Antecedentes:
Los distintos miembros y grupos que componen la comunidad universitaria son tributarios de tradiciones institucionales y políticas de las más diversas.
También se reconocen en prácticas académicas y organizativas del dictado de la docencia, de investigación y de cumplimiento de su función social muy dispares entre sí. Lo propio se da al analizar los modos en que se recorren las tramas curriculares, si existen estructuras departamentalizadas o no, si existen autoridades de carreras o no cuando una misma facultad tiene más de una, si se mantiene la estructura de cátedra y cómo ellas están compuestas, sobre todo a la hora de enfrentar el acto educativo por excelencia que es el acto docente.
Por supuesto, esto configura una trama de identidades cruzadas basadas en idearios de la política universitaria, por las disciplinas científicas y profesionales, y en muchos casos por identidades partidarias externas a la vida de la universidad.
En este cuadro, contextualizado por el sempiterno atraso en la convocatoria a la asamblea universitaria tantas veces prometida, una situación económica por todos reconocida como de extrema dificultad y los procesos resultantes del complejo año 2006 en el seno de la UBA, nuestro sector político pone a consideración de la comunidad en general una serie de propuestas estatutarias tendientes a reconocer en la letra un fuerte espíritu de vocación universitaria.
El que lleve a la UBA a ser una casa de estudios de excelencia y masiva, que se inserte en la sociedad de la que se nutre y la mantiene, dialogando con ella de modo coordinado, que reconozca que tiene un deber que cumplir garantizando el derecho a la educación permanente para formar profesionales cabales, con pensamiento crítico y compromiso social, orientados en el respeto y promoción de los derechos humanos y el cuidado de nuestro hábitat.
Hubiéramos preferido una participación más masiva, que diera cuenta de la existencia de un demos universitario comprometido e insuflado de espíritu polémico en beneficio de la universidad. Sin embargo, las comisiones de trabajo han cumplido con su labor en forma metódica y minuciosa. Atendiendo a la totalidad de las problemáticas que un estatuto puede ofrecer. Rescatamos, por lo tanto, como un hecho altamente positivo que se convocara a trabajar a las comisiones de la asamblea, que las mismas se reunieran y discutieran el estatuto, y que cumplida esta etapa se convoque a la asamblea universitaria para analizar el trabajo realizado.
Con fuerte vocación de miembros universitarios, ofrecemos nuestras propuestas para debatir en forma abierta, democrática, invitando a que quienes no piensan igual que nosotros tengan la misma generosidad que queremos tener a la hora de establecer un marco institucional que dentro de décadas nos permita sentir orgullo porque habremos estado a la altura del desafío de la hora.
En concreto, y de acuerdo a los tópicos con los que las comisiones han sido convocadas, estas son nuestras propuestas:
En materia de bases y fundamentos de la Universidad de Buenos Aires, estamos proponiendo que la UBA tenga como fines la creación, producción, difusión y preservación del conocimiento y la cultura, interactuando en forma permanente con el pensamiento universal y prestando particular atención a los problemas argentinos y latinoamericanos.
Que en su obligación constitutiva contribuye al desarrollo del conocimiento y la cultura mediante la docencia, la investigación científica y tecnológica, la extensión y la creación artística.
Consagrar que en el marco de una Universidad masiva, ella es una comunidad de docentes (no sólo profesores), graduados, estudiantes y personal técnico, administrativo y de servicios.
Entre sus fines está el de procurar la formación integral de sus miembros e infunde en ellos el espíritu crítico, el compromiso ético y la responsabilidad social. Y entre sus misiones está la de garantizar la pluralidad y asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de expresión, investigación científica y docencia, promoviendo la plena vigencia de los Derechos Humanos y rechazando su avasallamiento.
En el mismo sentido, se proclama a la Universidad como la institución mediante la cual la sociedad da respuesta al derecho a la educación superior de cada uno de sus miembros, así como a los beneficios sociales que la docencia y la investigación pueden brindarle mediante la previsión, el análisis y la resolución de sus necesidades de un modo sistemático, comprometido y científicamente fundamentado. Éste es el espíritu con el cual debe organizar, tanto sus programas disciplinarios, cuanto sus tareas de transferencia y extensión.
En términos más ligados a lo institucional, se propone organizar el Ciclo inicial garantizando el derecho a la ciudadanía universitaria a los integrantes del actual CBC.
Nuestra propuesta hace énfasis en la consideración de la investigación y la extensión como actividades constitutivas de la condición del docente universitario y como parte del proceso formativo del estudiante universitario, esta última en forma solidaria con la sociedad de la cual forma parte, buscando a través de la producción y transferencia de conocimiento la resolución de problemas y desafíos de la sociedad que la misma demanda, para así colaborar en la ampliación del derecho a la educación del conjunto de la sociedad.
Entre los fundamentos de su obrar, proponemos que la Universidad debe brindar servicios académicos y sociales a la comunidad universitaria, que faciliten el acceso al conocimiento y las condiciones para la continuidad de los estudios. Por ello es su obligación procurar a los estudiantes bibliotecas actualizadas, salas de informática, instalaciones, alimentación y alojamiento adecuado y asistencia medica gratuita.
En los aspectos ligados a la actividad docente, nuestras propuestas atienden a garantizar el derecho al salario por el desempeño de sus trabajadores en la Universidad, así como plasmar que el desarrollo de esta actividad es ineludible sea cual fuere la dedicación y categoría que se posea.
Nuestros proyectos reconocen también el rol fundamental que tienen los docentes auxiliares en el dictado de clases y demás tareas que la Universidad desarrolla, por lo que se postula la jerarquización de su rol, comenzando por el cambio de nombre de su categoría para prestigiarlos como docentes.
Un tópico no menor, y que reconoce la necesidad imperiosa de democratizar el derecho a la ciudadanía universitaria, es aquel que atiende a la situación de los docentes interinos.
A la fecha, el estatuto sólo reconoce esta figura de modo residual. La concepción de la Universidad de hace cincuenta años no podría nunca imaginar el crecimiento masivo de la matrícula, el incremento de cantidad de docentes necesario para atenderla y las condiciones de incorporación a los planteles universitarios, sin perjuicio de los diseños de planes curriculares que hacen dificultosa su atención sólo con docentes concursados.
Las modificaciones propuestas al capítulo II del Título II tienden a eliminar la posibilidad que existan profesores sin concurso y ad-honorem. Se defiende al sistema de concursos públicos, abiertos, periódicos, y transparentes como sistema para la provisión del personal docente. Se tiende a eliminar la figura de ad-honorem como solución a la falta de personal docente rentado para satisfacer las necesidades del dictado de clases. Como excepción, se mantiene en el art. 54 a las categorías de profesores contratados o invitados y por tiempo limitado para facilitar el dictado de cursos especiales.
Sin perjuicio de las obligaciones incumplidas por distintas unidades académicas, lo cierto es que el derecho a la participación política en la vida universitaria es un derecho inalienable que ninguna rémora administrativa tiene derecho a frustrar. Por eso proponemos atender a la satisfacción de estos derechos, cuando aparezca de modo obvio que la falta de la condición de regular no se debe a la voluntad del docente, sino a la desatención de las unidades académicas.
En el marco de las propuestas que atienden a las previsiones presupuestarias, y en este caso por unanimidad de los miembros asambleístas que participaron de la comisión, estamos promoviendo la conformación del Consejo Superior como ámbito en el que se discutan pautas y directrices estratégicas para la UBA de carácter plurianual.
Asimismo, en forma meticulosa, estamos promoviendo criterios de transparencia y uniformidad de elaboración y rendición de los presupuestos, circunstancias que hoy no están previstas. Ello para todas las partidas, y para todos los intereses económicos que la Universidad posea en distintas entidades externas a ella.
En idéntico sentido se propone un conjunto de mecanismos de control de gestión transparente y oportuna. Esto es mucho más que una cuestión de técnica administrativa, sino que importa plasmar principios de acceso a la información pública en el seno del estatuto.
Consideramos además la incorporación de tres principios de importancia:
Uno es la clara y tajante incorporación al patrimonio de la UBA del cuidado de sus archivos documentales al considerarlos estatutariamente parte del mismo y seguido por sus reglas de preservación.
El otro principio que propusimos y se aceptó, fue la constitución del sistema de Bibliotecas de la Universidad como un servicio de apoyo para el aprendizaje, la docencia, investigación y demás actividades relacionadas con los objetivos institucionales de la Universidad, constituida por todos los fondos bibliográficos y documentales cualquiera sea su soporte material, el lugar donde se custodien, el concepto presupuestario con el que se adquieran o su forma de adquisición.
Para ello se promueve que la biblioteca de la Universidad se estructure a través de un sistema bibliotecario único, descentralizado en bibliotecas de las diferentes unidades y dependencias; y coordinado a través de los mecanismos que fije el Consejo Superior.
El tercer principio sustantivo que se propone es aquel por el cual queda absolutamente prohibida la aplicación de derechos, tasas o aranceles que pudieran recaer sobre la actividad académica de grado de la Universidad, ni sobre cualquier actividad de carácter académico que tenga como fin la formación de los trabajadores de la Universidad.
En lo que hace a las propuestas sobre las formas de gobierno y representación, nuestro sector propone, sobre la necesidad de que los docentes auxiliares sean efectivamente reconocidos en su importancia de su rol en una universidad masiva, su inclusión efectiva y adecuada en los organismos de gobierno de la UBA.
Los distintos miembros y grupos que componen la comunidad universitaria son tributarios de tradiciones institucionales y políticas de las más diversas.
También se reconocen en prácticas académicas y organizativas del dictado de la docencia, de investigación y de cumplimiento de su función social muy dispares entre sí. Lo propio se da al analizar los modos en que se recorren las tramas curriculares, si existen estructuras departamentalizadas o no, si existen autoridades de carreras o no cuando una misma facultad tiene más de una, si se mantiene la estructura de cátedra y cómo ellas están compuestas, sobre todo a la hora de enfrentar el acto educativo por excelencia que es el acto docente.
Por supuesto, esto configura una trama de identidades cruzadas basadas en idearios de la política universitaria, por las disciplinas científicas y profesionales, y en muchos casos por identidades partidarias externas a la vida de la universidad.
En este cuadro, contextualizado por el sempiterno atraso en la convocatoria a la asamblea universitaria tantas veces prometida, una situación económica por todos reconocida como de extrema dificultad y los procesos resultantes del complejo año 2006 en el seno de la UBA, nuestro sector político pone a consideración de la comunidad en general una serie de propuestas estatutarias tendientes a reconocer en la letra un fuerte espíritu de vocación universitaria.
El que lleve a la UBA a ser una casa de estudios de excelencia y masiva, que se inserte en la sociedad de la que se nutre y la mantiene, dialogando con ella de modo coordinado, que reconozca que tiene un deber que cumplir garantizando el derecho a la educación permanente para formar profesionales cabales, con pensamiento crítico y compromiso social, orientados en el respeto y promoción de los derechos humanos y el cuidado de nuestro hábitat.
Hubiéramos preferido una participación más masiva, que diera cuenta de la existencia de un demos universitario comprometido e insuflado de espíritu polémico en beneficio de la universidad. Sin embargo, las comisiones de trabajo han cumplido con su labor en forma metódica y minuciosa. Atendiendo a la totalidad de las problemáticas que un estatuto puede ofrecer. Rescatamos, por lo tanto, como un hecho altamente positivo que se convocara a trabajar a las comisiones de la asamblea, que las mismas se reunieran y discutieran el estatuto, y que cumplida esta etapa se convoque a la asamblea universitaria para analizar el trabajo realizado.
Con fuerte vocación de miembros universitarios, ofrecemos nuestras propuestas para debatir en forma abierta, democrática, invitando a que quienes no piensan igual que nosotros tengan la misma generosidad que queremos tener a la hora de establecer un marco institucional que dentro de décadas nos permita sentir orgullo porque habremos estado a la altura del desafío de la hora.
En concreto, y de acuerdo a los tópicos con los que las comisiones han sido convocadas, estas son nuestras propuestas:
En materia de bases y fundamentos de la Universidad de Buenos Aires, estamos proponiendo que la UBA tenga como fines la creación, producción, difusión y preservación del conocimiento y la cultura, interactuando en forma permanente con el pensamiento universal y prestando particular atención a los problemas argentinos y latinoamericanos.
Que en su obligación constitutiva contribuye al desarrollo del conocimiento y la cultura mediante la docencia, la investigación científica y tecnológica, la extensión y la creación artística.
Consagrar que en el marco de una Universidad masiva, ella es una comunidad de docentes (no sólo profesores), graduados, estudiantes y personal técnico, administrativo y de servicios.
Entre sus fines está el de procurar la formación integral de sus miembros e infunde en ellos el espíritu crítico, el compromiso ético y la responsabilidad social. Y entre sus misiones está la de garantizar la pluralidad y asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de expresión, investigación científica y docencia, promoviendo la plena vigencia de los Derechos Humanos y rechazando su avasallamiento.
En el mismo sentido, se proclama a la Universidad como la institución mediante la cual la sociedad da respuesta al derecho a la educación superior de cada uno de sus miembros, así como a los beneficios sociales que la docencia y la investigación pueden brindarle mediante la previsión, el análisis y la resolución de sus necesidades de un modo sistemático, comprometido y científicamente fundamentado. Éste es el espíritu con el cual debe organizar, tanto sus programas disciplinarios, cuanto sus tareas de transferencia y extensión.
En términos más ligados a lo institucional, se propone organizar el Ciclo inicial garantizando el derecho a la ciudadanía universitaria a los integrantes del actual CBC.
Nuestra propuesta hace énfasis en la consideración de la investigación y la extensión como actividades constitutivas de la condición del docente universitario y como parte del proceso formativo del estudiante universitario, esta última en forma solidaria con la sociedad de la cual forma parte, buscando a través de la producción y transferencia de conocimiento la resolución de problemas y desafíos de la sociedad que la misma demanda, para así colaborar en la ampliación del derecho a la educación del conjunto de la sociedad.
Entre los fundamentos de su obrar, proponemos que la Universidad debe brindar servicios académicos y sociales a la comunidad universitaria, que faciliten el acceso al conocimiento y las condiciones para la continuidad de los estudios. Por ello es su obligación procurar a los estudiantes bibliotecas actualizadas, salas de informática, instalaciones, alimentación y alojamiento adecuado y asistencia medica gratuita.
En los aspectos ligados a la actividad docente, nuestras propuestas atienden a garantizar el derecho al salario por el desempeño de sus trabajadores en la Universidad, así como plasmar que el desarrollo de esta actividad es ineludible sea cual fuere la dedicación y categoría que se posea.
Nuestros proyectos reconocen también el rol fundamental que tienen los docentes auxiliares en el dictado de clases y demás tareas que la Universidad desarrolla, por lo que se postula la jerarquización de su rol, comenzando por el cambio de nombre de su categoría para prestigiarlos como docentes.
Un tópico no menor, y que reconoce la necesidad imperiosa de democratizar el derecho a la ciudadanía universitaria, es aquel que atiende a la situación de los docentes interinos.
A la fecha, el estatuto sólo reconoce esta figura de modo residual. La concepción de la Universidad de hace cincuenta años no podría nunca imaginar el crecimiento masivo de la matrícula, el incremento de cantidad de docentes necesario para atenderla y las condiciones de incorporación a los planteles universitarios, sin perjuicio de los diseños de planes curriculares que hacen dificultosa su atención sólo con docentes concursados.
Las modificaciones propuestas al capítulo II del Título II tienden a eliminar la posibilidad que existan profesores sin concurso y ad-honorem. Se defiende al sistema de concursos públicos, abiertos, periódicos, y transparentes como sistema para la provisión del personal docente. Se tiende a eliminar la figura de ad-honorem como solución a la falta de personal docente rentado para satisfacer las necesidades del dictado de clases. Como excepción, se mantiene en el art. 54 a las categorías de profesores contratados o invitados y por tiempo limitado para facilitar el dictado de cursos especiales.
Sin perjuicio de las obligaciones incumplidas por distintas unidades académicas, lo cierto es que el derecho a la participación política en la vida universitaria es un derecho inalienable que ninguna rémora administrativa tiene derecho a frustrar. Por eso proponemos atender a la satisfacción de estos derechos, cuando aparezca de modo obvio que la falta de la condición de regular no se debe a la voluntad del docente, sino a la desatención de las unidades académicas.
En el marco de las propuestas que atienden a las previsiones presupuestarias, y en este caso por unanimidad de los miembros asambleístas que participaron de la comisión, estamos promoviendo la conformación del Consejo Superior como ámbito en el que se discutan pautas y directrices estratégicas para la UBA de carácter plurianual.
Asimismo, en forma meticulosa, estamos promoviendo criterios de transparencia y uniformidad de elaboración y rendición de los presupuestos, circunstancias que hoy no están previstas. Ello para todas las partidas, y para todos los intereses económicos que la Universidad posea en distintas entidades externas a ella.
En idéntico sentido se propone un conjunto de mecanismos de control de gestión transparente y oportuna. Esto es mucho más que una cuestión de técnica administrativa, sino que importa plasmar principios de acceso a la información pública en el seno del estatuto.
Consideramos además la incorporación de tres principios de importancia:
Uno es la clara y tajante incorporación al patrimonio de la UBA del cuidado de sus archivos documentales al considerarlos estatutariamente parte del mismo y seguido por sus reglas de preservación.
El otro principio que propusimos y se aceptó, fue la constitución del sistema de Bibliotecas de la Universidad como un servicio de apoyo para el aprendizaje, la docencia, investigación y demás actividades relacionadas con los objetivos institucionales de la Universidad, constituida por todos los fondos bibliográficos y documentales cualquiera sea su soporte material, el lugar donde se custodien, el concepto presupuestario con el que se adquieran o su forma de adquisición.
Para ello se promueve que la biblioteca de la Universidad se estructure a través de un sistema bibliotecario único, descentralizado en bibliotecas de las diferentes unidades y dependencias; y coordinado a través de los mecanismos que fije el Consejo Superior.
El tercer principio sustantivo que se propone es aquel por el cual queda absolutamente prohibida la aplicación de derechos, tasas o aranceles que pudieran recaer sobre la actividad académica de grado de la Universidad, ni sobre cualquier actividad de carácter académico que tenga como fin la formación de los trabajadores de la Universidad.
En lo que hace a las propuestas sobre las formas de gobierno y representación, nuestro sector propone, sobre la necesidad de que los docentes auxiliares sean efectivamente reconocidos en su importancia de su rol en una universidad masiva, su inclusión efectiva y adecuada en los organismos de gobierno de la UBA.
Decanos de las Facultades de Ciencias Sociales; Filosofía y Letras; Arquitectura, Diseño y Urbanismo; y Ciencias Exactas
1 comentario:
muy general, hace falta decir si realmente proponen algo nuevo: q la UBA le sirva a la pais y no a las corporaciones docentes - estudiantiles
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