El alto grado de movilización popular y de transformación de las estructuras de la dependencia, encontraban un fuerte correlato en el Proyecto de Universidad perseguido. Observamos a lo largo de nuestra historia cómo a cada modelo económico-social corresponde un determinado modelo de Universidad. En su mensaje a la Asamblea Legislativa, Cámpora definía claramente la necesidad de que la Universidad se insertara activamente en el proceso de desarrollo social y productivo del país:
“Nos preocupa, ciertamente, ordenar la universidad en su función social y en su planeamiento institucional. Porque tenemos una clara idea política del país sabemos que el único encauzamiento posible puede darse en la medida en que la universidad se realice como respuesta efectiva dentro del proyecto político nacional. Pero este principio teóricamente válido no quita las enormes dificultades que se tendrán que salvar, en la realización inmediata, para superar la encrucijada de la crisis actual. En efecto, más allá de sus cíclicos desplazamientos docentes como constantes históricas de su pasado, la universidad se nos ofrece en estos momentos en una caótica coyuntura. Resulta ello lógico si se analiza el proceso de los últimos años viciado por la falta de una política coherente con el país e incluso consigo misma. Las medidas aisladas, sin contexto global, los programas segmentados sin visión de conjunto, los dimensionamientos meramente cuantitativos y geográficos sin esquemas de unidad global ni ponderación de recursos humanos y financieros, la prevalencia de una tecnocracia vacía por falta de objetivos, la adopción de resoluciones presionadas por impulsos circunstanciales de intereses sectoriales, todo ello configura un difícil cuadro de situación que para ser superado necesitará de un profundo y sistemático esfuerzo que apunta más hacia logros futuros que eventuales éxitos inmediatos.” (7)
La Universidad Nacional y Popular -como fue llamada en esta época- empezaba a proyectarse claramente como Universidad de masas, rompiendo las barreras del elitismo tradicional. La enseñanza superior debía abrirse de modo tal de incrementar exponencialmente el número de alumnos. Por consiguiente, resultaba imprescindible disponer de un sistema de ingreso que no obturara las posibilidades de estudio para la juventud. (8)
Partiendo de la concepción de que toda la población tenía el derecho a acceder a la educación, se impulsó la articulación de las estructuras universitarias “… de manera tal que progresivamente le permitan acercarse al ideal de llegar a todos los habitantes de la nación.” (9) De esta manera, la Universidad debía exclaustrarse, “… llegando con contingentes de sus integrantes a todos los sectores donde se desarrollen actividades sociales, económicas, políticas, administrativas, etc., de las cuales tenga algo que extraer y para actuar sobre ellas, mejorándolas o aumentando su índice de eficacia social.” (10) La consigna era “… convertir a todo el país en el escenario de la enseñanza…” (11)
En consecuencia, el abordaje de las problemáticas sociales era el eje fundante de este modelo de Universidad al servicio del Pueblo. Se establecieron apoyos jurídicos gratuitos a cargo de docentes jóvenes y de estudiantes de los últimos años, se dispuso de asistencia sanitaria preventiva en muchas villas, llegaron a conformarse estructuras de apoyo a las pequeñas empresas desde el punto de vista contable y administrativo, se desarrollaron fábricas de genéricos para cubrir las necesidades de los hospitales públicos, y se firmaron convenios de “Asistencia recíproca para la elaboración y ejecución de proyectos científicos y tecnológicos de apoyo a los planes de los gobiernos nacional y provincial, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. Desde la UNLP, e participó activamente del operativo Plan Provincial de Reconstrucción “Gobernador de Buenos Aires Coronel Manuel Dorrego”, el cual consistió en una labor conjunta entre efectivos militares y la Juventud Peronista en las zonas anegadas por las lluvias.
En julio de 1973, se crearon por resolución del Consejo Superior de la UNPBA, los Centros Pilotos de Investigación Aplicada (CEPIA). Estos funcionaban como equipos interdisciplinarios conformados por docentes y alumnos, que trabajaban en territorios marginales de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Aritz e Iciar Recalde sistematizan algunas de sus funciones:
“Investigar el grado de satisfacción de las necesidades populares en donde desarrollan sus tareas los centros; investigar si la formación proporcionada a los egresados de la UBA, se ajusta a la plena satisfacción de las necesidades populares en las zonas investigadas; investigar cuales son los cambios estructurales que deben promoverse en la enseñanza que proporciona la UBA, para la plena satisfacción de las necesidades populares; investigar cuales son los cambios estructurales que puede promover la UBA a las autoridades de la Nación para el mejoramiento y el perfeccionamiento de los servicios que presten los distintos organismos y empresas del Estado; proporcionar a la población de las zonas investigadas, asistencia complementaria; desarrollar conclusiones sobre el trabajo interdisciplinario.” (12)
La acción de los CEPIA era concebida como complementaria de las organizaciones barriales representativas, y las tareas realizadas tomaban como punto de partida las necesidades detectadas junto a las mismas. Esto sin duda, significó una modalidad innovadora de abordaje de la realidad y la posibilidad de que sujetos no universitarios participaran activamente en el diseño, ejecución y evaluación de las investigaciones.
En palabras de quien fuera uno de sus principales protagonistas, el rector de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, Rodolfo Puiggrós, el objetivo era claro: “Aspiramos a que el universitario no sea un ser aislado a la espera de un título. Aspiramos a su compromiso con el Proyecto Nacional”.
Podemos decir que el profundo vínculo establecido entre la Universidad Nueva y las problemáticas nacionales y populares, a partir de numerosos proyectos y prácticas, contemplaba una dimensión política: el relacionamiento de los estudiantes con la realidad del país y sus problemáticas; una dimensión pedagógica: la integración del conocimiento teórico (13) y la vinculación temprana, en muchos casos a la investigación; y una dimensión social: los aportes producidos por la acción social y la investigación vinculadas al desarrollo social y productivo del país devolvían a la sociedad el trabajo que ésta invertía en el sostenimiento de la Universidad.
En 1974 se sancionaba la Ley 20.654, también conocida como Ley Taiana, la cual planteaba la integración y el compromiso de la Universidad con el desarrollo nacional y regional, al mismo tiempo que propugnaba la coordinación y planificación conjunta con los diferentes organismos estatales y organizaciones libres del pueblo. Se definía una orientación “… tendiente a establecer la independencia tecnológica y económica.” (art. 2, inciso b). La ley prohibía la injerencia dentro de la Universidad de intereses contrarios al desarrollo y bienestar de la nación: “Es incompatible con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que le sean correlativas, el desempeño de funciones jerárquicas o de asesoramiento, remuneradas o no, al servicio de empresas multinacionales o extranjeras, como así también la pertenencia a organizaciones u organismos internacionales cuyos objetivos o accionar se hallen en colisión con los objetivos de la Nación.” (art. 11). Además, establecía la participación docente, estudiantil y no docente en los órganos colegiados de gobierno universitario; la gratuidad de los estudios superiores; la responsabilidad estatal en el financiamiento de las Universidades nacionales; y creaba también un sistema de becas orientado hacia las carreras estratégicas.
Aquella Universidad era posible porque el país atravesaba un proceso de avanzada popular. Pero pronto fue obstaculizado por el golpe del 76 y la instauración del neoliberalismo.
La Universidad nacional ha sido modelada desde la última dictadura militar hasta nuestros días bajo una fuerte impronta neoliberal. El trío castrense barrió a fuerza de bayonetas hasta el último nicho de resistencia existente en las aulas para avanzar en la implementación de un modelo económico basado en la especulación financiera, un Estado mínimo y una apertura económica indiscriminada que dio por tierra con nuestra industria nacional. Durante el gobierno militar se redujo de manera drástica el presupuesto para educación, se cerró la Universidad Nacional de Luján, se suprimieron carreras y cátedras, se modificaron los planes de estudios, se desfinanció la investigación y la extensión universitaria, se implementó el arancelamiento, exámenes y cupos de ingreso, se cerraron los comedores universitarios y se cancelaron las becas estudiantiles, al mismo tiempo que se alentó el crecimiento de las universidades privadas. Atrás quedaba aquel Estado de Bienestar que intervenía fuertemente en los destinos de nuestra economía. Atrás quedaba aquella Universidad Nacional y Popular del ‘73 respaldada por la intransigente Ley Taiana.
Partiendo de la base de que a cada modelo económico-social corresponde un determinado modelo de universidad, observamos cómo a partir de 1976 se da un quiebre en el modelo de acumulación que caracterizó al Estado de Bienestar, dando lugar al modelo neoliberal, con su correspondiente correlato en la Universidad.
La recuperación democrática del 84 -mal que nos pese- no significó la vuelta a la Universidad con responsabilidad social. Por decreto del Poder Ejecutivo pusieron en vigencia los estatutos en uso hasta 1966, omitiendo toda normativa al respecto establecida durante el último período democrático (1973-1976). Este decreto suscitó grandes controversias, ya que no fijaba plazo a la intervención, no reincorporaba a los cesanteados y prescindidos, no anulaba los concursos de la dictadura, y no reestablecía la Ley Taiana, desconociendo el mandato del último Congreso elegido democráticamente. En este período comenzó a desarrollarse un nuevo concepto de extensión universitaria: recitales, cursos, cines, etc. La articulación con sindicatos y organizaciones sociales no tuvo relevancia alguna. El modelo económico-social imperante seguía siendo el mismo al instalado en la segunda mitad de la década del 70. Por lo tanto el modelo de Universidad no cambiaría más que en sus formas de elección y de gobierno.
El tiempo nos ha mostrado que a cada modelo económico-social corresponde un determinado modelo de Universidad. La década del 90 significó en términos económicos la profundización del modelo neoliberal imperante desde el 76, teniendo un correlato muy fuerte en la Universidad.
Así, durante los años 90 se fue forjando una Universidad de espaldas al conjunto de la población, reforzando su corte elitista. No sólo porque buscaba restringir el acceso a los sectores populares a través del recorte presupuestario y el arancelamiento encubierto, sino porque su sentido institucional estaba puesto en función de los intereses transnacionales ajenos al fortalecimiento del Estado y la Nación. La Universidad era una mera reproductora de los preceptos de Washington, siguiendo los cánones neoliberales de producción de conocimiento, regidos por planes de categorizaciones y de incentivos, que envuelven a nuestros investigadores en el estrecho mundo de la producción de papers y ponencias sobre infinidad de temáticas que por su cosmopolitismo y falta de direccionalidad -en muchos casos- no conducen a nada.
El modelo de los 90 era devoto de aquella Universidad Isla que aún hoy se sigue reproduciendo. Una Universidad autocomplaciente que produce un conocimiento para sí misma, ajena a cualquier tipo de problemática nacional. La extensión universitaria ocupaba un rol totalmente secundario. Javier Lorca, periodista de Página/12, graficaba muy bien esta situación cuando decía que la extensión universitaria era la “hermanita pobre de la docencia y la investigación”. En todo caso, “la extensión universitaria” había sufrido un proceso de resignificación importante:
“Las actividades de extensión universitaria proliferan en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, con una oferta bastante curiosa: hay desde programas solidarios y comunitarios, hasta cursos de platería, cría de carpinchos y clases de esloveno, por mencionar algunos. El problema es que no hay un marco que regule su funcionamiento, ni tampoco cuentan con financiamiento, por lo que muchas actividades resultan aranceladas a veces para autofinanciarse, a veces para generar recursos.” (14)
Si bien este modelo fue resistido por amplias movilizaciones estudiantiles, como aquellas que resistieran la promulgación de la Ley de Educación Superior en 1995, logró imponerse con mucha fuerza. También encontró importantes excepciones. Por mencionar algunas, se conforma en el año 2000 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA el Plan Fénix como usina de pensamiento de una planificación económica alternativa al modelo neoliberal. La Universidad comenzaba a encontrarse con la Nación, pensaba nuestras problemáticas y rompía los moldes del Pensamiento Único. También expresaron excepciones importantes los modelos de planificación de algunas universidades como la de Lanús, que desde sus inicios comienza a romper los muros facultativos para encontrarse con la población y sus problemáticas cotidianas, incorporándolas a la formación profesional.
Los pilares de este modelo todavía tienen cimientos fuertes en la actualidad, si bien empiezan a cuestionarse cada vez con más fuerza. El debate en torno a la derogación de la Ley Universitaria Neoliberal y la implementación de una nueva Ley acorde al Proyecto Nacional en marcha es un paso en ese sentido. Otro aporte importante en dar por tierra con el enclaustramiento universitario es sin dudas el Programa de Voluntariado Universitario, que vuelve a plantear con fuerza (esta vez como iniciativa del Ministerio de Educación pero con una importante respuesta de la comunidad académica) el imbricamiento necesario entre la Universidad y la sociedad, obligando a pensar desde cada especificidad académica las problemáticas nacionales y cotidianas de nuestro Pueblo. El Programa fortalece una formación profesional con sentido social a la vez que implica una devolución en términos institucionales de la Universidad respecto de la sociedad. Es positivamente disruptivo del modelo enclaustrado y elitista que se venía forjando en los últimos 30 años.
Democratización
El proceso de reconstrucción nacional en marcha abre la necesidad de resignificar el rol de la Universidad y su misión como institución; desarrollar su inmenso potencial en esta nueva etapa que se abre en la Argentina; repensar la articulación entre extensión, investigación, docencia y los desafíos de la coyuntura. En suma, poner nuestra ciencia y la capacidad creadora de los recursos humanos que le dan vida, a disposición de un proyecto de país fundado en valores de justicia social y soberanía nacional.
La Universidad no fue ajena a la salvaje ofensiva neoliberal que atravesó a nuestra Patria durante la década de los 90. Al latido de las premisas del Banco Mundial, se produjo un profundo proceso de mercantilización del conocimiento, desculturización, elitización y progresiva privatización de la educación pública en todos sus niveles. Revertir este proceso implica no sólo luchar por mayor presupuesto para la Universidad, por democratizar su estructura o por cambiar el elenco estable que la gestiona desde hace más de 20 años. La verdadera reforma no es defender solamente un ingreso formalmente irrestricto (condición necesaria, pero no suficiente), si no construir una sociedad donde el ingreso a la Universidad sea realmente irrestricto, donde el hijo del obrero pueda egresar como ingeniero.
Se hace necesaria la construcción de una Universidad donde autonomía signifique la necesaria independencia de las administraciones de turno, pero nunca la desafección de su responsabilidad en el devenir de las mayorías sociales y del destino nacional: el reclamo por la mera autoreproducción de una institución/fábrica de profesionales liberales ya no puede ser el único norte de las reivindicaciones de sus miembros, sin caer en la negación de la realidad circundante o en un abierto cinismo.
En este marco, el tan mentado debate en torno a la democratización merece una mirada que dé cuenta de las contradicciones que atraviesan las visiones más atadas a un autonomismo conservador; para más de un sector, coartada para recusar el contralor del Estado defendiendo privilegios y negociados; para otros, y en el mejor de los casos, para sostener posiciones pretendidamente transformadoras, que en el fondo son emergentes de una concepción elitista que desconoce la necesaria imbricación entre el proceso de transformación de una institución estatal (la Universidad), y la dinámica general del cambio social.
Reducir la discusión en torno a la democratización de las altas casas de estudios a la paridad docente estudiantil en los órganos de co-gobierno, implica ocluir por medio de reivindicaciones sectoriales, el necesario e ineludible debate en torno a la formidable contradicción que atraviesa una institución sostenida con el trabajo diario de las mayorías sociales, a la que sólo puede acceder un sector minoritario de la sociedad.
La respuesta al problema de la Universidad, articula la necesidad de democratizar su vida interna y desplazar las camarillas que lucran con su autismo, con la resolución del nudo gordiano que atraviesa nuestro devenir como Nación: “O inventamos o erramos”. O construimos un proyecto de país soberano, de y para las mayorías sociales, o volvemos al neoliberalismo excluyente y desintegrador.
Sin la comprensión de esta disyuntiva del presente, todo intento de “democratización”, merece ser puesto en cuestión en tanto atajo para la ruptura de una hegemonía al interior del sistema universitario, para la imposición de otra; ambas, más allá de autodeclamadas pretensiones transformadoras, ajenas a la resolución del drama social que nos atraviesa como Nación.
Las Organizaciones Sociales
Para proponer políticas eficaces que relacionen a la Universidad con las organizaciones sociales, tenemos que profundizar en una definición y una descripción de estas organizaciones, en el rol que cumplieron históricamente y en su rol actual. También en su grado de inserción social, para delimitar el alcance de estas políticas en la tarea de relacionar la Universidad con las necesidades nacionales y sociales.
En un sentido amplio, las organizaciones sociales incluyen a los sindicatos de trabajadores, a los movimientos de desocupados, a las asociaciones profesionales, a los organismos de Derechos Humanos, a los movimientos en defensa del medio ambiente, a las organizaciones de género y a cientos de organizaciones no gubernamentales con distintos objetivos (explícitos o no). Pero si pretendemos focalizarnos en el desarrollo de propuestas de interacción que permitan derribar los muros del aislamiento entre la Universidad y la sociedad tendremos que detenernos en el análisis de las que resultan más relevantes por su grado de inserción social y por el potencial que podríamos desplegar a partir de vincularlas con nuestras universidades.
Las organizaciones que surgieron de la resistencia al neoliberalismo, principalmente como movimientos de desocupados, evolucionaron por distintos caminos a medida que la recuperación del empleo les impuso una transformación.
Durante los años de la hiperdesocupación, se adueñaron de las rutas y de las calles para reclamar trabajo y confrontar contra un modelo que excluía a la mayoría de la población. Obtuvieron la implementación de distintos planes de emergencia que fueron inicialmente otorgados a quienes protagonizaban la confrontación y luego del colapso del 2001 fueron generalizados a millones de “jefes y jefas de hogar”.
A partir de la salida de la crisis, las organizaciones sociales, algunas oficialistas, otras opositoras, ampliaron el marco de su accionar, incorporando la implementación de las políticas de inclusión social que el Estado generó al irse superando la emergencia. Principalmente las políticas de subsidios y asistencia para emprendimientos productivos, que permitieron la conformación de cooperativas y la inclusión en el trabajo de miles de personas. Las necesidades que surgen de estos proyectos son múltiples: se necesita apoyo para la gestión, para la capacitación, para la incorporación de tecnología, para el estudio de la factibilidad económica de los proyectos, etc. En este campo, las Universidades pueden aportar a cubrir todas estas necesidades. Ya se han llevado adelante muchos convenios con distintas universidades y facultades que permiten demostrar el potencial de esta interacción.
Universidad y Organizaciones Sociales
Desde la perspectiva que sostenemos, las organizaciones sociales, entendidas como factor dinámico emergente del proceso de recomposición social que estamos atravesando en nuestra Patria, cifran su potencial aporte en la apertura de las universidades al protagonismo tanto de la comunidad como de otras instancias del Estado, en la definición de sus contenidos, métodos de enseñanza y definición de líneas de investigación.
De esta manera, la creación de Consejos Sociales, y otras instancias de planificación del sistema educativo superior en íntima relación con las organizaciones sociales, gremiales, económicas, entre otras, implicarían un primer aporte en la redefinición de un proceso de democratización entendido como progresivo involucramiento de los sectores populares en las decisiones del gobierno universitario, y en la disputa de sentido en torno a la responsabilidad de profesionales y futuros profesionales en la tríada “universidad - reconstrucción nacional - bienestar de las mayorías populares”.
La implementación del Servicio Social Universitario, una práctica institucionalizada en varios países de América Latina como México o Venezuela, es otro mecanismo que permitiría profundizar la interacción entre la Universidad y las organizaciones sociales. El Servicio Social Universitario permitiría: a) desarrollar en los estudiantes los valores de la solidaridad y el compromiso con el bienestar colectivo; b) integrar el conocimiento teórico práctico aprendido en las aulas con una experiencia cognitiva desarrollada de manera interdisciplinaria y en contacto con las problemáticas más acuciantes del país; c) profundizar la relación entre la Universidad y los problemas nacionales, permitiendo generar un vínculo de retroalimentación entre las funciones de extensión, docencia e investigación, que facilitará readecuar los contenidos curriculares y las tareas de investigación en función de las necesidades y desafíos del proceso de desarrollo nacional; d) la democratización crecientemente de la Universidad: democratización de saberes y tecnologías, democratización de las formas de construcción de esos saberes a partir de incorporar los saberes y experiencias populares, democratización a partir de reestructurar la Universidad en base a las necesidades nacionales, democratización a partir de integrar al conjunto de la comunidad universitaria y a la comunidad toda, al proceso de elaboración de una universidad nueva; e) promover el trabajo interdisciplinario, como forma de abordaje de la realidad; f) desarrollar conocimiento y tecnologías vinculadas al desarrollo nacional, ejerciendo una verdadera soberanía cognitiva o autonomía científica; g) promover la planificación estratégica del Sistema de Educación Superior, detectando las demandas nacionales y orientándose en función de las mismas, a la vez que incorporando a los distintos actores sociales y estatales en el diagnóstico, elaboración y ejecución de las distintas políticas.
La relación entre las universidades nacionales y las organizaciones sociales puede, sin duda, constituirse en una de las claves para la dinamización del proceso de desarrollo social y productivo del país, generando un vínculo de retroalimentación que permita integrar a la Universidad de manera activa y crítica en el proceso de reconstrucción nacional, jerarquizándola y adecuándola en tanto factor de desarrollo social y productivo; y que fortalezca los niveles organizativos populares, cooperando en la resolución de las grandes problemáticas sociales y nacionales.
En este sentido, el investigador brasilero Renato Dagnino, propone el concepto de exvestigación, construir conocimiento “hacia afuera”, junto a los estudiantes y los movimientos sociales, un conocimiento orientado hacia los problemas. Esto permitirá diseñar una política científica y tecnológica autónoma, que atienda a nuestras necesidades y que valorice las funciones de extensión como creadoras de conocimiento, contra aquellas concepciones de evaluación académica que sólo privilegian la contabilización de artículos en revistas internacionales.
Por todo esto, el nuevo modelo universitario no puede surgir sino de un intenso vínculo con el proceso de transformaciones abierto en nuestra patria. Porque, como escribió José Martí en Impresiones de América: “… al mundo nuevo corresponde la Universidad Nueva…”
