El documento “Bases para la Nueva Universidad” fue elaborado en los primeros años de la década del 70 y se constituyó en el programa de transformaciones impulsadas en la Universidad Nacional de La Plata en los años 1973 y 1974, tras la asunción de Cámpora como presidente de los argentinos.
El proyecto planteaba centralmente que la ciencia, la enseñanza y la investigación debían estar vinculadas a las demandas y objetivos nacionales, “… por cuanto la Universidad que queremos es parte inseparable del país que anhelamos; en él se inspira, en él se inserta y a él sirve.”
Una de sus principales propuestas era la creación del “Departamento Central Docente de Planificación, Investigación y Enseñanza Superior”, el cual era considerado “… el núcleo central y basamento de la Nueva Universidad”. Tenía por fin concentrar el poder planificador de la investigación y la enseñanza, y entre sus objetivos estaban el de “… receptar las necesidades nacionales en torno a la actividad universitaria y poner a esta en función de aquella.” Dicho organismo incorporaría representantes extrauniversitarios en función de lograr una mayor eficacia para servir a los intereses nacionales.
También se planteaba la creación de grupos de trabajo interdisciplinario, que llevarían adelante los proyectos de investigación propuestos, y en los cuales darían su experiencia estudiantes y egresados como requisito obligatorio. En este sentido, en el mismo documento se afirmaba que “… los estudiantes dejarán de ser sujetos extraídos temporariamente de la sociedad nacional para cumplir un proceso educativo que empieza y termina al margen de la misma, para asumir íntimamente tareas creativas de aquella, como experiencia práctica fundamental y determinante de su formación política, cultural, científica y técnica.” Coordinaría los proyectos de investigación un Instituto Central de Investigación, que se vincularía con organismos estatales y demás estructuras universitarias.
Esta propuesta se inscribía en una concepción de la enseñanza que afirmaba el derecho de toda la población a acceder a la educación, por lo tanto, sus estructuras y mecanismos deberían articularse “… de manera tal que progresivamente le permitan acercarse al ideal de llegar a todos los habitantes de la nación.” Y haciendo referencia a la necesidad de romper el cerco que cierra a la universidad en sí misma, proponía que la enseñanza se realizara todo lo más posible sobre el objeto que se deseaba aprehender y en el cual iban a incidir sus frutos, esto es, la sociedad nacional. Al respecto agregaba: “Por lo tanto, la enseñanza no puede ser sino un aprendizaje y un entrenamiento que se desarrolle en el seno mismo de la actividad creadora y productiva de la Sociedad Nacional.” De esta manera, la universidad debía exclaustrarse, “… llegando con contingentes de sus integrantes a todos los sectores donde se desarrollen actividades sociales, económicas, políticas, administrativas, etc., de las cuales tenga algo que extraer y para actuar sobre ellas, mejorándolas o aumentando su índice de eficacia social.” La consigna era “… convertir a todo el país en el escenario de la enseñanza…”
El Departamento Central de Planificación (DECEPLA) fue creado y puesto en marcha mediante la Resolución N 608/73 firmada el día 20 de julio de 1973 por el interventor, el Secretario de Asuntos Académicos Guillermo Cendagorta, y el Secretario de Supervisión Administrativa Rodolfo F. Achem. Carlos Miguel fue designado director de este organismo.
Si bien la experiencia de implementación del Proyecto de Nueva Universidad tuvo una breve duración, ya que fue interrumpida violentamente en octubre de 1974 con el asesinato de Rodolfo Achem y Carlos Miguel, podemos considerar que implicó una ruptura sustancial con relación al viejo modelo reformista liberal. Destacamos aquí dos de sus principales características innovadoras. La primera de ellas, la incorporación efectiva de la idea de planificación, expresada en el Departamento Central de Planificación, desde el cual se impuso “… la centralización y planificación como control del conjunto frente a la decisión anárquica e individual de los ‘dueños del conocimiento’.” Se partía de considerar a la universidad como un todo único, frente al concepto de la vieja universidad que se expresaba a través de la estructura de cátedra, independientemente de toda política común.
La obligatoriedad de realizar tareas de investigación como requisito para la graduación es el otro elemento saliente del proyecto. Esto implicaba trastocar la concepción liberal de la ciencia, y las formas organizativas que se deducían de la misma: “… los equipos de investigación tenían que ser abiertos, no cerrados como son ahora… El estudiante tenía que ir haciendo práctica y experiencia de investigación e integrarse a los equipos de investigación.” Esta cuestión tenía una dimensión política: la vinculación de los estudiantes con la realidad y las problemáticas nacionales; pedagógica: la integración del conocimiento teórico y la vinculación temprana a la investigación; y social: los aportes producidos por investigaciones vinculadas al desarrollo social y productivo del país devolvían a la sociedad el trabajo que ésta invertía en el sostenimiento de la universidad.
“Las medidas aisladas, sin contexto global, los programas segmentados sin visión de conjunto, los dimensionamientos meramente cuantitativos y geográficos sin esquemas de unidad global ni ponderación de recursos humanos y financieros, la prevalencia de una tecnocracia vacía por falta de objetivos, la adopción de resoluciones presionadas por impulsos circunstanciales de intereses sectoriales…”(1), todo esto sigue aún hoy caracterizando al ámbito universitario. Tal vez sea tiempo de abrir verdaderamente la universidad a la posibilidad de vertebrarse en toda su potencialidad en función de proyectos integrales, sobre la base del debate y la voluntad de construir consensos que reflejen la diversidad y la proyecten en una orientación real y sistemática hacia el desarrollo social, cultural y productivo de nuestra patria.
(1) Cámpora, H. La Revolución Peronista, EUDEBA, Buenos Aires, 1973, pp. 158-159.
El proyecto planteaba centralmente que la ciencia, la enseñanza y la investigación debían estar vinculadas a las demandas y objetivos nacionales, “… por cuanto la Universidad que queremos es parte inseparable del país que anhelamos; en él se inspira, en él se inserta y a él sirve.”
Una de sus principales propuestas era la creación del “Departamento Central Docente de Planificación, Investigación y Enseñanza Superior”, el cual era considerado “… el núcleo central y basamento de la Nueva Universidad”. Tenía por fin concentrar el poder planificador de la investigación y la enseñanza, y entre sus objetivos estaban el de “… receptar las necesidades nacionales en torno a la actividad universitaria y poner a esta en función de aquella.” Dicho organismo incorporaría representantes extrauniversitarios en función de lograr una mayor eficacia para servir a los intereses nacionales.
También se planteaba la creación de grupos de trabajo interdisciplinario, que llevarían adelante los proyectos de investigación propuestos, y en los cuales darían su experiencia estudiantes y egresados como requisito obligatorio. En este sentido, en el mismo documento se afirmaba que “… los estudiantes dejarán de ser sujetos extraídos temporariamente de la sociedad nacional para cumplir un proceso educativo que empieza y termina al margen de la misma, para asumir íntimamente tareas creativas de aquella, como experiencia práctica fundamental y determinante de su formación política, cultural, científica y técnica.” Coordinaría los proyectos de investigación un Instituto Central de Investigación, que se vincularía con organismos estatales y demás estructuras universitarias.
Esta propuesta se inscribía en una concepción de la enseñanza que afirmaba el derecho de toda la población a acceder a la educación, por lo tanto, sus estructuras y mecanismos deberían articularse “… de manera tal que progresivamente le permitan acercarse al ideal de llegar a todos los habitantes de la nación.” Y haciendo referencia a la necesidad de romper el cerco que cierra a la universidad en sí misma, proponía que la enseñanza se realizara todo lo más posible sobre el objeto que se deseaba aprehender y en el cual iban a incidir sus frutos, esto es, la sociedad nacional. Al respecto agregaba: “Por lo tanto, la enseñanza no puede ser sino un aprendizaje y un entrenamiento que se desarrolle en el seno mismo de la actividad creadora y productiva de la Sociedad Nacional.” De esta manera, la universidad debía exclaustrarse, “… llegando con contingentes de sus integrantes a todos los sectores donde se desarrollen actividades sociales, económicas, políticas, administrativas, etc., de las cuales tenga algo que extraer y para actuar sobre ellas, mejorándolas o aumentando su índice de eficacia social.” La consigna era “… convertir a todo el país en el escenario de la enseñanza…”
El Departamento Central de Planificación (DECEPLA) fue creado y puesto en marcha mediante la Resolución N 608/73 firmada el día 20 de julio de 1973 por el interventor, el Secretario de Asuntos Académicos Guillermo Cendagorta, y el Secretario de Supervisión Administrativa Rodolfo F. Achem. Carlos Miguel fue designado director de este organismo.
Si bien la experiencia de implementación del Proyecto de Nueva Universidad tuvo una breve duración, ya que fue interrumpida violentamente en octubre de 1974 con el asesinato de Rodolfo Achem y Carlos Miguel, podemos considerar que implicó una ruptura sustancial con relación al viejo modelo reformista liberal. Destacamos aquí dos de sus principales características innovadoras. La primera de ellas, la incorporación efectiva de la idea de planificación, expresada en el Departamento Central de Planificación, desde el cual se impuso “… la centralización y planificación como control del conjunto frente a la decisión anárquica e individual de los ‘dueños del conocimiento’.” Se partía de considerar a la universidad como un todo único, frente al concepto de la vieja universidad que se expresaba a través de la estructura de cátedra, independientemente de toda política común.
La obligatoriedad de realizar tareas de investigación como requisito para la graduación es el otro elemento saliente del proyecto. Esto implicaba trastocar la concepción liberal de la ciencia, y las formas organizativas que se deducían de la misma: “… los equipos de investigación tenían que ser abiertos, no cerrados como son ahora… El estudiante tenía que ir haciendo práctica y experiencia de investigación e integrarse a los equipos de investigación.” Esta cuestión tenía una dimensión política: la vinculación de los estudiantes con la realidad y las problemáticas nacionales; pedagógica: la integración del conocimiento teórico y la vinculación temprana a la investigación; y social: los aportes producidos por investigaciones vinculadas al desarrollo social y productivo del país devolvían a la sociedad el trabajo que ésta invertía en el sostenimiento de la universidad.
“Las medidas aisladas, sin contexto global, los programas segmentados sin visión de conjunto, los dimensionamientos meramente cuantitativos y geográficos sin esquemas de unidad global ni ponderación de recursos humanos y financieros, la prevalencia de una tecnocracia vacía por falta de objetivos, la adopción de resoluciones presionadas por impulsos circunstanciales de intereses sectoriales…”(1), todo esto sigue aún hoy caracterizando al ámbito universitario. Tal vez sea tiempo de abrir verdaderamente la universidad a la posibilidad de vertebrarse en toda su potencialidad en función de proyectos integrales, sobre la base del debate y la voluntad de construir consensos que reflejen la diversidad y la proyecten en una orientación real y sistemática hacia el desarrollo social, cultural y productivo de nuestra patria.
(1) Cámpora, H. La Revolución Peronista, EUDEBA, Buenos Aires, 1973, pp. 158-159.
Este texto está extraído del trabajo "Bases para la Nueva Universidad: la experiencia nacional y popular en la UNLP 1973-1974" de Carlos Sozzani, agosto de 2007.
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