, tampoco. En este sentido, no debemos comprar el mito acerca de una institución que se ubica más allá de los intereses humanos. Recordemos que la extraordinaria Reforma de Córdoba fue un efecto tardío de la revolución política que encarnaba la Unión Cívica Radical. Recordemos también que la denominada época de oro de la universidad (1955-1966) acompañó procesos políticos proscriptivos cuando no dictatoriales. Esto es: los males universitarios no surgen en los ’80 o con el neoliberalismo, ante un pasado impoluto.

Por lo demás, siempre hubo globalización en el mundo universitario. Antes el faro fue Francia, hoy son los EE.UU. Más aún: en el pasado, los modelos predominantes de universidades eran más acotados que en la actualidad. El esquema profesionalista y de funcionarios del Estado tuvo y tiene una preeminencia tal que tapó las tradiciones científicas y de investigación y sus efectos se extienden hasta el presente.

Por eso, a la hora de analizar las transformaciones que pretendemos para el mundo universitario, ha de hacerse una crítica muy fuerte de su historia para orientarnos más en el camino que queremos encarar.

Comparto que el pensamiento crítico es un bien escaso en nuestras universidades. Pero por tal no debemos entender que el mismo puede estar en un grupo de cientistas sociales, sino que debe ser un componente esencial de todos los estudiantes de educación superior. ¿Cómo es posible el pensamiento crítico si los alumnos de los primeros años tienen dificultades para resumir un texto, si no tienen conocimientos básicos de lógica, si se desconocen elementos centrales de nuestra historia? ¿De qué pensamiento crítico hablamos si todavía se mantiene el mito de la necesidad de una especialización temprana que, más que fragmentar el conocimiento, directamente lo banaliza?

Por lo demás, pensamiento crítico es también aquel que reconoce la realidad circundante, que no vive exclusivamente de los papers, que entiende en aquellas áreas disciplinarias pertinentes que ha de haber una articulación entre investigación y medio social, que no piensa que los temas centrales han de estar dados exclusivamente por los grandes centros mundiales de la educación superior, sino que se pregunta cómo América latina puede brindar su especificidad.

Pero, sin ser tan pretencioso, detengámonos un poco en el aspecto ético de nuestras instituciones. Escuchemos, por ejemplo, cómo algunos de los más ilustres profesores de Medicina hablan mal de los medicamentos genéricos, veamos en otros casos cómo hay una privatización de hecho de áreas de investigación y de docencia, analicemos el feudalismo clientelístico que se observa en cátedras elefantiásicas. En fin, es en la práctica cotidiana de la educación superior, en su pedagogía, en su didáctica, en sus planes de estudio, en la orientación de sus investigaciones, donde las posibilidades futuras de un verdadero pensamiento crítico están negadas.


* Sociólogo, profesor de la UBA y la UNQ.

¿Ley de educación superior o política nacional educativa? (Aritz Recalde)

Hay hoy más científicos vivos que en toda la historia previa de la humanidad, y disponen de recursos en cantidad más proporcional a su número. Con esos recursos adquieren aparatos y materiales maravillosos, asistentes bien entrenados, bibliografía completa y rápida. Disfrutan de gran prestigio y de sueldos nada despreciables. ¿Qué han producido con todas esas ventajas? toneladas de papers y muchos objetos, pero menos ideas que antes. Oscar Varsavsky

Entre los universitarios y miembros del Congreso nacional y de los ministerios, se estaá debatiendo la posibilidad de modificar la actual ley de educación superior (LES). La norma es del año 1995, a partir de lo cual, se la relaciona directamente con el proceso neoliberal y pareciere y sin excepciones, que esta última característica justifica que todos estén de acuerdo en derogarla. Este “anhelo reformador” es positivo, pero y valga la aclaración, dicho punto de partida no resuelve por si mismo ninguno de los desafíos que aquejan a la universidad y particularmente y cuestión que nos interesa, dicho énfasis en cambiar la LES no garantiza que la universidad cumpla las ansias de aquellos que la financian: el pueblo que en su mayoría no ingresa a los estudios superiores.

Dentro de la universidad y detrás de la modificación de la LES, hay y en una somera síntesis, tres posicionamientos sobre la necesidad y los alcances de su potencial reforma.

1- Por un lado, está la corriente política que llamaremos del reformismo conservador que es hija del alfonsinismo y de la transición democrática de 1983 y que cuenta con fuerte anclaje en los claustros docentes (UCR, PS, etc.), de graduados y de estudiantiles (FM, MNR, etc.-). El origen histórico e ideológico de esta corriente y pese sus menciones al año 1918, se remonta a la reivindicación del proyecto educativo de la dictadura de Eugenio Aramburu que derrocó a Juan Perón, que sancionó la existencia del gobierno tripartito y que enfrentó a las mayorías populares a las que proscribió del sistema de partidos y expulsó masivamente de las universidades. Su modelo cultural reposa en la reproducción del canon “cientificista” generado por autores europeos y norteamericanos. Dichas corrientes políticas y culturales quieren cambiar la LES con el objetivo “simbólico” de terminar con el “neoliberalismo” que y según estos, buscó coartar la autonomía y la gratuidad de la universidad. Su proyecto de LEY y a partir de aquí, es “negativo”: intenta que el Estado y la sociedad no intervengan en la política universitaria y que solamente la financien. Su justificación teórica es resguardar a la “ciencia autónoma” ante la irracionalidad de las mayorías, expresadas en organizaciones económicas y políticas o en el sistema de partidos. Gobierno tripartito, gratuidad y autonomía son sus lemas de campaña para la nueva ley.

2- Por otro lado, se ubica la corriente política y cultural universitaria que denominaremos y siguiendo una palabra de Arturo Jauretche, como reformismo mitromarxista . Dicha corriente política y cultural tiene un escaso desarrollo entre los docentes y los graduados y cuenta con una organización estudiantil de mayor envergadura relativa en algunas universidades (especialmente maoísta o trotskista). El origen histórico de esta corriente universitaria es la reivindicación de la fraseología de la reforma del año 1918 y de algunas corrientes políticas de izquierda de los sesenta y a partir de aquí, que hacen hincapié en el rol transformador de la juventud en la sociedad. Su propuesta se basa en derogar la LES “para terminar con el neoliberalismo” y mantener la autonomía de la cual y a diferencia del reformismo conservador, no creen, ya que ni en Rusia, ni en Cuba, ni menos aún en China, no existió, ni existe, ni existirá nada que se le parezca. Su modelo cultural se basa en la reproducción de las teóricas e interpretaciones de un conjunto de autores europeos y en algunos casos y excepcionalmente, asiáticos. A diferencia del reformismo conservador, la autonomía es vista como una táctica y no como una estrategia: hay que sostenerla para preparar las condiciones objetivas para la toma del poder obrero y la sanción del decreto que inaugure el socialismo. Son enemigas del Estado y de la democracia de partidos siempre que no ganen las elecciones, a partir de lo cual y ya que nunca triunfaron en una votación en la historia, sostienen a rajatabla el funcionamiento de la universidad corporativa distante del medio que la rodea. Democratización, gratuidad y autonomía son sus lemas para la nueva LES.

Ambas corrientes y como se puede ver, quieren derogar la LES y sancionar otra que coarte toda posibilidad de injerencia posible dentro de la universidad, tanto del Estado elegido por la democracia de partidos, como y asimismo, de la sociedad en general. Pese a que desarrollan distintas justificaciones doctrinarias, ambas tienen una concepción negativa y liberal para la nueva LES que tiene como objetivo garantizar que en las universidades no cambie nada para mantener sus lugares de privilegio. Ambas son profundamente elitistas y enemigas de las decisiones de las mayorías: una en nombre de la vanguardia científica y la otra, bajo la consigna de la vanguardia política, se autodenominan las únicas y legítimas detractoras de la planificación de la política y del uso del gasto educativo. A partir de aquí, sus consignas para otra LES son vagas y generalistas: autonomía, democratización, gobierno tripartito o gratuidad. Estas corrientes involucran los anhelos del 3,5% de los universitarios preocupados por seguir conduciendo la universidad sin importar la opinión de la democracia de masas y las organizaciones libres del pueblo.

3- Finalmente, existe una tercera corriente que vamos a llamar nacional y popular que nació en el año 1918 y que se expresó dentro del proyecto universitario y las tres leyes de los gobiernos de Juan Domingo Perón. Dicha corriente tiene un desarrollo escaso entre los docentes y graduados y cuenta con un crecimiento significativo en el claustro estudiantil. Su modelo cultural se basa en el reconocimiento de la existencia de un pensamiento nacional y latinoamericano cristalizado en la obra de intelectuales y de políticos de nuestro continente. Esta corriente se plantea que es importante cambiar la LES, pero que y particularmente, hay que desarrollar una política educativa desde la acción del Estado y a partir de la voluntad popular y las organizaciones libres del pueblo. Dentro de las propuestas para la nueva LES, esta corriente se centra en proponer mecanismos que permitan a la universidad contribuir a resolver las demandas económicas, sociales y culturales del país. El debate de la “democratización” entre docentes o estudiantes, deja lugar a otro que incluye la posibilidad o no, de que la investigación, la extensión y la enseñanza sean instrumentos para acompañar el desarrollo nacional y la emancipación del hombre argentino. La corriente nacional y popular no solo le pide al Estado que financie la universidad, sino que además, le exige a esta última que cumpla con su deber de acompañar el desarrollo nacional y regional a través de diferentes mecanismos como y por ejemplo: un gasto estratégico de su presupuesto; a partir de la promoción de carreras y planes de estudio prioritarios para cada región; a partir del planeamiento de investigaciones con pertinencia social y productiva; el fomento de las carreras ligadas a la industrialización; la difusión de los intelectuales defensores del patrimonio nacional; a partir del ingreso de la voz de la sociedad y el Estado en la universidad a partir de Consejos Sociales y la participación directa en el gobierno. Esta corriente, entre otras cuestiones, propone un servicio social obligatorio y federal para estudiantes y la obligatoriedad de que los docentes con dedicaciones exclusivas otorguen asesoramiento gratuito a la sociedad que los financia.

La corriente nacional y popular y como mostramos en una extrema síntesis, considera que la sanción de una LES es solo un aporte parcial al debate universitario. Este diagnostico nació tras un supuesto que sostiene que solamente una política de planificación universitaria que nazca desde el Estado y a través de la acción de las organizaciones libres del pueblo, puede articular directamente las necesidades sociales y económicas, con la producción científica y técnica.

A la corriente nacional y popular y para hacerle un tributo a su historia, le cave la pesada responsabilidad de vincular la educación superior al desarrollo nacional enfrentando las concepciones, que de derecha a izquierda, atan a la universidad al neocolonialismo. Esta corriente deberá revertir el diagnostico de Juan José Hernández Arregui que estableció que “la historia de la universidad es por eso, la historia de nuestra oligarquía. Con breves intervalos, esa oligarquía durante una centuria logró consolidar e imponer a la Nación su despotismo más o menos ilustrado. Esa universidad, sin ritmo, ni estilo peculiar, fue el medio más sutil del predominio espiritual del coloniaje”. El desafío es grande, pero el deber es impostergable y ya lo dijo Amílcar Herrera cuando estableció que “para los científicos del Tercer Mundo, la aplicación de la ciencia a la superación del subdesarrollo representa uno de los desafíos morales e intelectuales más grande de la historia.

Ciencia, autonomía y compromiso social (Ernesto Villanueva, Página 12, 1 de julio de 2008)

“La educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.” Así comienza la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe que se realizó en Cartagena de Indias. Y culmina con Gabriel García Márquez señalando que nos toca avanzar hacia “una nueva y arrasadora utopía... donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Con la participación de más de 3500 académicos, la Conferencia arribó a una serie de acuerdos que la posicionarán en la próxima Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco.

Como producto de reuniones en las que participaron casi todas las redes universitarias de la región, se elaboraron propuestas que, partiendo de la Reforma de Córdoba, se proponen la integración regional. Los supuestos para esas propuestas fueron la construcción de una sociedad más próspera y solidaria con un desarrollo humano integral sustentable; el cumplimiento de los Objetivos del Milenio; el valor de la diversidad humana y natural, el avance y la cohesión social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la lucha contra la pobreza, la prevención del cambio climático y la crisis energética y la promoción de una cultura de paz. La educación superior es considerada un derecho humano y bien público social. Los Estados deben garantizarla a través de las políticas de acceso y una formación que contribuya a la convivencia democrática y a una identidad continental, generando oportunidades para quienes no las tienen y que impulse a la trasformación social y productiva.

Las estructuras institucionales deben garantizar la formación del mayor número posible de personas. La integración de grupos minoritarios y vulnerables, la diversidad cultural; los nuevos mecanismos de apoyo público a los alumnos y modelos educativos que reviertan los bajos niveles de desempeño y el fracaso estudiantil; la calificación de los docentes; la flexibilidad curricular; la articulación entre los niveles de formación; la utilización de las nuevas tecnologías de información y la mejora del gobierno y la gestión de las universidades constituyen retos para la región.

La reivindicación del carácter humanista de la educación superior; el respeto y la defensa de los derechos humanos, incluyendo el combate contra toda forma de discriminación y opresión; el fortalecimiento del carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe; la mayor vinculación de la universidad con el desarrollo sostenible y la indagación de los problemas de sus contextos constituyeron valores destacados en el cuarto punto de la declaración.

Fueron subrayadas las redes académicas como corredores para unir y compartir el potencial científico y cultural, como interlocutores estratégicos ante los gobiernos y como protagonistas para articular las identidades locales y regionales.

La declaración cierra con el compromiso de construcción de un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (Enlaces), el cual debe formar parte de la agenda de los gobiernos y los organismos de carácter regional. Ello es básico para alcanzar niveles superiores que apunten a la integración regional: la profundización de su dimensión cultural; el desarrollo de fortalezas académicas que consoliden las perspectivas regionales; el aprovechamiento de los recursos humanos para crear sinergias regionales; la superación de brechas en la disponibilidad de conocimientos y capacidades; la consideración del saber desde el prisma del bienestar colectivo; y la creación de competencias para la conexión orgánica entre el conocimiento académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida social, con actitud humanista y responsabilidad intelectual.

A mi juicio, esta declaración combina acertadamente tres tendencias tradicionales de la educación superior pública de América latina. Aquella que hace hincapié en el desarrollo científico y tecnológico. Esa otra que se refugia en un concepto duro de la autonomía. Y, finalmente, una tercera que pone el acento en la necesidad de un fuerte compromiso de la universidad para con la sociedad.

Pues bien, los ejes centrales de la declaración articulan con acierto esas tres vertientes y constituyen un inmenso paso adelante dejando de lado visiones paralizantes para avanzar en propuestas que quizá no sean originales desde una perspectiva académica, pero que lo son y mucho a la hora de definiciones concretas por parte de las autoridades universitarias. Más aún, esta declaración tiene el valor de sintetizar experiencias diversas articulando de manera creativa las vertientes más “científicas”, las más “autonomistas” y las más “comprometidas socialmente”, en una combinación que seguramente será de mucho interés en la discusión para la próxima ley de educación superior en Argentina.

Entrevista a Adriana Puiggrós (Agencia Comunas)

La Argentina debe formar en las universidades a científicos y técnicos de alto nivel de especialización para encarar los desafíos del presente y futuro, y no puede obviar la presencia de un actor imprescindible como es el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, de reciente creación. Entre ambos, hay un eslabón perdido. De ello habla para COMUNAS la diputada nacional Adriana Puiggrós promotora del Foro de aportes a la nueva Ley de Educación Superior, que tendrá lugar el 8 de mayo en el Congreso de la Nación.

La diputada nacional Adriana Puiggrós, (FpV-PJ), Presidenta de la Comisión de educación en la Cámara Baja, manifestó su preocupación acerca de la necesidad de tener en cuenta al Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación productiva, como un actor principal en la nueva Ley de Educación Superior que se está debatiendo.

Consultada respecto al fundamento de ampliar el alcance de dicha Ley al ámbito científico, la diputada Puiggrós comentó a COMUNAS:

Hay una cuestión muy concreta: Por algo la Argentina tiene hoy un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, entonces hay un actor más que tiene que intervenir en la Ley de Educación Superior.

La otra cuestión es que la Educación Superior y la investigación científico-tecnológica deberían estar absolutamente ligadas, y en la Argentina lo que hay realmente es una ruptura de las instituciones, por eso hay que ligar y vincular.

Yo creo que en este momento debemos dar un paso más, porque cuando se hizo la Ley de Ciencia y Técnica a principios de este siglo, yo era Presidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica, y en ese momento en la Cámara lo que hicimos fue ordenar instituciones como la CNEA, el INTA, LA CONAE, etc., estaban desperdigados y se núcleo en lo que hoy es la base del Ministerio de Ciencia y Técnica, que fue creado por la Presidenta de la nación Cristina Kirchner.

A estas alturas hemos entendido que hay que avanzar en otro sentido, no es que no haya investigación básica, hace falta fortalecerla, pero no el academicismo, que es una cosa completamente distinta.

La investigación básica puede trabajar de acá hasta el año 3500, pero al mismo tiempo hace falta crear vinculaciones entre lo que se hace en investigación básica y lo que Paenza llamaba investigación aplicada y de transferencia de tecnologías.

SE PROFUNDIZA LA BRECHA

La certeza de que se está profundizando la brecha entre los grandes avances tecnológicos y la capacitación, fue una idea reafirmada también por la diputada Delia Bisutti en el marco de un intercambio sostenido en la Comisión de Ciencia y Técnica, con Adrián Paenza, académico y conductor de Programa televisivo quien compartió con los diputados de forma amena sus vivencias e impresiones sobre el contexto de la ciencia en el ámbito mundial y la forma en que la Argentina se puede ir insertando.

Trascendió la preocupación por la inexistencia de una estadística confiable sobre los principales problemas que afectan al país y que deben ser encarados por los científicos, y por la visión academicista que tiene la ciencia y no le permite ver las demandas concretas de la sociedad.

Inquietante resulta la cifra de más de 4 mil investigadores y tecnólogos argentinos que emigraron hacia el exterior en la denominada “fuga de cerebros”.

Ello motivó la pregunta del diputado Christian Gribaudo , quien preguntó qué hacer para que los jóvenes investigadores que hoy están afuera, puedan volver, ya que algunos pocos lo están haciendo, pero de manera desagregada. Y alertó que hay muchos estudiantes que se anotan en la universidad, sin saber a ciencia cierta, qué van a estudiar y peor aún, centros que investigan, sin saber el objetivo preciso.

La charla derivó hacia la calidad de la educción, que es deficiente, y requiere elevar primero que todo, la calidad de los institutos que forman a los educadores.

Paenza sugirió estudiar experiencias internacionales, entre las que citó Finlandia y Singapur, donde los educadores se caracterizan por su eleva preparación académica y docente.

DEBATE DE LA NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR

La diputada Puiggròs es autora de un Proyecto de Resolución por el cual solicita se convoque a la realización del foro 'Aportes para el debate. Hacia una nueva ley de Educación Superior', a realizarse el día 8 de mayo de 2008 en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la nación.

En el foro se espera que participen las autoridades educativas nacionales, responsables de las universidades nacionales y privadas, institutos de educación superior y organizaciones gremiales representativas del sector docente, no docente y estudiantil y especialistas e investigadores en educación superior.

Al expresar los fundamentos de esta iniciativa, La Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la nación, señaló:

“En el proceso de modernización y actualización de las leyes educativas de nuestro país, la Comisión de Educación de esta H. Cámara ha comenzado un trabajo de consulta y relevamiento de opiniones sobre la situación de la educación superior con motivo del dictado de una nueva ley de Educación Superior.

Dada la importancia del tema y puesto que compete al conjunto de la sociedad poder debatir, manifestar y acordar una ley que permita delinear las acciones políticas e institucionales, la Comisión de Educación ha tomado la decisión de propiciar un encuentro entre los legisladores y el conjunto de los actores vinculados al sistema de Educación Superior. Tanto a las universidades como a los Institutos de Educación Superior, al sistema Científico-Tecnológico, trabajadores docentes y no docentes, a través de sus representantes, estudiantes, graduados y profesores. También a la Sociedad en general, los empresarios, los sectores productivos, así como todo aquel que en forma colectiva o individual quisiera expresar su opinión y aportar su punto de vista, ante una temática estratégica para el desarrollo nacional.

El Foro ' es entonces una etapa en el proceso, que comprende reuniones sectoriales con los actores referidos, la difusión a través del sitio Web de la H. Cámara de Diputados de la Nación, de las actividades contempladas en el cronograma de consulta y los documentos y aportes de los sectores convocados, para hacer públicas las posiciones que se sostienen en el campo, difundiendo asimismo las iniciativas presentadas por la Honorable Cámara de Diputados y el Honorable Senado, al respecto. Del mismo modo se publicará una encuesta que permitirá relevar las opiniones de la Sociedad en general. Por último se llevará a cabo una Audiencia Pública en la búsqueda de consensos, para culminar con la ronda de consultas.

“Hay que terminar con el elitismo” (Página 12, 23 de marzo de 2008)

EL COLEGIO NACIONAL DE LA PLATA ESTA EN PLENO CAMBIO DE PLANES Y RECICLADO EDILICIO

“Hay que terminar con el elitismo”

El rector del colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, Gustavo Oliva, reivindica la necesidad de formar a los mejores alumnos sin apelar a un ingreso restrictivo y defiende la elección democrática de las autoridades.

El rector Gustavo Oliva frente a la escuela centenaria. La presidenta CFK inaugurará las nuevas obras.

Por Julián Bruschtein

El Colegio Nacional de La Plata está en el cambio. Desde el edificio hasta el plan de estudios se están remozando. En esta entrevista el rector del secundario preuniversitario, Gustavo Oliva, destaca su perfil “no elitista”, ya que no requiere un examen de ingreso, y hace un análisis de la situación por la que atraviesa la educación media. Mientras terminan las obras de reciclado del edificio, que inaugurará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la etapa por la que está pasando el colegio se caracteriza por la modernización de algunos aspectos organizativos, como que el edificio está cruzado por corredores temáticos (Ciencias Exactas, Educación Física, entre otros), a los que los alumnos tienen que acudir en el horario que les corresponda, para que “se vayan haciendo a la idea de lo que es la universidad”.

–Usted plantea una modernización del sistema educativo. ¿Dónde están los mayores problemas?

–En Argentina es hora de producir cambios en las escuelas porque estamos viviendo un tiempo que nos lo exige. A mí me tocó ser funcionario de la provincia de Buenos Aires entre el ’88 y el ’91, y había una situación de crisis total: pagábamos desdoblado, después tuvimos 45 monedas diferentes en el país, fue un proceso de ruptura que la escuela en general lo vivió, porque la crisis no se queda afuera, el padre sin laburo también entra a la escuela a través de sus hijos. Lo que sucede es que es injustificable que después de casi 27 años de democracia todavía tuviéramos el plan de estudios de 1977 en el Colegio Nacional. Esto tiene que ver con una cultura docente que también existe, que subyace, que le tiene temor a sumarse a lo nuevo.

–¿A qué se refiere con “lo nuevo”?

–Cuando nosotros decimos que podemos llegar a la telefonía celular desde la matemática trigonométrica estamos abordando desde otro lugar la materia, que la hace más interesante para los chicos. Esto lleva aparejada la idea de innovación, en la que se tiene que observar qué es lo que sucede cuando se le ofrece al estudiante este tipo de propuestas. Por ejemplo, cuando llega a quinto y sexto año y se le presentan otras proposiciones, como elegir sus materias con un sistema de créditos. A esto hay que acompañarlo con una cuestión curricular que tiene que compensar las nuevas necesidades, porque no puede ser que un joven conozca solamente seis o siete carreras universitarias, cuando por ejemplo la Universidad de La Plata tiene 243 títulos de grado.

–¿De qué forma se estimula la orientación hacia esas otras disciplinas?

–Hace falta empezar a mirar cuestiones más concretas, como por ejemplo el Astillero Río Santiago, para que los chicos vean cómo se hace un barco, o en YPF ir a ver una destilería petroquímica. Incluso tenemos una Facultad de Ingeniería Aeronáutica que está funcionando a metros del colegio y los chicos por ahí ni la conocen, culpa de la desvinculación dentro del propio campus universitario. También tenemos un sistema de pasantías preuniversitarias en el que los alumnos van a las universidades, ingresan a algunas cátedras, miran, revisan, investigan, analizan, producen. La idea es vincular estrechamente al colegio con el grado superior, aunque debo reconocer que no es fácil.

–Usted comentaba que el programa vigente era el de 1977. ¿Qué ejes trabajan hoy en día?

–El tema de la memoria es muy importante. A lo largo de estos años se fue poniendo a las aulas los nombres de los alumnos y docentes de-saparecidos durante la dictadura militar, que de este colegio fueron 96. También se está terminando el Paseo de la Memoria, al frente de la entrada, y tenemos el edificio Combatientes de Malvinas. Se trabaja hoy con la idea de que los chicos tienen una externalidad permanente, entonces a veces cuando algunos profesores dicen que no prestan atención, lo que proponemos es trabajar mucho sobre las cosas a las que los chicos sí les prestan atención si queremos una escuela inclusiva y de calidad. Tratamos de no desbalancear las distintas temáticas.

–Hay quienes indican que la nueva ley de Educación Superior debería contener a los colegios preuniversitarios ¿Cuál es su posición?

–Los colegios universitarios tienen razón de ser en tanto y en cuanto tengan una impronta de investigación y de transferencia. Si esto va a ocurrir, me parece fantástico que a los colegios nos incluyan en la futura ley. Hay que atender que la génesis de estos colegios es la transferencia, así por supuesto que tienen que estar contemplados en la LES. Pero si van a ser colegios de elite, no nos interesa ni estar en el estatuto, porque para colegios de elite tenemos muchos y privados. Pero los colegios preuniversitarios deben tener una impronta pública, para todo el público, porque si no se reproduce un sistema de inequidad. Es decir que nosotros tenemos que formar los mejores alumnos, pero antes tenemos que permitir que ingresen. Hay que terminar con el elitismo en la escuela pública.

–Los alumnos del Pellegrini reclaman democratizar los espacios de decisión. ¿Usted está de acuerdo?

–Nosotros vamos hacia la creación del Consejo de Escuela, cada uno puede protagonizar desde el rol que tiene. Lo que no puede ser es que a los colegios de Capital les sigan poniendo los rectores por la ventana. Porque sabemos también que hay una cantidad de acuerdos políticos con grandes operaciones políticas detrás para designar autoridades. Acá se hace a través de la presentación de proyectos, por concurso de oposición y antecedentes y por la votación de los docentes. La participación de los chicos en el Consejo es importante, porque hay que prepararlos para la vida democrática. El problema es cuando se mezclan las cuestiones ideológicas con las partidarias, porque lo importante es no partidizar ni por izquierda ni por derecha. Si los chicos a los 18 años eligen presidente y representantes, por qué no van a opinar sobre un plan de estudio.

“La autonomía no se debe confundir con soberanía” (Página 12, 11 de septiembre de 2007)

El diputado Cantero Gutiérrez explica su proyecto para reemplazar la Ley de Educación Superior. Propone eliminar el arancelamiento y vincular la universidad con las necesidades nacionales.

Por Julián Bruschtein

El debate para modificar o reemplazar a la actual Ley de Educación Superior (LES) ya incluye propuestas de diferentes actores e instituciones del sistema universitario. En la Cámara de Diputados, el peronista Alberto Cantero Gutiérrez (FpV), ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ex presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presentó un proyecto en el que “se prohíbe lisa y llanamente el arancelamiento de las universidades nacionales”, se destina el 6 por ciento del presupuesto nacional al sistema universitario y se vincula a las casas de estudios con las necesidades del país, mediante un marco normativo “menos reglamentarista” que el vigente.

–La gratuidad de las carreras de grado fue vulnerada por la ley vigente: ¿está contemplada en su propuesta?

–Esta ley plantea la derogación de la anterior. Por supuesto que la educación debe ser gratuita, está perfectamente claro en el proyecto, lisa y llanamente se prohíbe el arancelamiento en las universidades estatales. Pero el estudiante debe responder a la gratuidad de la enseñanza asumiendo su comportamiento académico, porque la universidad tiene que ser gratuita, pero no gratarola. Si se están usando fondos públicos para garantizar que los jóvenes no sean discriminados por falta de recursos, la contraparte es que tengan rendimientos académicos acordes con la posibilidad que se les brinda.

–¿Su proyecto modifica el marco ideológico inherente a la LES?

–Una universidad nacional siempre tiene que generar un conocimiento y una propuesta comprometida con el desarrollo del país. Fundamentalmente, ponemos la educación superior como la herramienta central que tenemos: la inteligencia al servicio del desarrollo. Antes no era así, se la veía como un insumo profesional con un concepto mercantilista y ahora la proponemos como una inversión estratégica donde reconocemos que la inteligencia que necesita el país está en las universidades. Por eso las financiamos y les pedimos que se integren a la sociedad y al país. Por ejemplo, en la ley se plantea que en cinco años las universidades se pongan a combatir el analfabetismo. Es un ida y vuelta.

–¿Cómo sería la regulación del sistema de las universidades?

–En el proyecto se plantea un artículo con disposiciones transitorias, en donde se debe hacer un acuerdo a cinco años entre el Ministerio de Educación y todo el sistema universitario para su aplicación, que permita su transformación en relación con las necesidades del país. En ese lapso se caminará hasta llegar a ligar un seis por ciento del presupuesto nacional para el sistema de educación superior. Planteamos que por cada dos millones de pesos que tiene la institución debe comprometerse a entregar a los gobiernos con los que se relacione un programa de desarrollo educativo, académico, etc., que le sirva a la comunidad con la que interactúa. Las universidades se tienen que comprometer a graduar no menos del 50 por ciento de los jóvenes que reciben.

–En cuanto a las formas de elección de autoridades, ¿qué método propone?

–Desde el punto de vista de la organización interna planteamos que los mecanismos de elección sean directos y participen los cuatro actores: docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Pero tiene que haber un nivel de ponderación que asegure el 50 por ciento de la representación para los docentes. Si queremos formar ciudadanos responsables, participativos y solidarios, tenemos que crear estructuras que reflejen estos conceptos. Pero también se plantea la carrera docente, a la que se ingresará por concursos de oposición y antecedentes, pero se mantiene la estabilidad en el cargo a través de un informe anual de desempeño y su avance en capacitación, investigación, etcétera.

–¿Qué se haría con la polémica Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau)?

–A la Coneau le cambiamos la orientación. En la ley se consolida la autonomía, pero la autonomía no debe confundirse con soberanía. En ese marco planteamos la autoevaluación en el marco de la autonomía y la evaluación a cargo de la sociedad. Pero cambiamos conceptualmente lo que se evalúa: los planes de desarrollo estratégico que tiene cada institución universitaria, que deben hacerse en el marco de los lineamientos que dé el Consejo de Universidades que conduce el Ministerio de Educación. Cada universidad tendrá las necesidades particulares de cada región, en el marco de autonomía que se garantiza, pero cumpliéndolo. Lo que se evalúa es cómo se va cumpliendo ese plan de desarrollo. Creemos que a partir de la jerarquización del CIN y de los consejos regionales se puede generar una mayor integración de las universidades en el desarrollo del país. El tema de las consultorías por ejemplo. Muchas veces tenemos grandes inversiones orientadas por excelentes consultorías, pero que están vinculadas conceptualmente al negocio financiero transnacional y no a la necesidad de desarrollo integrado del país.

Algunos ejes para formular otra Ley de Educación Superior (Aritz Recalde, julio 2007)

La universidad argentina actualmente esta jaqueada en una encrucijada: una corporación “docente estudiantil” y en un doble juego de pinzas, presiona a la casa de altos estudios para mantener su desconexión respecto de los problemas de las mayorías de los habitantes que la financian con sus impuestos. ¿Cuál es la encrucijada que queremos marcar?: al sistema universitario nacional que implica una inversión que ronda los 5 mil millones de pesos de fondos del Estado y que usted mantiene junto a la totalidad de los argentinos con sus impuestos, la gobiernan la representación de 3 al 4 % de la clase media (1) desconociendo, en muchos casos, sus necesidades y las del resto del país.

En este momento la universidad sufre una crisis de representación y valga la aclaración, dicho problema no se refiere solamente a la posibilidad de que ingresen un estudiante o un graduado más o menos en el gobierno de la isla democrática, sino que en realidad, el único actor verdaderamente ajeno a la hora de desarrollar la política de investigaciones o de formación de los programas, es la sociedad en su conjunto. La problemática universitaria y tomando distancia del “discurso oficial” de muchas agrupaciones estudiantiles y/o docentes reformistas, excede el mero ámbito de la distribución de poder entre los actores internos de la casa de altos estudios.

La universidad jaqueada entre dos pinzas trascurre, por un lado, entre la presión de una corporación de seudo izquierda de ideología mitromarxista, libresca, extranjerizante, autodenominada reformista, retorcida en su lenguaje e incomprensible para la mayoría de los argentinos, que por eso son definidos por la corporación y pese a que no lo planteen directamente, por su “ignorancia” y por ser inmunes a tan elevados planteos sobre el deber ser de la historia y la lucha de clases. Estas corrientes de militantes, generalmente aglutinados en agrupaciones estudiantiles reformistas o autoproclamadas revolucionarias, con denominaciones de nombres y autores casi sin excepciones extranjeros y mientras trascurren en acalorados debates sobre el ser y la filosofía, preparan la antesala de un excéntrico socialismo, que lamentablemente y a lo largo de casi dos siglos de historia, no cuenta con el sujeto histórico entre los argentinos nativos, y que por eso son definidos como “maleables al poder” y los “aparatos” de la “partidocracia burguesa” (2).

Esta juventud que no por idealista deja de estar desfasada del país, establece que la supuesta irracionalidad de las masas hace incompatible la articulación de las elecciones del sistema de partidos y la política pública general, con las acciones en la universidad. A partir de aquí, que su casi única y reiterada propuesta para formular otra enseñanza superior, sea defender a toda costa la “autonomía autista”, a la espera que en el exterior del recinto de la isla democrática, se generen las condiciones estructurales para que las mayorías asimilen su formula científica de socialismo. Los más osados a lo sumo, se dedican a “reclutar” militantes bajo la estrategia del comité central y a preparar “teóricamente” a su juventud a la espera de que el “proletariado” los proclame como vanguardia. La izquierda mitromarxista que no tiene política de masas defiende el último eslabón que le queda para usufructuar los recursos públicos, incluso a costa de mantener la desconexión y en algunos casos, declarada corrupción, de la universidad actual. Más autonomía, triplicación de presupuesto, mayor representación estudiantil o elección directa, es su “proyecto” de universidad para el país de estos grupos.

La otra pinza que ajusta la encrucijada universitaria, se define como “progresista o positivista”, en un teórico amplio espectro ideológico, que más allá de sus matices, que se supondría serían contradictorios, comparte el mismo sentimiento de desconfianza, en algunos casos declarado desprecio, a la democracia de masas (3) y a partir de aquí, que sean también unos fervientes defensores de la “autonomía autista” respecto de las propuestas y problemas nacionales. Esta segunda pinza que aprieta fuerte sobre toda posibilidad de democratizar la universidad en su único sentido real o sea, en relación a las necesidades de los 38 millones de argentinos, se ubica, generalmente, en los claustros profesorales, de graduados y en algunas agrupaciones estudiantiles, en su mayoría, de tradición radical. Su “proyecto de universidad” versa en un complejo discurso sobre la necesidad de diferenciar la excelencia académica y los ámbitos de formulación de “la ciencia”, del resto del sistema institucional: sus consignas giran en torno de mayor autonomía, de un no a las auditorias, de una convocatoria a la derogación de la CONEAU y los más osados, hacen un llamado a la consumación del claustro único docente.

Mientras tanto el país sigue preso del capital extranjero y el conjunto de los argentinos, muchos de ellos en la indigencia, están ajenos, tanto de las aulas ya que los pobres no van a la universidad, como en las cátedras universitarias.

Esta corporación de docentes y alumnos tiene como objetivo último mantener el status actual de los grupos de poder de la universidad: unos, a la espera de las condiciones “objetivas” para el socialismo de matriz europea; los otros, para garantizar los ámbitos de la excelencia académica. De izquierda a derecha en lo discursivo, colonial en los hechos, es la realidad y la práctica de muchos de los empleados del Estado (docentes) y de los depositarios del gasto público (alumnos y graduados) de las universidades nacionales. Hay excepciones, claro y por suerte para el país. Estas actitudes, generalmente aggiornadas de discursos positivistas o de “izquierda”, tienen en común y más allá de la retórica, su práctica colonial y generalmente y a partir de aquí, antipopular.

Es por eso, que sus propuestas hacen hincapié, casi sin excepciones, en temas de la misma universidad: mayor o menor representación para los estudiantes, claustro único docente y la lista sigue. Con este objetivo y paradójicamente ya que dicen que quieren “cambios”, a la hora de discutir la reforma de la LES su discurso se torna tautológico y enarbola dos de las consignas, prácticamente, incuestionadas desde hace cincuenta años y que además, tienen sanción constitucional (4): parte de las agrupaciones estudiantiles y muchos profesores lo único que tienen para decir a la hora de plantear otra ley es “autonomía” y “gratuidad”.

Los objetivos de nuestro proyecto y a diferencia de las complejas disquisiciones reformistas y positivistas, es simple: la universidad es de quien la financia o sea de pueblo y el pueblo elige sus representantes, buenos o malos, pero suyos al fin y estos tienen que ser escuchados en la reforma de la LES. Es por eso, que la comunidad no necesita de una “isla democrática” de clase media que los interpele desde la “ciencia” y de verdades “de libro” a la hora de esquematizar las reformas, sino que por el contrario, a la universidad debe ingresar el pueblo desde sus representantes, ya sea desde la articulación con las políticas públicas o desde las mediaciones de las organizaciones económicas, sociales y políticas mencionadas más arriba.

La propuesta para otra universidad que hacemos parte primero por eso, de plantear que el Estado desde la Secretaria de Política Universitaria debe tener una política universitaria protagónica, más allá de lo que ocurra en cada facultad o concejo y este tema no se resuelve en el marco de la LES. Es una decisión política y un deber del gobierno actual y de las organizaciones nacionales exigirlo.

El segundo paso, implica reformular el marco institucional para que el pueblo y sus organizaciones ingresen a la universidad y desde aquí, que hay que avanzar en la formulación de otra LES, pero sin suponer por ello, que este marco legal es el “culpable” de la desconexión universitaria (5).

Nuestra propuesta para formular otra LES ya la expresamos en textos anteriores (6). A partir de aquí, que en adelante solo vamos a mencionar algunos elementos para introducir en el debate de potenciales reformas para vincular la universidad a la sociedad, eje central de la crisis universitaria actual.

Algunas medidas:

Se podría establecer un servicio social obligatorio para egresados y prácticas comunitarias obligatorias para estudiantes. Se podría desarrollar una “Secretaria de Planificación Económico Social” (7) en todas las universidades. Se podría sumar al promedio el 0,20 % al estudiante que participe en proyectos de extensión. Se debería promover la participación con voz y voto en los concejos de la “sociedad” que financia la universidad. Se debería implementar un voluntariado comunitario permanente. Se podría implementar un presupuesto participativo en centros de fotocopiado y buffet y por último, debería institucionalizarse una vinculación directa entre el CONICET y los proyectos de investigación de la universidad, con los programas ministeriales.

La universidad es de la sociedad y es a partir de este supuesto insoslayable, que el rol histórico de las agrupaciones de estudiantes y docentes es articularse con las políticas públicas y la acción de las organizaciones libres del pueblo. Mirar al país y no al extranjero y actuar por la argentina que sufre, debatiendo de manera conjunta con sus organizaciones, debería ser el camino. Esta acción implica previamente, superar las agendas y disputas sectoriales de la isla democrática, que no por importantes, son las únicas a tener en cuenta.

La sociedad argentina necesita protagonismo estudiantil y no una “vanguardia que proteja sus intereses en la isla democrática”. Los desarrapados de la sociedad argentina necesitan docentes comprometidos con los problemas nacionales y no una institución que conserve la “ciencia de la supuesta manipulación del poder”. Si la autonomía universitaria es sinónimo de protagonismo juvenil para la liberación nacional, bienvenida. Ahora bien, si solamente implica un plateo retórico para mantener la desconexión actual de las casas de altos estudios con los problemas nacionales, el pueblo y a su debido tiempo, llegará a la puerta de la universidad y cumplirá aquel precepto de que “mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”.

(1) En el año 2005 había 1.265.674 alumnos de carreras de pregrado y grado y 143.804 docentes. A este dato debe sumarle los graduados empadronados y establecer sus propias conclusiones y por si le queda alguna duda, de quién conforma el “cogobierno”. Datos de la Secretaría de Política Universitaria, Anuario 2005 de Estadísticas Universitarias.
(2) Entre la juventud reformista existe un marcado desprecio por las instituciones y funcionarios elegidos en la democracia de masas. Dicha matriz dogmática y generalmente vacía de contenido, puede rastrearse en sus verborragias consignas por la derogación de todo lo que suene a “Estado de clase” elegido por la mayoría: derogar la LES del congreso, la CONEAU, los incentivos, las competencias de la Secretaría de Políticas Universitarias, las evaluaciones externas, las facultades del congreso nacional, etc. Parte de esta juventud y con un planteo similar al actual, apoyaría el golpe contra Irigoyen en 1930, contra Perón en 1955, contra Illia en 1966 y actualmente esta enfrentada a Kirchner a quien caracteriza como responsable de “los presos políticos, la pobreza y la alineación con el imperialismo norteamericano”.
(3) Los ciudadanos eligen a sus representantes, por lo menos, cada dos años y éstos ejercen la voluntad delegada a través de las políticas de gobierno. Denominaremos a esta dimensión como “políticas públicas”. Asimismo, el conjunto de los actores sociales, económicos, políticos y culturales de la región eligen sus legítimas representaciones: ya sea, desde Federaciones de Trabajadores desocupados, Sindicatos de ocupados del agro, la industria, los servicios o el mismo Estado, hasta las organizaciones empresarias e instituciones culturales de la región. Ambos son prácticamente desconocidos en el debate sobre otra LES.
(4) El termino “autonomía” aparece por primera vez en la legislación universitaria nacional en el artículo 1 de la ley 13.031 de año 1947. La constitución del año 1949 introduce la “autonomía” para las universidades en el artículo 37, Inc. IV, 4. La constitución nacional del año 1994 en el artículo 75, Inc. 20 menciona la autonomía universitaria y la gratuidad de la educación estatal. Gratuidad: el decreto 29.337/49 suspende el cobro de aranceles universitarios y el decreto 4.493/52 lo ratifica.
(5) La LES actual tan “cuestionada” por grupos universitarios - en general, creemos, sin saber que se dice más allá de establecer que es “un símbolo del noventa”- permite crear concejos sociales; desarrolla la noción de concejos regionales de planificación universitaria; permite implementar la elección directa de autoridades; auspicia la participación con voz y voto de los no docentes y habilita implementar el “claustro único docente”. En definitiva y paradójicamente, esta LES que se quiere derogar y en los hechos, permite ejecutar gran parte de los planteos de sus militantes detractores.
(6) http://www.isepci.org.ar/aritzles.ppt
(7) Ver organigrama propuesto: http://www.isepci.org.ar/dossieraritznvoestatuto.htm

Universidad y Proyecto Transformador * (Horacio Bouchoux)

LA UNIVERSIDAD ARGENTINA EN LOS MOMENTOS DE AVANCE DE LOS SECTORES POPULARES

La Universidad Argentina ha pasado por diversos modelos que han sido fruto de la disputa constante entre proyectos antagónicos. En ese sentido, pretender entender o analizar las discusiones que se dieron en el seno de la Universidad aisladamente de las confrontaciones más generales de cada contexto histórico, es una falacia. Porque incluso las discusiones que parecieran ser más “hacia el adentro” de la universidad, encierran formas de entender el conocimiento y su utilidad que estuvieron siempre íntimamente ligadas con modelos de desarrollo, de distribución de los recursos materiales y simbólicos y de definiciones de ciudadanía que trascendieron ampliamente los claustros de las casas de estudios.

Vamos a centrarnos en el análisis del papel jugado por la universidad en otros momentos de nuestra historia con características similares a la actual en lo que respecta a las relaciones de fuerza entre el campo del pueblo y el de los sectores oligárquicos constituidos en poder hasta entonces. Sin intentar trazar paralelismos forzados, esta comparación puede servir como punto de referencia respecto de las distintas posiciones que puede tomar la universidad de cara al proceso actual. Los ejemplos en nuestro pasado no son tantos, así como tampoco son tantos los momentos de avance de los sectores populares en el siglo que expiró.

Comencemos por la universidad del primer radicalismo, por la universidad que parió la Reforma del 18. En ese momento, en un contexto de ampliación de ciudadanía, de incorporación de los sectores medios e inmigrantes a la vida política, la universidad de la Reforma fue un ariete de los actores sociales que desde el llano pugnaban por una distribución más equitativa del poder, fundamentalmente del poder político. Si bien es posible encontrar aristas contradictorias dentro del propio ideario reformista, sería una necedad no reconocer el inmenso avance que implicó para la universidad argentina y latinoamericana y para el conjunto de la sociedad de ese momento la Reforma del 18. J. J. Hernández Arregui así lo entiende y es muy claro en su reivindicación de la misma: los primeros visos de nacionalización de los sectores medios hay que identificarlos en los jóvenes que combatieron de manera frontal contra una concepción del conocimiento elitista, contra un escolasticismo anacrónico y por la democratización de una institución hasta entonces claramente oligárquica.

Entonces es posible sostener que en el primer intento serio de avance de los sectores populares (que tuvo su expresión política en el radicalismo yrigoyenista) la universidad acompañó este avance y fue parte fundante del mismo. Y esto, más allá de las reivindicaciones huecas que a la distancia suelen hacer de este proceso quienes con posterioridad se colocaron de la vereda contraria a la de los intereses de las mayorías, porque la Reforma universitaria no sólo fue la retórica del autonomismo respecto de los gobiernos, sino, fundamentalmente, una profunda discusión respecto de qué tipo de conocimiento se debía impartir desde los claustros y de cuál debía ser la distribución de ese conocimiento en una sociedad que quería ser democrática.

El segundo gran momento de avance de los sectores populares fue el primer peronismo. La universidad se colocó en la vereda de quienes pretendían mantener el “statu-quo” y se resistían a la incorporación de los más humildes a la discusión por el poder político y económico. Las causas de este divorcio entre universidad y sectores populares son variadas, pero a grandes rasgos es posible decir que hubo una inmensa incomprensión de este nuevo momento de expansión de ciudadanía y que los sectores medios en su conjunto hicieron la apuesta equivocada respecto de sus propios intereses de mediano y largo plazo. Cuando el eje del desarrollo nacional se corría desde la tradicional producción de materias primas hacia un modelo de sustitución de importaciones, industrialización autónoma y distribución de la riqueza, una universidad centrada en la reproducción de profesionales liberales se resistía a ponerse en cuestión a sí misma y prefería cuestionar el nuevo orden propuesto.

Por último, entre mediados de las décadas del 60 y 70, en el último gran momento de apogeo de masas de la historia reciente, se dio lo que muchos han llamado “nacionalización de los sectores medios” y que tuvo su eje, justamente, en la universidad. Decenas de miles de estudiantes universitarios, muchos de ellos hijos de los mismos que unos años atrás habían votado a la Unión Democrática o habían festejado la caída del “tirano”, se incorporaban ahora a la política con una retórica plagada de reminiscencias del discurso del primer peronismo, incluso en los casos en los que se lo seguía mirando con desconfianza: desde la izquierda marxista hasta la Juventud Radical hablaban de “Liberación Nacional”.

Las autodenominadas “cátedras nacionales” fueron uno de los primeros intentos de poner sobre el tapete discusiones que estaban ausentes de los claustros, en un proceso que culminó con la gestión de Rodolfo Puiggrós (un marxista devenido peronista, todo un símbolo de la época) como Rector de la Universidad de Buenos Aires.

Está claro que en ese momento la universidad no sólo acompañó, sino que fue uno de los pilares de este avance de los sectores populares. La ley universitaria aprobada a principios de 1974 es muy aleccionadora respecto de qué concepciones del conocimiento se encontraban en pugna en ese momento. Las discusiones que atravesaban los claustros daban cuenta de la inmensa conciencia que tenían los actores políticos de la inescindibilidad de las discusiones académicas respecto de las políticas más globales, así como también de que cualquier proyecto que se pretendiera transformador en el largo plazo, debía incorporar como tema central del mismo una profunda transformación de la institución universitaria.

En este proceso ningún sector acotaba la discusión a la cuestión jurídico-legislativa ni a la estrictamente académica. El debate sobre un nuevo orden implicaba discutir qué universidad debía ser parte constitutiva del mismo, y por consiguiente se pusieron en tela de juicio desde los contenidos hasta las formas pedagógicas, desde conceptos aparentemente asépticos como el de “extensión universitaria” hasta las formas de gobierno. En suma, en un país en el que todo estaba en discusión, la universidad era discutida tanto en lo referente a su rol en el proceso histórico global como en lo concerniente a su funcionamiento interno.

Por último, con el retorno democrático de 1983 hubo un avance que se vio reflejado en una amplia participación estudiantil, aunque acotada por las limitaciones políticas e ideológicas de los actores que la encarnaron mayoritariamente. Eso sin lugar a dudas fue un reflejo de las limitaciones que tuvo en su conjunto la reapertura democrática encabezada por el alfonsinismo en tanto que (si bien fue un claro avance en muchos sentidos) legitimó en términos ideológicos el “statu-quo” impuesto a sangre y fuego por la dictadura. En ese sentido, en la Universidad, la validación de los concursos docentes realizados durante el proceso puede servir como metáfora de esa legitimación.


LA UNIVERSIDAD COMO ESCENARIO DE DISPUTA ENTRE DOS PROYECTOS DE PAÍS

Como ya señalamos, asistimos hoy a un momento de retroceso de los sectores oligárquicos y reaccionarios en el conjunto de Latinoamérica. Los gobiernos de Chávez, Kirchner y Tabaré Vazquez e incluso el de Lula, son una clara muestra de que las relaciones de fuerza han cambiado. Pero la historia nos enseña que la contraofensiva de aquellos que quieren que todo siga igual no se hará esperar. Se avecinan momentos duros, de intentos de desestabilización de los gobiernos democráticos, de fuerte polarización de la sociedad. Es previsible entonces que los sectores medios sean visualizados como aquellos que puedan torcer la balanza entre dos proyectos de país antagónicos. Entonces, es previsible que la universidad se transforme en uno de los principales escenarios de disputa.

En ese marco, discutir hoy la universidad es una necesidad imperiosa de aquellos que pretendan profundizar un proceso de transformaciones de fondo en nuestra región. Pero esta discusión puede tornarse engañosa y ser funcional a los sectores oligárquicos si se pone el eje de la discusión en cuestiones instrumentales y no se enmarca el debate como parte de discusiones más de fondo respecto de modelos de desarrollo y distribución de los bienes materiales y simbólicos, de autonomía nacional e integración regional, de ampliación de ciudadanía y profundización democrática.

La universidad que hoy tenemos es una institución profundamente atravesada por el orden en crisis y sus discursos subsidiarios (llámense estos postmodernidad, neodesarrollismo, cientificismo, reformismo hueco o autonomismo a ultranza). Entonces, pretender modificar la legislación vigente sin cuestionar al mismo tiempo el sentido común de quienes integran la comunidad universitaria es la segura garantía de que en el mediano plazo los sectores populares la tendrán en la vereda de enfrente.

Hay que discutir la Ley de Educación Superior. Pero hay que discutirla en el marco de un profundo cuestionamiento a los contenidos y prácticas pedagógicas que imperan en la Universidad, del para qué de la investigación y la extensión, de qué significa la autonomía, de quienes deben integrar el cogobierno, de cuál debe ser la relación entre universidad, estado y sociedad.

Estamos ante una oportunidad histórica. En los próximos meses se definirá si la universidad acompañará este momento de avance de los sectores populares, como lo hizo en 1918 o en los 70, o si volverá a formar parte de una nueva “Unión Democrática”.


* Este texto forma parte del artículo UNIVERSIDAD Y PROYECTO TRANSFORMADOR de Horacio Bouchoux.

PROPUESTAS PARA LA UNIVERSIDAD NUEVA (Carlos Sozzani, abril de 2007)

Desarrollaremos a continuación el principio doctrinario y las tres grandes reivindicaciones que entendemos deben ser las líneas que orienten y den marco a las propuestas nacional y populares de cara a la elaboración de los nuevos estatutos universitarios y fundamentalmente la nueva Ley de Educación Superior.


La Educación Superior como derecho social y factor de desarrollo nacional

La educación en todos sus niveles debe ser promovida y garantizada por el Estado nacional a todos los habitantes del suelo argentino, en tanto derecho social y en tanto inversión como factor de desarrollo social, cultural y económico de la nación. En esta misma consideración se inscribe la educación superior.


Tres ejes políticos para la transformación universitaria

Son estos los ejes de debate que nos permitirán avanzar en la acumulación de fuerzas para transformar la universidad: gratuidad, democratización, y centralmente, la capacidad de orientar de manera consensuada el sistema de educación superior en función de las demandas del desarrollo social y productivo de la nación.


Gratuidad

La gratuidad se refiere a la promoción de aquellos mecanismos que permitan ampliar el acceso a la educación superior y operen sobre la retención de los alumnos en el sistema.


Democratización

La democratización tiene que ver con ampliar y profundizar la participación y el protagonismo de los distintos sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad en general en el gobierno de los asuntos universitarios.


Profundización del vínculo Universidad - Sociedad

Se refiere a la capacidad de orientar el desarrollo del sistema universitario en función del desarrollo social y productivo de la nación. Esto es, integrar a la universidad al proceso de reconstrucción nacional, jerarquizándola y adecuándola en tanto factor de desarrollo social y productivo.


Propuestas

Estas son algunas de las propuestas que se derivan de las líneas antes enunciadas.

Acceso y retención: Fortalecer y ampliar el sistema nacional de becas profundizando su orientación hacia las carreras prioritarias para el desarrollo nacional, estrechando el vínculo y la coordinación con los sistemas provinciales y propios de cada institución.

Financiamiento: Corresponde al Estado nacional garantizar el aporte financiero para el sostenimiento del sistema de educación superior. Para la distribución del aporte se deberán tener en cuenta especialmente los indicadores de cantidad de estudiantes, pertinencia y aporte al desarrollo de autonomía científica nacional. No podrán generarse recursos adicionales a partir del cobro de tasas o contribuciones por los estudios de grado.

Régimen docente: Obligatoriedad de los concursos periódicos para la asignación de cargos docentes. Perfeccionamiento de carácter gratuito. Unificación del régimen salarial docente a nivel nacional.

Órganos de gobierno: Elección directa de las autoridades universitarias mediante voto ponderado. Unificación del claustro docente.

Iniciativa Universitaria: Presentación de proyectos y temas avalados por porcentaje estipulado de firmas para el tratamiento obligatorio por parte de los Consejos Superiores de las Universidades.

Consejo Social de Educación Superior: Debe ser la expresión institucional del proceso de profundización del diálogo entre instituciones de educación superior, sociedad y Estado. Sus funciones serían establecer las áreas prioritarias de interés nacional que orientarán el desarrollo del sistema de educación superior, garantizar la participación comunitaria en la planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación del proceso educativo, respetando las competencias específicas. El Consejo Social de Educación Superior debe reunir a representantes de las instituciones de educación superior, del Estado nacional y de las organizaciones sociales y sectores productivos. Este organismo también se deberá constituir a nivel de cada institución local, denominándose Consejo Social Comunitario. También se establecería un orden regional. Cada una de estas instancias debería reunirse al menos dos veces al año.

Extensión y Servicio Social Universitario: Las tareas de extensión deben tener carácter prioritario en cuanto forma de interacción con el medio local y regional, atendiendo las áreas prioritarias de interés nacional, y funcionando como mecanismo de adecuación de las instituciones de educación superior a las necesidades de investigación, docencia y aplicación de conocimientos y tecnologías a las necesidades y problemáticas regionales y nacionales. Todos los estudiantes de educación superior deben prestar el Servicio Social Universitario, práctica mediante la cual los alumnos se relacionarán con las problemáticas de su entorno local, regional y nacional. El Servicio Social Universitario debe prestarse fundamentalmente en unidades de prácticas interdisciplinarias constituidas a nivel de cada universidad, que deberán tender a integrar equipos de campo y técnicos de organismos públicos, actores sociales involucrados con sus propios equipos de trabajo, y los equipos constituidos por la universidad, preferentemente interdisciplinarios. Ciertas unidades de prácticas especializadas podrán generar también articulaciones entre mismas carreras de diferentes universidades.

Investigación: El sistema científico y tecnológico debe estar coordinado, orientado y estrechamente vinculado a las áreas prioritarias de interés nacional establecidas en función de promover el desarrollo social y productivo de la nación. Los programas de investigación deben estar articulados con el SSU y con los demás componentes del sistema de ciencia y tecnología en el marco de la coordinación y planificación implementada por la SECyT.

Integración regional: Se establecerá como cuestión estratégica a nivel de cooperación internacional la coordinación y formulación de acuerdos sobre formación, investigación y extensión con los países de la región, en función de profundizar los procesos de integración latinoamericana.

21 PUNTOS PARA OTRA LES (Aritz Recalde, septiembre 2006)

PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

I- “La universidad puede ser autónoma del gobierno, nunca de las políticas del Estado y de las necesidades sociales”.
II- “La universidad debe ser autónoma de los intereses del gran capital y de las empresas extranjeras, nunca de las necesidades del desarrollo de la economía y la producción nacional”.
III- “La universidad no es de hecho, y no debe serlo tampoco, autónoma de la lucha del país contra el atraso económico, tecnológico, los problemas sociales y la dependencia política y cultural de la nación”.

ACCESO

1- La educación es un derecho social y por eso, el ingreso debe ser gratuito y accesible a todos los ciudadanos. Se debería implementar un sistema masivo de becas orientado y direccional en las carreras estratégicas para el desarrollo nacional.
2- Implementación de una obra social estudiantil.
3- El ingreso a cada carrera debe ser planificado en torno de las necesidades del país y no puede quedar sujeto a las tendencias del mercado o a las decisiones de las universidades aisladas del resto de las políticas públicas. Se deberían privilegiar los ingresos a las carreras estratégicas desde la implementación de un régimen de incentivos. Debe existir una relación armónica de los ingresos y egresos entre la formación de “profesionales”, “técnicos e ingenieros”, “docentes” y “generalistas” superando el esquema actual excesivamente “profesionalista”.
4- Política universitaria de expansión de la matricula: la ley podría referirse a la prioridad por parte del Estado nacional de implementar una política de apertura de centros universitarios en las localidades alejadas de los centros urbanos y que atiendan las necesidades locales. Podría implementarse el primer año de la carrera universitaria y una tecnicatura corta que permita empezar los estudios para continuar la licenciatura en las universidades existentes.
5- Replanteo de la metodología de enseñanza para retener alumnos: la ley podría mencionar como prioritario para las universidades rever bandas horarias, implementar carreras por etapas (modificar el actual esquema de carreras de 5 o 6 años con altos niveles de deserción), implementar guarderías para garantizar el derecho a la educación a madres y padres de familia, etc.

VINCULACIÓN SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD

6- Servicio social obligatorio y rentado con una duración de 6 meses para todos los egresados universitarios.
7- Implementación obligatoria de los actuales Consejos Sociales y creación de Consejos Consultivos en todas las facultades que brinden apoyo a la comunidad y que permitan articular las políticas de las secretarias de Extensión Universitaria con los actores sociales y económicos regionales, junto a las políticas del gobierno.
8- Iniciativa Docente, alumno y ciudadana universitaria para la presentación de proyectos en los consejos.
9- Fomentar la extensión y la acción social comunitaria: sumar con 0.20 % puntos del promedio acumulables por año y computable al final de la carrera, a los estudiantes que desarrollen prácticas de extensión y acción social en la universidad.
10- “Uso social de la investigación”: Introducir como criterio en los concursos, en el régimen de incentivos, de ingreso a las carreras de investigación, al CONICET, etc. los aportes “sociales” de los proyectos. A la hora de concursar debe sumar puntos el “uso social” de las investigaciones y proyectos a diferencia del esquema “academicista y cientificista” actual.

GOBIERNO UNIVERSITARIO

11- Elección directa y ponderada de los Rectores, Decanos y Directores de Carrera.
12- Participación de los no docentes con voz y voto en los consejos.
13- Fijar cupos de género.
14- Claustro único docente.
15- Declarar la incompatibilidad de la función de consejero estudiantil con los cargos dentro de la universidad, como el acceso a los concursos docentes durante las funciones de consejero.

CULTURA NACIONAL Y LATINOAMERICANA

16- Implementación de un ciclo de un año o una materia compartida para todas las facultades y carreras de la universidad que aporte un bagaje en: ciencia básica, conocimiento histórico, identidad nacional, idioma, matriz socio comunitario del estudiante y que difunda el proceso de integración latinoamericano actual.

POLÍTICA DOCENTE

17- Obligatoriedad de los concursos periódicos. Perfeccionamiento gratuito. Implementación de límites a la existencia de personal precarizado. Mención a una Carrera docente. Régimen salarial docente centralizado.

SISTEMA DE CÁTEDRAS

18- Modificar el sistema actual de cátedra (por ejemplo, desarrollar un esquema de áreas).

EVALUACIONES EXTERNAS

19- La ley debería establecer criterios claros para la selección de funcionarios idóneos para esa función. Se debería fijar las pautas y objetivos de una evaluación en función del deber social de la universidad. Debería articularse las políticas de la CONEAU (o la Secretaría de políticas Universitarias) con el resto de las instituciones del Sistema Universitario en lo que respecta a la planificación general: de los posgrados, de la difusión de las carreras nacionales estratégicas, de las cuestiones de presupuesto y de la planificación regional educativa.

UNIVERSIDADES PRIVADAS
20- Creación por ley del Congreso. Ingreso docente por concurso. Perfeccionamiento docente gratuito. Democratización del gobierno de la universidad. Obligatoriedad de desarrollar la investigación y la extensión universitaria de la misma forma que las universidades públicas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
21- Investigación y vinculación tecnológica: La nueva Ley debe contemplar la articulación de las Universidades con la SECyT, en el marco de un nuevo y verdadero sistema nacional de C y T, fuertemente consustanciado con un Proyecto Nacional de Desarrollo Autónomo de la Argentina.