Política Nacional o Autonomía Universitaria: ¿quién debe planificar la política educativa? (Aritz Recalde, junio de 2008)

Comentarios al artículo de Juan Pablo Casas, “Polémica por el proyecto de crear otras 7 universidades nacionales”, diario Clarín.

La nota de Clarín comenta diversos proyectos de creación de Universidades nacionales y trae a consideración algunas voces que ponen en cuestión la legitimidad de las nuevas instituciones. Dejando de lado cada una de las propuestas mencionadas, nos interesa señalar que el artículo acarrea un tema más profundo y es aquel referente a quién debe planificar la creación de Universidades y la política educativa. Por un lado, tal cual lo transcribe Casas, están aquellos que sostienen que se le deben dar mayores facultades en estos temas al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los Rectores de las universidades autónomas. Por otro lado, están otros que guiándose en la ley, sostienen que es el Congreso de la Nación el ámbito legal y lo que es trascendente además, es el lugar legítimo para su creación.

La ley 24.541 (LES) en el artículo 48 sostiene que solo pueden crearse universidades por “ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa” y el mismo artículo sostiene que “tanto el cierre como la creación requerirán informe previo del CIN”. Contrariando la LES, Casas expresa la voz del CIN que le reclama al Estado nacional que el mencionado “informe previo” sea vinculante. Dichos Rectores y tal cual se expresa en algunos comentarios del CIN en este y otras intervenciones públicas, cuestionan al sistema político argentino y sus instituciones al sostener reiteradamente que la universidad autónoma debe planificar las políticas del conjunto del Estado y que los ámbitos de expresión mayoritaria, en este caso el Congreso de la Nación y las comisiones de educación, deben mermar en sus facultades.

Tal cual se expresa diariamente en el funcionamiento de la Educación Superior, ésta concepción genera una escisión profunda entre la democracia de masas y sus representantes, y la universidad cogobernada que funciona, con pocas excepciones, sin generar ámbitos de coordinación con el conjunto del Estado y las organizaciones económicas, sociales o culturales de una región.

El Congreso es la expresión federal de la voluntad popular, buena o mala, pero innegablemente producto de la democracia de masas. No ocurre lo mismo con el cargo de Rector de una Universidad que nace de una elección producto de un conjunto reducido de actores de la comunidad. No desconocemos la opinión del CIN, pero si creemos que el debate de la planificación universitaria debe dar lugar, prioritariamente, al conjunto de actores de la comunidad nacional ligados a las políticas públicas, la producción y el trabajo. Los Ministros de las distintas carteras y en una acción conjunta con los legisladores y los representantes de las organizaciones de la producción y el trabajo de cada región, deben ser los encargados de formular y acompañar la política de creación de universidades. En este cuadro, el CIN puede dar su opinión que no por ser importante, tiene que dejar de ser “no vinculante”. El Congreso y el conjunto de los representantes de la política de la nación, son los depositarios legales y legítimos, que deben planificar la Política Universitaria que tiene que atender las necesidades del conjunto del país y no solamente, la opinión del grupo de universitarios que gobiernan las Casas de Altos Estudios.

Tras 25 años de política electoral de masas, estamos seguros de la importancia que implica reforzar la democracia atendiendo las decisiones de las mayorías para la formulación de las políticas de Estado: los temas universitarios no son la excepción. En este sentido es que el Estado y sus representantes de la elección popular, tiene que iniciar un debate profundo sobre la Planificación Universitaria Nacional y dicha cuestión no puede ser delegada a un grupo de Rectores. Asimismo, y tal cual lo expresamos en las “65 propuestas para refundar Otra Universidad”, (http://sociologia-tercermundo.blogspot.com) consideramos central para la calidad de la democracia y la vida de los habitantes de la comunidad, que los representantes de la políticas públicas municipales y provinciales, conjuntamente a los de la producción y el trabajo de cada región, ingresen al gobierno de las Universidades. En su defecto, se corre el riesgo de implementar dos democracias: una de elites universitarias “autogobernadas” y distantes de la gente; y otra de mayorías populares expresadas en gobiernos que no encuentran canales para relacionarse con la Universidad que les da la espalda. Esta separación puede promover corporaciones universitarias desentendidas de los problemas de la región de la cual forman parte y solamente con más democracia podemos superar este obstáculo.

“Debemos hacer una autocrítica” (Página 12, 2 de junio de 2008)

El investigador mexicano señala que las universidades de América latina deberían revisar la manera en que han utilizado su autonomía y advierte que la formación de los estudiantes debe estar ligada a la problemática social.

Por Julián Bruschtein

“En Latinoamérica, las universidades no han sabido construir la autonomía que reclama en este momento la sociedad.” La afirmación, a modo de autocrítica, la hizo el mexicano Angel Díaz Barriga, investigador y especialista en educación superior, que pasó esta semana por Buenos Aires, invitado por la UBA y el gremio docente Aduba-Fedun.

–Usted plantea que las universidades de Latinoamérica tendrían que buscar una identidad en común. ¿Cuáles serían las características de esa identidad?

–La realidad latinoamericana es muy diferente a la del resto del mundo. La educación en América latina necesariamente se vincula con problemas sociales, no se puede hacer a un lado la problemática social porque emerge por todos lados. Por eso, cuando se plantea la identidad de la educación superior, tenemos que reconocer que los estudiantes tienen otras características y otras necesidades. Y reconocer además que la formación que les estamos dando tiene que darse frente a una realidad nacional que no se puede abstraer. En general, los estudiantes son de medio tiempo porque tienen que trabajar, invierten mucho dinero en su traslado, tienen muchas dificultades para el acceso a la bibliografía, que hoy es muy cara. Aquí hay una característica: mientras que en Estados Unidos se escandalizan si quieres fotocopiar un libro, en Latinoamérica si no fotocopias el texto, el estudiante no tiene acceso a la información.

–¿La autonomía también es un rasgo del sistema de educación superior de América Latina?

–He llegado a la conclusión de que el tema autonomía es un tema latinoamericano, porque sin dudas no es un tema que preocupe mucho a las universidades norteamericanas y europeas. De esta conclusión surge también que en Latinoamérica las universidades no han sabido construir la autonomía que reclama en este momento la sociedad. Uno podría entender el concepto de autonomía cuando la universidad se siente atacada o se siente desprotegida, vulnerada por la autoridad gubernamental. Desde las universidades no hemos sabido construir un concepto de autonomía en términos de ver sobre qué país se está apostando, sobre qué desarrollo de país estamos proyectando una formación de cuadros profesionales en áreas de conocimiento que nosotros sabemos que se necesita fortalecer. Por ejemplo, hay que buscar nuevas formas de energía, porque es indudable que por la crisis petrolera mundial la humanidad va a estar en un serio problema energético en 15 años. ¿Cuáles son las formas de energía alternativa o de energía renovable que tiene la Argentina en este momento? ¿Cómo la universidad puede empezar a formar –y debe empezar a formar– ingenieros, químicos, físicos, que estén trabajando sobre ese problema?

–Existe un debate sobre la autonomía en el que se plantea que aísla a las universidades...

–Es verdad que se utiliza defensivamente y no proactivamente. Ahí creo que debemos hacer una autocrítica todas la instituciones latinoamericanas porque finalmente le estamos exigiendo al Estado, y en el fondo le estamos exigiendo a la sociedad, que de los impuestos salgan los recursos para que la universidad funcione. Pero nada más nos arreglamos diciendo: “Sociedad, confía en que te estamos formando buenos profesionales”. O: “Sociedad, confía en que estoy haciendo buen uso de los recursos”. Esto es bueno e importante, pero también es insuficiente. Necesariamente hay que pasar a una fase proactiva.

–¿Hace falta una devolución mayor a la sociedad por parte de las universidades?

–Muchas veces los programas de calidad académica en las universidades no son tantos como se declama y se toca en forma tangencial el compromiso social que deben tener las universidades. El compromiso social debe incorporarse como debate en la región, ya que ese compromiso también significa una formación académica rigurosa. Pero también hay que formar en los estudiantes la idea de que adquieren un compromiso y una responsabilidad social.

–¿Qué cambios persisten de las sugerencias que los organismos financieros como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantearon en los sistemas de educación superior?

–Bueno, aquí también toca el tema de la responsabilidad social, porque los que estamos perdiendo responsabilidad ante la sociedad somos nosotros, los académicos, y eso tenemos que decirlo. Porque yo no puedo decir que el Banco Mundial es una blanca paloma, pero es que el BM solamente dio ideas, y fueron nuestros colegas los que fueron dándoles cuerpo a esas ideas. No hay que achacar todas las culpas de esta situación al neoliberalismo de los ’90.

–En el Congreso Regional de Educación Superior, que se realizará en Colombia la semana que viene, se intentará cerrar una posición en contra del pronunciamiento de la OMC, que calificó a la educación como un “bien transable”...

–No sé si se logrará parar esta idea. Primero, porque implicaría que los países desarrollados aceptaran que este pronunciamiento es realmente un peligro para ellos, y yo no veo que esto suceda. Pero sí estoy seguro de que el tema de ver la educación como un bien transable va a unir a América latina, porque estamos frente a un fenómeno de invasión.

Entrevista a Adriana Puiggrós (Agencia Comunas)

La Argentina debe formar en las universidades a científicos y técnicos de alto nivel de especialización para encarar los desafíos del presente y futuro, y no puede obviar la presencia de un actor imprescindible como es el Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, de reciente creación. Entre ambos, hay un eslabón perdido. De ello habla para COMUNAS la diputada nacional Adriana Puiggrós promotora del Foro de aportes a la nueva Ley de Educación Superior, que tendrá lugar el 8 de mayo en el Congreso de la Nación.

La diputada nacional Adriana Puiggrós, (FpV-PJ), Presidenta de la Comisión de educación en la Cámara Baja, manifestó su preocupación acerca de la necesidad de tener en cuenta al Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación productiva, como un actor principal en la nueva Ley de Educación Superior que se está debatiendo.

Consultada respecto al fundamento de ampliar el alcance de dicha Ley al ámbito científico, la diputada Puiggrós comentó a COMUNAS:

Hay una cuestión muy concreta: Por algo la Argentina tiene hoy un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, entonces hay un actor más que tiene que intervenir en la Ley de Educación Superior.

La otra cuestión es que la Educación Superior y la investigación científico-tecnológica deberían estar absolutamente ligadas, y en la Argentina lo que hay realmente es una ruptura de las instituciones, por eso hay que ligar y vincular.

Yo creo que en este momento debemos dar un paso más, porque cuando se hizo la Ley de Ciencia y Técnica a principios de este siglo, yo era Presidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica, y en ese momento en la Cámara lo que hicimos fue ordenar instituciones como la CNEA, el INTA, LA CONAE, etc., estaban desperdigados y se núcleo en lo que hoy es la base del Ministerio de Ciencia y Técnica, que fue creado por la Presidenta de la nación Cristina Kirchner.

A estas alturas hemos entendido que hay que avanzar en otro sentido, no es que no haya investigación básica, hace falta fortalecerla, pero no el academicismo, que es una cosa completamente distinta.

La investigación básica puede trabajar de acá hasta el año 3500, pero al mismo tiempo hace falta crear vinculaciones entre lo que se hace en investigación básica y lo que Paenza llamaba investigación aplicada y de transferencia de tecnologías.

SE PROFUNDIZA LA BRECHA

La certeza de que se está profundizando la brecha entre los grandes avances tecnológicos y la capacitación, fue una idea reafirmada también por la diputada Delia Bisutti en el marco de un intercambio sostenido en la Comisión de Ciencia y Técnica, con Adrián Paenza, académico y conductor de Programa televisivo quien compartió con los diputados de forma amena sus vivencias e impresiones sobre el contexto de la ciencia en el ámbito mundial y la forma en que la Argentina se puede ir insertando.

Trascendió la preocupación por la inexistencia de una estadística confiable sobre los principales problemas que afectan al país y que deben ser encarados por los científicos, y por la visión academicista que tiene la ciencia y no le permite ver las demandas concretas de la sociedad.

Inquietante resulta la cifra de más de 4 mil investigadores y tecnólogos argentinos que emigraron hacia el exterior en la denominada “fuga de cerebros”.

Ello motivó la pregunta del diputado Christian Gribaudo , quien preguntó qué hacer para que los jóvenes investigadores que hoy están afuera, puedan volver, ya que algunos pocos lo están haciendo, pero de manera desagregada. Y alertó que hay muchos estudiantes que se anotan en la universidad, sin saber a ciencia cierta, qué van a estudiar y peor aún, centros que investigan, sin saber el objetivo preciso.

La charla derivó hacia la calidad de la educción, que es deficiente, y requiere elevar primero que todo, la calidad de los institutos que forman a los educadores.

Paenza sugirió estudiar experiencias internacionales, entre las que citó Finlandia y Singapur, donde los educadores se caracterizan por su eleva preparación académica y docente.

DEBATE DE LA NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR

La diputada Puiggròs es autora de un Proyecto de Resolución por el cual solicita se convoque a la realización del foro 'Aportes para el debate. Hacia una nueva ley de Educación Superior', a realizarse el día 8 de mayo de 2008 en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la nación.

En el foro se espera que participen las autoridades educativas nacionales, responsables de las universidades nacionales y privadas, institutos de educación superior y organizaciones gremiales representativas del sector docente, no docente y estudiantil y especialistas e investigadores en educación superior.

Al expresar los fundamentos de esta iniciativa, La Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la nación, señaló:

“En el proceso de modernización y actualización de las leyes educativas de nuestro país, la Comisión de Educación de esta H. Cámara ha comenzado un trabajo de consulta y relevamiento de opiniones sobre la situación de la educación superior con motivo del dictado de una nueva ley de Educación Superior.

Dada la importancia del tema y puesto que compete al conjunto de la sociedad poder debatir, manifestar y acordar una ley que permita delinear las acciones políticas e institucionales, la Comisión de Educación ha tomado la decisión de propiciar un encuentro entre los legisladores y el conjunto de los actores vinculados al sistema de Educación Superior. Tanto a las universidades como a los Institutos de Educación Superior, al sistema Científico-Tecnológico, trabajadores docentes y no docentes, a través de sus representantes, estudiantes, graduados y profesores. También a la Sociedad en general, los empresarios, los sectores productivos, así como todo aquel que en forma colectiva o individual quisiera expresar su opinión y aportar su punto de vista, ante una temática estratégica para el desarrollo nacional.

El Foro ' es entonces una etapa en el proceso, que comprende reuniones sectoriales con los actores referidos, la difusión a través del sitio Web de la H. Cámara de Diputados de la Nación, de las actividades contempladas en el cronograma de consulta y los documentos y aportes de los sectores convocados, para hacer públicas las posiciones que se sostienen en el campo, difundiendo asimismo las iniciativas presentadas por la Honorable Cámara de Diputados y el Honorable Senado, al respecto. Del mismo modo se publicará una encuesta que permitirá relevar las opiniones de la Sociedad en general. Por último se llevará a cabo una Audiencia Pública en la búsqueda de consensos, para culminar con la ronda de consultas.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION (Página 12, 13 de abril de 2008)

Alejandro Kaufman analiza la relación entre el sistema de medios y las formas que asumió la cobertura del lockout agrario, la creación de un observatorio y el rol de la Facultad de Ciencias Sociales. Advierte que “los medios hegemónicos no han revisado su propia historia reciente” y que “no puede haber libertad de expresión exenta de crítica a los medios”.

Por Javier Lorca

–¿Qué relación hay entre los modos que asumió la cobertura mediática del lockout agrario –en la que la Facultad de Ciencias Sociales advirtió discursos racistas y clasistas– y la particular constitución del sistema de medios argentino?

–La concentración del sistema de medios tiene como consecuencia que, aunque pueda ser importante el número de publicaciones gráficas, las dominantes abarcan la mayor parte del mercado. La centralidad porteña de los principales medios audiovisuales tiende a imponer a todo el país lo que sucede en Buenos Aires. También existe un estilo, una impronta cultural que considera la homogeneidad un valor, por lo que la monotonía de la agenda y su univocidad suelen ser lo común. En una situación de crisis, las consecuencias políticas e institucionales pueden ser gravísimas. Los medios hegemónicos no han revisado su propia historia reciente, sus comportamientos en la dictadura con respecto a la represión y la guerra de las Malvinas. El contexto democrático posdictatorial exige cambios en los medios, cambios que no han tenido lugar. Desde ya que no es el Estado el que podrá conducir esos cambios, sino la recuperación posdictatorial de la sociedad civil. Todo indica que falta mucho para ello.

–Después de las críticas formuladas por Ciencias Sociales a la cobertura del conflicto, ¿cómo analiza la reacción de la mayoría de los medios, más centrada en la función de un observatorio –y en cuestionar a la facultad– que en examinar si hubo o no expresiones y prácticas discriminatorias?

–Fue el consejo directivo de la facultad, órgano democrático de gobierno en una universidad pluralista con libertad de cátedra, el que consideró que era necesario poner un límite a los desbordes y excesos que se habían producido. Los medios hegemónicos exhibieron con naturalidad expresiones y actitudes incompatibles con la convivencia social, cuya continuidad o expansión sólo podrían llevar al desastre. Como los medios hegemónicos lucran con la inminencia de la catástrofe, se trata de una política mediática destinada a provocar pánico e inquietud en la población. Actúan como Orson Welles cuando hizo aquel radioteatro famoso sobre la invasión de los marcianos. Ahora hay deliberación o negligencia, porque se conocen los efectos de los grandes medios de comunicación. Todos los días nos invaden los marcianos. Entonces la reacción fue congruente con ello. No es que sectores de la sociedad se preocupen por la paz social o la convivencia, o el Gobierno por gobernar de un modo viable, sino que hay en ciernes una diabólica iniciativa para suprimir la libertad de expresión. Como tantas otras veces, en lugar de abrir un debate con argumentos, se prefiere la alarma, el escándalo y la demonización. Expresiones como la de la “garita mediática” lindan con la barbarie y la estolidez. Por suerte, incluso en los mismos multimedios, hubo actitudes mejores, más sensatas, que no se plegaron automáticamente al discurso que se procuró generalizar.

–¿Para qué puede servir un observatorio de medios construido desde el Estado? ¿Cómo evitar que sea un canal para el poder de gobierno circunstancial?

–La participación de las universidades públicas tiene como finalidad establecer cierta garantía de ecuanimidad, porque se basa en convocar a instituciones autónomas, con gobiernos propios, elegidos por los claustros, y objeto de discusión en las propias universidades. Los intentos gubernamentales de controlar a las universidades han requerido intervenir sobre ellas de maneras violentas. Esto no implica desconocer que la realidad política nacional influye en las universidades, como parte de la sociedad que son. De todos modos, la clave para evitar que un organismo semejante pudiera ser objeto de un uso espurio reside en la sociedad civil, en el ejercicio de las libertades civiles y la vigencia de los derechos humanos. Lo que ocurra con un observatorio construido desde el Estado depende de la situación del conjunto. Es importante que actividades de esta naturaleza tengan correlatos independientes del gobierno y del Estado, sin perjuicio de que confluyan diversas iniciativas públicas, sociales y privadas.

–¿Cómo conciliar la necesidad de una crítica al rol de los medios de comunicación con la libertad de expresión?

–La crítica al rol de los medios forma parte de la libertad de expresión. ¿Cómo podría ser de otra manera? No puede haber libertad de expresión exenta de crítica a los medios. Los medios elaboran un producto público, destinado a acceder a las conciencias de toda la población. Un observatorio observa lo mismo que todos los espectadores. La única diferencia es que lo observa con otra mirada, otra actitud, antes que nada sustraída a la fascinación que los medios inevitablemente producen. Como Ulises, el observatorio se propone atarse al palo mayor de la nave para no caer bajo el influjo seductor de las sirenas. Eso es lo que molesta tanto, que se difunda un discurso crítico, que la hegemonía inapelable de los medios se ponga en tela de juicio, que se haga desde afuera de ellos lo que la mayoría de ellos no hace, que es examinarse a sí mismos. Una libertad de expresión anclada en la libertad de las empresas concentradas dista mucho de garantizar el ejercicio pleno de ese derecho básico. Resulta llamativo que se sientan vigilados porque alguien los va a mirar de otro modo que el que ellos prescriben. Es eso lo que rechazan, que alguien, legitimado por instituciones destinadas a proteger derechos instale una discusión sobre las formas y los significados concernientes a los medios. Debería sorprender que se llame vigilancia a la observación de lo que está a la vista. Me recuerda al relato del rey desnudo. Piden que guarde silencio el niño que revela su desnudez, por otra parte a la vista de todos, estupefactos ante la intimidación que imponía el disimulo de lo obvio. Es evidente que los medios hegemónicos ejercen acciones cuestionables sobre el público, pero siempre es más fácil participar del consenso presunto, de la sensación de que nos hablan a todos y de que todos hablamos por ellos. Hay que vencer ese círculo vicioso, y permitir y permitirse la crítica.

–La intervención de la facultad fue interpretada, desde diversos sectores, como un apoyo político al oficialismo. ¿Puede intervenir la universidad en la realidad sin que su intervención sea reducida a –o descalificada por– un tomar partido en la dicotomía con que se planteó el conflicto?

–Se interpreta como apoyo al oficialismo cualquier actitud que no coincida con el temperamento muy extendido en la cultura política de estos años de ejercer una oposición paranoica contra el Gobierno. Contextualicemos. Hay dos palabras que en el lenguaje argentino de la posdictadura quedaron canceladas: “errores” y “excesos”. Después de tanto esfuerzo por refutar el uso que hizo la dictadura de esas palabras para encubrir sus atrocidades, pareciera que esas palabras ya no se pueden usar. Si decimos de cualquiera que ha cometido errores o excesos en lo que sea, nos suena como si estuviéramos repitiendo el argumento de la dictadura. Estoy simplificando, pero es algo que ocurre hasta cierto punto. Como no se pueden usar esas palabras, hemos quedado reducidos al blanco y al negro. Si alguien se equivoca o se excede es porque encubre atrocidades. Si no encubre atrocidades, entonces pertenece al bien puro. “Kirchner”, cada uno de sus errores y excesos, es lo mismo que Hitler, pero sin campos de concentración, como dijo en su momento Carrió, y habría que recordar a cada minuto, por lo inconmensurable que es el daño causado con esas palabras, no sólo en el momento en que fueron dichas, sino porque el conjunto de su descripción del Gobierno es fiel a esas palabras. Se ha producido una atmósfera por la cual la foto de un reloj en la muñeca de la Presidenta es lo mismo que una montaña de dientes de oro amontonados en Auschwitz. En esta homología icónica reside el poder de los medios, sistemáticamente utilizado por sectores de la oposición. De esta manera, nos vemos en dificultades para decir que la declaración de Cristina sobre Sábat fue un error, y que la intervención de D’Elía en Plaza de Mayo fue un exceso, sin que se tenga la sensación de que estamos disculpando algo que en realidad corresponde por un lado a un anuncio de represión de la Gestapo y, por otro lado, a una acción de las tropas de asalto de las SA. Con esto solo no podríamos garantizar que alguna de estas cosas no sucedan en el futuro o en otras circunstancias. Pero no están sucediendo ni hay ningún indicio de que estén sucediendo. En cambio, se las describe como si fueran inequívocas. El error de Cristina acerca de Sábat fue criticado en forma precisa y severa por varios de los principales columnistas de Página/12, con argumentos muchísimo mejores que la mayoría de los que se exhibieron desde la oposición.

–¿Cómo analiza la particular relación del gobierno kirchnerista con los medios?

–La actitud del Gobierno es reactiva, frente a una oposición que prefiere la difamación, la inducción de la histeria colectiva y el pánico destituyente antes que la confrontación política argumentativa y crítica. Esto no implica que el Gobierno tenga en su haber la virtud de la racionalidad política ni mucho menos, pero ha mostrado en estos años más sensatez que algunos de sus adversarios. En lugar de limitarse a acusarlos por no dar conferencias de prensa habría que interrogarse y reflexionar sobre la historia reciente de los medios y sus relaciones con la política. Después de años de horror dictatorial, frivolidad farandulesca en el menemismo y finalmente la crisis terminal del 2001, lo que ahora está ocurriendo no puede menos que abrir interrogantes sobre esas terribles experiencias. Quien quisiera superarlas debería hacer algo más que dedicarse a destituir al kirchnerismo. No reivindico las interpelaciones directas a empresas y periodistas como método, dado que son una consecuencia de la historia reciente. Hay demasiados periodistas y modalidades comunicacionales que fueron parte de la dictadura, y que cada vez que pueden la reivindican de un modo u otro. Esos sectores, mucho más amplios de lo que podría suponerse, odian visceralmente al Gobierno por lo que tiene de divergente de la dictadura y del menemismo, no por lo contrario. Lo odian por lo que tiene de redistributivo, justiciero, defensor de los derechos humanos, no porque no sea republicano. ¿Debo aclarar que no soy ni me siento “kirchnerista”? Solo un contexto de polarizaciones y distinciones binarias genera una situación casi insoportable, en la que si no se comparten las demonizaciones corrientes del Gobierno, entonces se cae bajo la sospecha de una complicidad con no se sabe qué cosas tremendas. ¿Esa restricción conceptual no es totalitaria al fin de cuentas?

"Los mismos de siempre": Algunos comentarios a las retenciones a las exportaciones

Sebastián Tapia, Secretario General de la FUA
Aritz Recalde, Sociólogo y docente de la UNLP

14 de marzo de 2008


En los últimos días, el gobierno nacional anunció un aumento de las retenciones a la exportación de la soja en 9,1 puntos, que sumado al incremento implementado a la exportación de girasol en 7,1 y a la reducción del 0,8 y 0,9 puntos al derecho correspondiente al maíz y el trigo respectivamente, completan un paquete de medidas que son impulsadas para frenar los aumentos de algunos alimentos y promover cultivos considerados prioritarios. Contra las acciones de gobierno "los mismos de siempre", los SRA (Sociedad Rural Argentina) o CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos aires y La Pampa), lanzaron sus furibundas acusaciones, demandas y reclamos contra este paquete de medidas. Sobre estas cuestiones, tanto el anuncio de la medida como la reacción de algunos sectores, realizaremos un breve comentario.

Como punto de partida, consideramos oportuno traer a consideración el precepto repetido por Perón de que "la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo" y que la "propiedad privada tiene una función social". A partir de aquí, es necesario reflexionar respecto a que el precio de los productos de la canasta básica que consumen los argentinos no es un debate meramente técnico entre los productores y el Estado, sino que por el contrario, es profundamente social e involucra a la nación en su conjunto. El aumento considerable de los precios de los productos agrícolas en los mercados de exportación es una variable internacional que el gobierno no puede modificar y que se traduce en un achicamiento de los saldos de producción vertidos al mercado interno y en una suba de los precios para las familias argentinas. A diferencia del mercado internacional, el Estado si puede adquirir una importante injerencia sobre el desenvolvimiento del mercado nacional. Sobre este complejo cuadro, el Estado no sólo puede, sino que "debe" intervenir priorizando el sentido social de la propiedad y permitiendo el desarrollo de la ganancia de los productores, pero conciliando a la vez, la posibilidad del consumo de alimentos del conjunto de los trabajadores. La acción diaria de los productores agrícolas se inserta como un eslabón más en la cadena de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo del país y su desenvolvimiento debe acompañar el desarrollo nacional, guste o no, a los productores del campo.

Las mayores retenciones de soja intentaron aumentar la producción de maíz y de trigo ya que y entre otras cuestiones, el primero es de suma importancia tanto para el consumo de los argentinos, como para la producción ganadera (carne, leche y derivados). Conjuntamente al aceite y el harina, estos frutos del país forman parte de los productos "conflictivos" y sobre los cuales se están estudiando implementar las retenciones móviles. En este marco, el debate "técnico" entre el Estado y las organizaciones del campo, debe subsumirse al problema social y político que implican los aumentos sobre las familias y la cadena de valor y la competitividad del país.

Además y completando lo dicho, es importante remarcar que las retenciones son un mecanismo recaudatorio legal y legítimo que tiene el Estado para redistribuir la riqueza del país y para garantizar el desarrollo pleno y sustentable. Desde la devaluación el país inició un proceso de reconstrucción industrial que necesita de crédito, de tecnología, de infraestructura en rutas o trenes, de educación y salud para los trabajadores que tienen que tener una canasta básica alimentaría accesible y popular: la recaudación de las retenciones tienen que apuntalar estas cuestiones. El Estado para garantizar la existencia y grandeza nacional, debe armonizar el funcionamiento del conjunto de actores del país, sean provenientes de la producción o el trabajo y del Campo o la industria y limitando si es necesario, la obtención de rentas de privilegio de algún grupo en función del bien común. Demás esta decir, que el campo se vio beneficiado por el tipo de cambio que implica un costo al país y lo mismo ocurre con los subsidios a los combustibles o los gatos en la construcción de rutas, en los hospitales a los cuales se dirigen sus trabajadores, en el acceso la educación gratuita en todos los niveles, en la inversión en seguridad, en el acceso a la tecnología o en la asistencia técnica de las agencias de investigación públicas (INTA, INTI, etc.), etc. El campo genera un "costo" al Estado y no solamente y como reclaman los productores, son "expropiados con impuestos injustos". Asimismo y pese a las retenciones, el campo goza de una alta rentabilidad no solo de la producción, sino además, que han aumentado los precios de la tierra y los arrendamientos. No desconocemos las diferencias que pueden existir entre los reclamos de las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina o la Federación Agraria Argentina o entre las demandas de los pequeños y grandes productores o entre los productores nacionales y los extranjeros, pero y pese a eso y aunque las medidas pueden mejorarse, vemos positivamente el aumento de las retenciones.

Si tenemos en cuenta que la Ley de Financiamiento Educativo estipula una inversión del 5,3 por ciento del PBI para este año, podemos decir que la inversión en educación va a verse favorecida también por estas medidas derivadas del contexto internacional.

Dejando de lado el debate circunstancial por las medidas de las retenciones, estamos seguros que aun queda vigente discutir un programa nacional que establezca los derechos y los deberes de las partes "trabajo, producción, comercialización y Estado", en el mediano y largo plazo. La formación de "retenciones móviles" por cuatro años intenta dar continuidad a la política: es positivo avanzar en ese camino, pero lejos está de ser la solución que demanda el país. En la Argentina y en los temas del campo y la producción, hay problemas de fondo que tienen que discutirse y planificarse.

El Estado y entre los temas que le incumbe enfrentar, debe determinar los costos de producción y los modos de distribución de la ganancia con el objetivo de promover un reparto equitativo entre terratenientes y arrendatarios o entre productores y trabajadores. En este sentido, es bueno recordar la sanción del "Estatuto del peón del campo y el tambero mediero", la fijación por ley del "precio de los arrendamientos" o las "suspensiones de juicios por desalojo" implementadas en la década de 1940. El campo debe discutir seriamente y no solo con el Estado, quién se "apropia" de la renta y el fruto del trabajo entre los distintos actores que forman la cadena de producción: está profundamente vigente la necesidad de revertir dichas asimetrías dentro de toda la cadena. Asimismo, es importante direccionar en el mediano plazo y como parte de un Programa nacional, una distribución sustentable entre los distintos cultivos y actividades agrícolas y ganaderas.

Otra cuestión que hay que discutir profundamente y con conciencia nacional, es el alarmante proceso de concentración y extranjerizaciòn de las actividades de la tenencia de la tierra, la fabricación de semillas, de tecnología y de patentes o de la producción y la comercialización de las actividades agropecuarias. Nuevamente, podemos regresar un poco en la historia y rediscutir los alcances y la actualidad de los intentos de recuperar la soberanía nacional en temas de comercialización, apropiación y redistribución de los excedentes desarrollados por el Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) en las décadas del cuarenta y el cincuenta. Asimismo, es bueno rediscutir el rol de lo que fue la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes. El productor nacional o el pequeño, se ven desfavorecidos por los grandes acopiadores y comercializadores, muchos de ellos extranjeros, y esto debe discutirse atendiendo la soberanía y el desarrollo del país.

Otra cuestión crítica tiene que ver con la tendencia al despoblamiento del campo y las pequeñas comunidades, cuestión que debe ser atendida promoviendo la radicación de familias y de los jóvenes estudiantes en el interior, conjuntamente a la formación de cooperativas.

En el tema universitario que nos involucra directamente es importante rediscutir los perfiles y el tipo de las investigaciones de las carreras ligadas a la producción, atendiendo las demandas de las organizaciones del campo nacionales y en particular, del sector público y del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. El objetivo debe ser el fomento del desarrollo de una ciencia y una tecnología nacional que permita reducir los egresos financieros del país en carácter de pagos de patentes, de regalías, de profesionales extranjeros, de costos de insumos importados, reduciendo la exportación de profesionales. Asimismo, vamos a seguir sosteniendo la necesidad de articular la universidad con el país y el campo desde la implementación de Secretarías Económico Sociales y desde la formulación de un Servicio Social obligatorio que fomente la radicación de profesionales en las comunidades agrícolas.

Las organizaciones del campo y previo abandono del enfrentamiento directo al gobierno, podrían sugerir al Estado una inversión en infraestructura y en servicios para sus sectores y beneficiosas, además, para el conjunto país. El Estado debe canalizar el ahorro de las retenciones en el desarrollo nacional, evitando el consumo superfluo propio de estos sectores caracterizados por su incapacidad histórica de reinvertir las ganancias en la industrialización de sus manufacturas. Distribuir los ingresos fruto de la renta diferencial del suelo, dar la cobertura necesaria para las zonas marginales, impulsar la presencia de la producción argentina en el mercado mundial, otorgar créditos, promover la tecnología nacional, apuntalar una colonización en el territorio federal, frenar la extranjerización de la tierra y el comercio, garantizar el abastecimiento interno, sostener la política cambiaria y regular los precios, articular la industria y el campo en un proyecto conjunto, favorecer a los medianos y pequeños productores nacionales y fortalecer la acción del Banco de la Nación Argentina, son algunas de las actividades a las cuales el Estado no puede renunciar.

Hay que asumir a conciencia que el debate del campo actual "excede" a las retenciones y que es importante que lo asumamos por el bien del país y no solamente, para obtener mayores beneficios de algunos sectores de la comunidad argentina. Como dirigentes universitarios que bregamos por el desarrollo nacional sustentable y por una justa distribución del ingreso, acompañamos al gobierno nacional en esta decisión, y fundamentamos nuestra posición como parte de una corriente de estudiantes y profesionales universitarios con conciencia nacional.

“Hay que terminar con el elitismo” (Página 12, 23 de marzo de 2008)

EL COLEGIO NACIONAL DE LA PLATA ESTA EN PLENO CAMBIO DE PLANES Y RECICLADO EDILICIO

“Hay que terminar con el elitismo”

El rector del colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, Gustavo Oliva, reivindica la necesidad de formar a los mejores alumnos sin apelar a un ingreso restrictivo y defiende la elección democrática de las autoridades.

El rector Gustavo Oliva frente a la escuela centenaria. La presidenta CFK inaugurará las nuevas obras.

Por Julián Bruschtein

El Colegio Nacional de La Plata está en el cambio. Desde el edificio hasta el plan de estudios se están remozando. En esta entrevista el rector del secundario preuniversitario, Gustavo Oliva, destaca su perfil “no elitista”, ya que no requiere un examen de ingreso, y hace un análisis de la situación por la que atraviesa la educación media. Mientras terminan las obras de reciclado del edificio, que inaugurará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la etapa por la que está pasando el colegio se caracteriza por la modernización de algunos aspectos organizativos, como que el edificio está cruzado por corredores temáticos (Ciencias Exactas, Educación Física, entre otros), a los que los alumnos tienen que acudir en el horario que les corresponda, para que “se vayan haciendo a la idea de lo que es la universidad”.

–Usted plantea una modernización del sistema educativo. ¿Dónde están los mayores problemas?

–En Argentina es hora de producir cambios en las escuelas porque estamos viviendo un tiempo que nos lo exige. A mí me tocó ser funcionario de la provincia de Buenos Aires entre el ’88 y el ’91, y había una situación de crisis total: pagábamos desdoblado, después tuvimos 45 monedas diferentes en el país, fue un proceso de ruptura que la escuela en general lo vivió, porque la crisis no se queda afuera, el padre sin laburo también entra a la escuela a través de sus hijos. Lo que sucede es que es injustificable que después de casi 27 años de democracia todavía tuviéramos el plan de estudios de 1977 en el Colegio Nacional. Esto tiene que ver con una cultura docente que también existe, que subyace, que le tiene temor a sumarse a lo nuevo.

–¿A qué se refiere con “lo nuevo”?

–Cuando nosotros decimos que podemos llegar a la telefonía celular desde la matemática trigonométrica estamos abordando desde otro lugar la materia, que la hace más interesante para los chicos. Esto lleva aparejada la idea de innovación, en la que se tiene que observar qué es lo que sucede cuando se le ofrece al estudiante este tipo de propuestas. Por ejemplo, cuando llega a quinto y sexto año y se le presentan otras proposiciones, como elegir sus materias con un sistema de créditos. A esto hay que acompañarlo con una cuestión curricular que tiene que compensar las nuevas necesidades, porque no puede ser que un joven conozca solamente seis o siete carreras universitarias, cuando por ejemplo la Universidad de La Plata tiene 243 títulos de grado.

–¿De qué forma se estimula la orientación hacia esas otras disciplinas?

–Hace falta empezar a mirar cuestiones más concretas, como por ejemplo el Astillero Río Santiago, para que los chicos vean cómo se hace un barco, o en YPF ir a ver una destilería petroquímica. Incluso tenemos una Facultad de Ingeniería Aeronáutica que está funcionando a metros del colegio y los chicos por ahí ni la conocen, culpa de la desvinculación dentro del propio campus universitario. También tenemos un sistema de pasantías preuniversitarias en el que los alumnos van a las universidades, ingresan a algunas cátedras, miran, revisan, investigan, analizan, producen. La idea es vincular estrechamente al colegio con el grado superior, aunque debo reconocer que no es fácil.

–Usted comentaba que el programa vigente era el de 1977. ¿Qué ejes trabajan hoy en día?

–El tema de la memoria es muy importante. A lo largo de estos años se fue poniendo a las aulas los nombres de los alumnos y docentes de-saparecidos durante la dictadura militar, que de este colegio fueron 96. También se está terminando el Paseo de la Memoria, al frente de la entrada, y tenemos el edificio Combatientes de Malvinas. Se trabaja hoy con la idea de que los chicos tienen una externalidad permanente, entonces a veces cuando algunos profesores dicen que no prestan atención, lo que proponemos es trabajar mucho sobre las cosas a las que los chicos sí les prestan atención si queremos una escuela inclusiva y de calidad. Tratamos de no desbalancear las distintas temáticas.

–Hay quienes indican que la nueva ley de Educación Superior debería contener a los colegios preuniversitarios ¿Cuál es su posición?

–Los colegios universitarios tienen razón de ser en tanto y en cuanto tengan una impronta de investigación y de transferencia. Si esto va a ocurrir, me parece fantástico que a los colegios nos incluyan en la futura ley. Hay que atender que la génesis de estos colegios es la transferencia, así por supuesto que tienen que estar contemplados en la LES. Pero si van a ser colegios de elite, no nos interesa ni estar en el estatuto, porque para colegios de elite tenemos muchos y privados. Pero los colegios preuniversitarios deben tener una impronta pública, para todo el público, porque si no se reproduce un sistema de inequidad. Es decir que nosotros tenemos que formar los mejores alumnos, pero antes tenemos que permitir que ingresen. Hay que terminar con el elitismo en la escuela pública.

–Los alumnos del Pellegrini reclaman democratizar los espacios de decisión. ¿Usted está de acuerdo?

–Nosotros vamos hacia la creación del Consejo de Escuela, cada uno puede protagonizar desde el rol que tiene. Lo que no puede ser es que a los colegios de Capital les sigan poniendo los rectores por la ventana. Porque sabemos también que hay una cantidad de acuerdos políticos con grandes operaciones políticas detrás para designar autoridades. Acá se hace a través de la presentación de proyectos, por concurso de oposición y antecedentes y por la votación de los docentes. La participación de los chicos en el Consejo es importante, porque hay que prepararlos para la vida democrática. El problema es cuando se mezclan las cuestiones ideológicas con las partidarias, porque lo importante es no partidizar ni por izquierda ni por derecha. Si los chicos a los 18 años eligen presidente y representantes, por qué no van a opinar sobre un plan de estudio.

Universidad y Peronismo, hacia una superación histórica de la Reforma (Aritz Recalde, noviembre de 2007)

La irrupción de los sectores populares y la apertura de democracia de masas en el país de la mano del programa político peronista, traería aparejada no pocas dificultades al gobierno entrante. Por un lado, la nueva fuerza política se enfrentaría con los grupos de poder económico tradicionales ligados al sector agroexportador o al capital extranjero, ya sea aquellos como la Sociedad Rural o la UIA. Asimismo y por otro lado, el peronismo generaría un fuerte rechazo en muchas de las instituciones políticas y culturales típicas del proyecto de país liberal consolidadas desde hacía varias décadas tras las figuras presidenciales de Rivadavia, Mitre, Roca o Justo. La universidad argentina en este marco, oficiaría como una palanca de ingreso de las ideas y teorías liberales favorables al capital extranjero y además, operaría como una escuela de funcionarios para hacer girar el engranaje de producción y reproducción del esquema neocolonial dependiente y pastoril argentino.

A partir de aquí, que dicha institución a la hora de la aparición del peronismo conservaría fuertemente su perfil e idiosincrasia tradicionalmente aristocrática, renuente al cambio social y económico industrial nacional y generalmente sus docentes eran de ideología liberal y desde aquí e históricamente, poseedores de una concepción anti popular. Previo al año 1945, dicha característica sería cuestionada, por lo menos en parte, por la reforma del año 1918 que y lamentablemente y tras la decadencia del partido radical, pasaría a los anaqueles del olvido bajo las cátedras de docentes estrechamente ligadas al capital extranjero y los negocios de país agrícola dependiente. De aquel ímpetu reformista poco quedaría concretamente en muchas facultades de aquellas 6 universidades argentinas que llegaban al año 1946 (1) tras una “primavera docente” durante la década infame, caracterizada por la complicidad universitaria con el esquema político de la “concordancia” bajo los acuerdos de sectores de los partidos socialistas y radicales con el régimen militar.

Esta desconexión entre la universidad y el país real y profundo, tendría varias dimensiones. Por un lado, existirían problemas de índole cultural o ideológico de los docentes y alumnos, cuestión que los llevaría a mantener un fuerte rechazo a las expresiones organizadas del movimiento obrero. A partir de aquí, muchos de ellos se comprometerían orgánicamente en la Unión Democrática, posteriormente algunos docentes renunciarían de la universidad en 1946 y finalmente y además, jóvenes y profesores formarían parte de las acciones militares y terroristas de junio y septiembre del año 1955 y posteriores de los “comandos civiles”. Pero más allá de la acción individual en cada caso, lo que era innegable además para definir la “desconexión” universitaria, era el perfil de las investigaciones y la formación de la educación superior, tradicionalmente liberales e europeístas en su ideología, como asimismo, renuentes a textualizar o desarrollar los temas y las carreras industriales acordes al país de las décadas del cuarenta. Era la universidad de un país soñado para ser una granja inglesa, económicamente y políticamente dependiente y socialmente desigual, anhelado por una aristocracia o clase media de espaldas a la argentina trabajadora y sufriente.

El peronismo a partir de aquí, tuvo que enfrentar esta desconexión de la universidad con el país, cuestión que implicaba un complejo proceso de negociación y de paulatino avance con cada uno de los claustros en pos de articular la universidad al programa de la revolución. Pese a las resistencias encontradas, dos golpes militares de por medio, podemos decir que el peronismo legaría a la universidad varios hechos de suma importancia para la educación superior vigentes hasta la fecha. Incluso, podemos afirmar, que el peronismo sería el protagonista de la ejecución concreta de los planteos de la reforma del año 1918 actualizándola y superándola dialécticamente para ajustarla a la democracia de masas (2).

Por un lado y solo con Perón en el gobierno, se sancionarían tres leyes Universitarias, oficiando a partir de aquí, como el primer gobierno en sancionar una ley desde 1885, pero además, como el gobierno democrático que mayor cantidad de leyes de educación superior sancionaría en la historia del país: 13.031/47, 14.297/54 y 20.654/74. Estas tres leyes expresarían en un esquema jurídico normativo todos y cada uno de los fines de los verdaderos reformadores del año 1918, incluso, superándolos ampliamente. Por un lado y para expresarlo concretamente, durante los primeros 10 años de gobierno y por citar algunas cuestiones:

a- Ampliación de las matriculas y democratización del ingreso (3): se suprimen gran parte de los exámenes de ingreso, se eliminarían todo tipo de aranceles (4), se desarrollarían un sistema de becas - cuestión que tendría sanción constitucional en 1949-, aparecerían los horarios nocturnos para trabajadores y la Universidad Obrera, etc..

b- Extensión Universitaria: por primera vez se la menciona en la legislación universitaria en el año 1954 y se iniciarían las prácticas rentadas en el Estado. La Universidad Obrera articulaba directamente el conocimiento y la acción práctica en fábrica.

c- Promoción de Carrera prioritarias: por primera vez el Estado establecería Regiones Universitarias y se daría una política de planificación del gasto y la uniformidad nacional de los programas. Se crearía en Consejo de Universidades como ámbito de articulación de políticas públicas. Se desarrollarían (5) las técnicas agrarias, la ingeniería del petróleo o la investigación oceanográfica, etc. Aparecerían los grupos de investigación antecedentes del CONICET.

d- Ingreso de Estudiantes latinoamericanos (6): se avanzaría en el reconocimiento de títulos, en la formulación de congresos científicos internacionales de primer nivel y en el desarrollo de intercambio estudiantil.

e- Vinculación obrero estudiantil: por primera vez se tenderían los puentes concretos para esta unidad. Tanto dentro del aula al democratizar el ingreso, como asimismo, a partir del fomento de las agrupaciones estudiantiles como la CGU o la UES.

f- Defensa de la cultura nacional: por primera vez aparecería como objetivo de la universidad la divulgación de los valores y tradiciones de nuestro país. Asimismo, se introduciría en la legislación universitaria la importancia de la defensa del patrimonio no solo espiritual, sino además, económico y político de la nación.

En definitiva, el peronismo en sus diez años de gobierno nos legaría la gratuidad, los primeros pasos en la articulación concreta obrero estudiantil, la existencia de carreras prioritarias para la industrialización, el aumento inmenso del presupuesto, la creación del Ministerio de Educación, el fomento del latinoamericanismo y el antiimperialismo de la juventud y varios proyectos de universidades y carreras. Estos profundos cambios y por si fuera poco, serían desarrollados por un gobierno popular y democrático, que entre otras cuestiones, daría a la autonomía universitaria sanción constitucional en el año 1949. En definitiva y para sintetizarlo, con el peronismo en sus primeros diez años aparecería la noción del “derecho social a la educación superior” y la “cultura de la industrialización y el pleno empleo” como fines culturales y políticos estratégicos nacionales.

Asimismo, el peronismo nos dejaría como legado varias innovaciones en diversos ámbitos de la universidad, muchas de ellas aún vigentes. Por ejemplo, la ley 20.654 de 1974 introdujo la participación en el gobierno de la universidad de los trabajadores no docentes. Asimismo, dicha ley permitía el ingreso a la universidad -previo examen- a los trabajadores que no hayan cursado el ciclo educativo secundario. Por otro lado, esta norma planteaba la implementación concreta del nacionalismo revolucionario al prohibir la práctica docente a aquellos profesores vinculados a las empresas trasnacionales. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la inmensa lista de actividades de articulación universidad y sociedad (7). Por un lado, la universidad durante el peronismo avanzaría en la gestión abierta en año 1973 en la articulación con las políticas públicas desde la firma de convenios con el gobierno nacional y provincial. Por otro lado, desarrollaría mecanismos institucionales internos para la articulación con el medio como serían en la UBA los Centros Piloto de Investigación Aplicada (CEPIA), el Centro de Estudio del Trabajo o los programas de los consultorios barriales, la fabricación de medicamentos, de alfabetización o de vivienda social. No viene mal recordar que en el plano docente y durante la década de sesenta y setenta se desarrollarían las Cátedras Nacionales que oficiarían como los ámbitos de formación de muchos dirigentes políticos del país.

Más allá de la gran cantidad de medidas implementadas, lo que el peronismo universitario nos legaría fue un intento de articular la educación superior a la democracia de masas en una nación a medio camino y en el transito a su emancipación política, económica, social y cultural. En este sentido, las décadas de sesenta y setenta verían por primera vez en la historia nacional una articulación masiva entre las organizaciones libres del pueblo y los universitarios. Las dos dictaduras, la de los años 1955 y 1976, cortarían este ímpetu democrático y liberador y muchas universidades regresarían en el tiempo y llegarían al sigo XXI tras una concepción anacrónica y conservadora de la autonomía, más propia del siglo anterior que de los desafíos y anhelos que esta demandando actualmente el pueblo argentino



(1) Las Universidades eran la de Córdoba, la UBA, La Plata, Cuyo, Litoral y Tucumán.
(2) El peronismo actualiza la reforma del año 1918 al articular la universidad a una revolución de obreros industriales dejando atrás las concepciones vanguardistas de los universitarios ya caducas hacía décadas. El punto de partida de tal epopeya política y cultural nacería de priorizar los “fines” de la universidad (la emancipación de un pueblo y la participación juvenil en ese proyecto) y no los “medios” (el gobierno interno de la isla democrática). Los universitarios levantaron los “medios” como bandera tras una desviación del concepto de “autonomía, para enfrentar la revolución y los verdaderos y únicos fines de la juventud que es ver liberado a su pueblo de la violencia social, económica, cultura y política.
(3) Además de la gratuidad al eliminar aranceles, el gobierno desarrollaría una economía de bonanza, único medio para el ingreso concreto de los trabajadores a la universidad.
(4) Decretos 29.337/49 y 4.493/52.
(5) Se inició la Ciudad Universitaria, la obra del Hospital Escuela, la Facultad de farmacia (antes Escuela) y se formularían los proyectos de las universidades nacionales del Sur y la Mesopotamia. Jorge A. Taiana, “La Universidad Peronista”, Primera Plana N° 498 15/VIII/72.
(6) Debemos decir además, que los antecedentes del Mercosur se pueden buscar en el pacto ABC firmado por Perón entre Argentina, Brasil y Chile. Asimismo, a nivel sindical se desarrollaría el ATLAS.
(7) Universidad y Liberación Nacional, Ed. Nuevos Tiempos, Mayo de 2007.