La embestida y las reaccionesDurante los primeros días de gestión, Kestelboim se dispuso a terminar de inmediato con todo vestigio de “continuismo” en la Facultad. En un sentido amplio el término “continuismo”, de uso corriente en la militancia peronista de izquierda, aludía a las maniobras desplegadas por funcionarios o cuadros medios vinculados al último régimen militar que intentaban permanecer en distintos organismo estatales una vez asumido el “nuevo gobierno popular” (13). En el caso particular de la Facultad de Derecho la “lucha contra el continuismo” representó un vasto repertorio de acciones tendientes a desplazar al establishment profesoral y promover en su lugar cuadros académicos provenientes del peronismo de izquierda y de sectores afines. Expulsiones, cesantías, juicios académicos fueron algunos de los recursos que utilizó la intervención, dando así comienzo a un conflictivo proceso de exclusiones, en cierta forma equivalente al que ocho años antes había servido para desplazar al peronismo de la Universidad. En muchos casos ese proceso de depuración, legalmente sancionado, era producto de la presión directa ejercida por el sector estudiantil (fundamentalmente la JUP), principal aliado de Kestelboim en esta drástica empresa de transformación institucional. Así, en los primeros días de junio del 73, distintas agrupaciones estudiantiles intentaron “barrer con los últimos vestigios del continuismo”, irrumpiendo en aulas y exigiendo las renuncias de numerosos docentes (14). Fundamentalmente, el blanco de estas acciones eran aquellos profesores que habían integrado el Poder Judicial durante el último régimen dictatorial, desempeñado funciones en la Corte Suprema de Justicia (como Luis Carlos Cabral, Eduardo Marquardt y Marco Aurelio Risolía), o por haber sido miembros de la Cámara Federal en lo Penal, más conocida como “Cámara del Terror” o “Camarón” (por ejemplo Jaime Smart, Eduardo Munilla Lacasa, Vergara, Gabino Salas, César Black), o bien por pertenecer al gabinete de la “Revolución Argentina” (como el caso del ex – Ministro de Justicia de Lanusse, Gervasio Colombres). Pero también esta política de exoneración, legitimada como “lucha contra el continuismo”, alcanzó al ex – decano, Alberto Rodríguez Varela de la Facultad de Derecho (15), a todos los directores de institutos de investigación y centros de estudio (16) y al conjunto de profesores que en el ejercicio liberal de la profesión se desempeñaban como abogados de empresas de capital extranjero o multinacionales (como, por ejemplo, Roberto Aleman, Estanislao del Campo Wilson, Ricardo Zorraquín Becú o Horacio García Belsunce, éste último además funcionario de la última dictadura milita) (17). Además, muchos otros docentes por compartir redes de relaciones sociales o laborales (por lo general, ser socios de un estudio jurídico) presentaron sus renuncias en solidaridad con los profesores expulsados. Tanto el diario “La Nación” como “La Prensa” publicarán regularmente la lista de los profesores exonerados, se harán eco de sus denuncias y en varias notas editoriales condenaran estos hechos (18). En una editorial publicada por esos días, en la que se hacía mención a la destitución de estos profesores en Derecho, La Prensa afirmaba que: “lo más grave fueron los vejámenes que grupos de revoltosos, integrados por algunas personas extrañas a la facultad, infligieron a profesores, impidiéndoles el cumplimiento de sus tareas, sometiéndolos a inconcebibles ‘juicios’, insultándolos o directamente expulsándolos por la fuerza” (19).
Con el objetivo de consumar este vasto proceso de recambio institucional las autoridades de la Facultad utilizaron dos grandes vías para reclutar nuevos docentes. Por una parte, se auspicio la incorporación de una generación de abogados jóvenes, la mayoría de ellos con una importante participación en la defensa de presos sociales y políticos desde mediados de los 60, pero con escasos o nulos antecedentes académicos. Estos profesionales no sólo compartían con la nueva gestión una misma manera de entender la actividad profesional articulada a un compromiso político, sino una forma semejante de concebir el derecho como un “saber burgués”, destinado a la conservación y reproducción de las relaciones de dominación existentes.
Por su parte, el otro mecanismo que la intervención puso en marcha fueron dos medidas tendientes a reparar lo que consideró como “viejas injusticias”: la reincorporación de docentes cesanteados en 1955 (como el caso del Ministro de Justicia Dr. Antonio Benítez o el constitucionalista Arturo Sampay) y la reintegración de quienes había renunciado en 1966 (como los casos del Ministro de la Corte de Justicia Héctor Masnatta, Carlos Fayt, Juan C. Rubinstein). Esta estrategia tendiente a impulsar el retorno de profesores que habían dejado la Facultad en contextos políticos tan diferentes (como el del año 55 y el año 66) parecía estar encaminada a la invención de una “tradición selectiva” (20), capaz de proveer al proceso de transformación institucional en marcha de una tradición prestigiosa y diferenciada respeto del establishment profesoral.
En un contexto institucional atravesado por fuertes tensiones, las reacciones ante las iniciativas generadas por la intervención no tardaron en llegar. La agrupación estudiantil el Ateneo de Derecho expresaba que de todas las unidades académicas de la UBA: “ninguna ha sido víctima de un ataque más despiadado y blanco de agresiones más groseras que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El discurso que el señor Puiggrós puso en posesión del cargo al delegado, por ejemplo, es el mayor agravio que se le ha inferido en su historia ya secular” y por último destacaba que los estudiantes de distintas ideologías agrupados en la entidad “repudiamos esas palabras, como asimismo los actos de fuerza que se han perpetrado impunemente contra dignos profesores de la casa” (21). Por su parte, la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho expresaban que “el delegado Kestelboim carece de antecedentes académicos para el desempeño del cargo” y agregaba que “hace alarde de su ideología política, permite y fomenta las agresiones de palabra y de hecho contra los profesores de la casa, designa profesores y docentes sin más mérito que la afinidad ideológica y autoriza la colocación en aulas y salones de afiches totalmente ajenos a la actividad universitaria” (22). También el tradicional Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, organismo profesional que agrupaba a la mayoría de los profesores expulsados, emitió una serie de comunicados señalando “su preocupación por lo que sucede en la Universidad de Buenos Aires, en todas sus escuelas, y especialmente en la Facultad de Derecho” y destacaba que “el agravio falaz inferido por las nuevas autoridades universitarias a sus ilustres fundadores y egresados, se suman las vejaciones a que han sido sometidos prestigiosos profesores ante la indiferencia de quienes tienen el deber de ampararlos en sus cátedras” (23).
La conformación de un imaginario profesional
A su vez, el proceso de exoneración se combinó con una serie de medidas tendientes a forjar un nuevo imaginario profesional identificado con lo “nacional, lo popular y lo revolucionario”. La revista Militancia, dirigida por los abogados defensistas Rodolfo Ortega Peña y Eduardo L. Duhalde, claramente identificada con la gestión, en una nota titulada “Facultad de Derecho. Reducto de la oligarquía en manos revolucionarias” resumía algunas de estas medidas por las que, por ejemplo, se designaba al Instituto de Derecho de la Facultad con el nombre “Mártires Hermanos Ross”, en homenaje a los abogados peronistas fusilados el 9 de junio de 1956; se restituía en el frente del edificio la inscripción de la inauguración de la Facultad puesta por Perón; se denominaba el aula magna como “Evita” y se revocaba la resolución de julio de 1956 que autorizaba a la “conservadora” y “elitista” Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales a tener un espacio en la Facultad, destinado a difundir sus actividades (24).
Este intento de constituir una nueva identidad profesional se prolongó con la promoción de consultorios jurídicos en barrios y villas de emergencia, con el objeto de poner al futuro abogado en contacto con otros ámbitos y sectores sociales (25). Esa fue la misma línea que presidió, incluso, la derogación del curso de ingreso eliminatorio por otro proyecto de reforma del ciclo básico sin restricciones. Dicho proyecto presentado por los abogados Mario Diehl y Jamilah Nader, miembros de la Asociación Gremial de Abogados, impulsaba la realización de trabajos de campo para que: “el alumno tome contacto con una situación concreta (...) y adquiera conciencia de las formas en que el derecho arcaico vigente en la patria legitima situaciones de explotación y dependencia” (26). Para tal fin los ingresantes debían “estudiar la estructura y la forma de vida actual de la familia en la clase trabajadora y en la clase dominante” y analizar la punibilidad e impunibilidad de los delitos en ambos casos. También el proyecto contemplaba el análisis de otros tópicos tales como la impunibilidad de los delitos de las empresas multinacionales o la represión política, a través de películas y narraciones de militantes que sufrieron persecución y torturas (27).
El conflicto final: la modificación del plan de estudios
Contando con el soporte político de un sector docente y del claustro estudiantil dominado por la JUP (28), quienes en periódicas asambleas y movilizaciones convalidaban el rumbo adoptado por la nueva gestión, la intervención avanzó en otros temas sensibles que rápidamente se convertirían en un nuevo foco de conflictivo: la reforma del plan de estudios. A comienzos del año 74 por resolución 153, el Secretario General a cargo de la Intervención de la UBA, Ernesto Villanueva (29), en ejercicio de las funciones del Consejo Superior, sancionaba un nuevo plan de estudios para las carreras de abogacía y procuración. Dicha resolución se basaba en la nº 1463 dictada por el Delegado Interventor de la Facultad de Derecho. En términos generales, el nuevo diseño curricular reforzaba las materias relacionadas con problemáticas socio-políticas (por ejemplo, “Elementos de Ciencia Política”, “Historia Social Argentina” o “Problemas Sociales Argentinos”) y simplificaba algunas asignaturas (como por ejemplo Derecho Civil que se reducía a tres cursos en lugar de cinco), en relación con el plan anterior. Este, sin modificaciones sustantivas, había regido la enseñanza del derecho desde 1923. Esa continuidad en el tiempo era reivindicada por el diario “La Nación” que en una editorial señalaba: “que la mayoría de los abogados egresados de la Facultad de Derecho local desde 1928 en adelante han actuado o siguen haciéndolo como profesionales, juristas, magistrados, diplomáticos, estadistas u hombres de empresa, se formaron bajo la vigencia de ese plan” (30).
El comienzo del nuevo ciclo lectivo bajo este nuevo plan, generó la reacción del grupo de profesores opositores a la intervención, lo que motivo la renuncia de varios de ellos y la presentación de una carta al Ministro de Educación mediante la cual se solicitaba “la adopción de urgentísimas medidas ante daños gravísimos e irreparables que afectan a nuestra facultad". En la nota se calificaba al nuevo plan de “clandestino”, “injustificado”, “imprudente” e “irrazonable” y se preveía que la puesta en marcha del mismo generaría una: “drástica disminución del nivel científico y pedagógico de los estudios jurídicos que causará daños irreparables a los estudiantes que deben sujetarse a él, al futuro ejercicio de la magistratura judicial y de la abogacía, y, a la postre al propio país” (31).
En un momento político marcado por la fuerte disputa entre la Tendencia Revolucionaria y el propio presidente Juan D. Perón, el Ministro Taiana dio lugar a la nota presentada por los profesores y derogó el nuevo plan de estudio. De todas maneras, Kestelboim no acató la decisión ministerial y amparado por la ley 17.245, por la cual era el Consejo Superior (cuyas funciones había asumido el Interventor de la UBA) el encargado de decidir sobre su aplicación, decidió su puesta en práctica. Era evidente que la magnitud del conflicto trascendía al grupo de profesores opositores y alcanzaba al Ministerio de Educación. En realidad, este nuevo frente de conflicto abierto con el Ministerio había tenido su primer capítulo meses atrás cuando éste, por presión del propio partido peronista, decidió aplicar la ley de prescindibilidad a Ortega Peña y Duhalde, por las críticas que éstos desde Militancia lanzaban al gobierno. Luego de la muerte de Perón, en un contexto de frecuente e inusitada violencia en el que la Facultad se convirtió en escenario de amenazas, tiroteos y hasta intentos de secuestros, Kestelboim decidió renunciar en oposición a la decisión de Montoneros de pasar a la resistencia armada. Quedaba definitivamente clausurado, de esta manera, uno de los intentos más elocuentes de instaurar un modelo de universidad nacional y popular en la UBA.
Notas
13 Un trabajo que explora y describe la lucha contra el continuismo durante el gobierno de Cámpora, es el de Nievas, F. “Cámpora: primavera-otoño. Las tomas”, en Pucciarelli, A. (comp.) La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en los tiempos del GAN, Bs. As., Eudeba, 1999.
14 Un amplio panorama de la política estudiantil en la UBA puede encontrarse en Bonavena, P. “El movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires durante el gobierno de Cámpora” (mimeo).
15 Alberto Rodríguez Varela renunció al cargo de Decano de la Facultad de Derecho un día después del triunfo electoral de Cámpora; La Nación, 14/3/73.
16 La medida alcanzaba a 12 institutos de Investigación, 1 Centro de Estudios; La Prensa, 3/7/73.
17 Un mes después, el interventor de la UBA Rodolfo Puiggrós declaraba incompatible el ejercicio docente con el desempeño de funciones jerárquicas o de asesoramiento remuneradas o no al servicio de empresas extranjeras y conglomerados multinacionales; La Nación, 18/7/73.
18 Este último en su nota de renunciaba afirmaba “la deplorable situación de subversión que reina en la facultad consentida por esa intervención” señalando por último que “me resisto a consentir en silencio la entrega de la UBA al marxismo en sus más violentas expresiones”.
19 La Prensa, 14/6/73, p. 6.
20 Tomamos el concepto de “tradición selectiva” de Williams, R.; Marxismo y literatura, Barcelona, Ediciones Península, 1980. Williams entiende la “tradición selectiva” como “una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social”; p.137.
21 La Nación, 23/6/73, p. 12.
22 La Nación, 5/7/73; p. 14.
23 La Prensa, 20/6/73; p. 4.
24 En relación con la expulsión de la Academia de Derecho, en una declaración pública firmada por el Interventor de la UBA y los delegados de cada Facultad se explicaba que: “este Instituto realiza como principal tarea científica, la de convocar periódicamente al almirante Rojas a hacer conocer sus opiniones al país. Esta integrada por una parte de los miembros del gabinete y asesores de la mal llamada revolución libertadora. Para tan digna tarea ocupaba durante todo el año un espacio necesario para la actividad docente por lo que se resolvió la cancelación de la autorización”; La Nación, 13/6/73, p. 10.
25 La Prensa, 18/7/73; p.5.
26 La Nación, 6/7/73; p. 4.
27 Ibidem.
28 Las elecciones estudiantiles en la UBA se realizaron a fines de noviembre del 73 y la JUP ganó en casi todas las Facultades que se había presentado, sacando el 44% de los votos. En la Facultad de Derecho la JUP sacó 3.630, en segundo lugar quedó Franja Morada con 2.396 votos y tercera el Movimiento de Orientación Reformista (MOR) con 804. Luego quedaron la Juventud Socialista de Avanzada (183), la TERS (135), la AUN (89 votos) y FAUDI-TUPAC (82).
29 Puiggrós presentó su renuncia al cargo de Interventor de la UBA el 2 de octubre. En su lugar fue propuesto Alberto Banfi, quien por presión de la JUP renunció antes de hacerse cargo de sus funciones. Luego de varios días de indefiniciones, el Secretario General, Ernesto Villanueva quedó a cargo de la Intervención hasta que Oscar Ivanissevich se hizo cargo del Ministerio de Educación, el 13 de agosto de 1974.
30 La Nación, 27/2/74; p. 6.
31 La Nación, 1/3/74; p. 3.
* El presente texto es una selección realizada sobre la ponencia del mismo nombre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario