Uno de los objetivos prioritarios del Estado nacional a partir de 1946, fue el de poner a las instituciones de nuestro país al servicio del desarrollo social, económico y cultural del pueblo y ya no de las oligarquías y del capital foráneo. Servicios públicos, bancos, ministerios, organizaciones gremiales, empresas industriales, escuelas, medios de comunicación, puertos, y cada una de las instituciones de la Argentina, fueron refundadas en el marco de los esquemas de la doctrina justicialista. Cuando le llegaba el turno a la universidad, la autonomía y la ciencia positivista se utilizarían como pretexto por las minorías enclaustradas en las instituciones, para evitar cualquier tipo de apertura hacia el nuevo estado de situación política del país. Éstos eran los profesores y administradores de la universidad, los autoproclamados combatientes del tirano y las masas fascistas, que educaron por décadas a funcionarios públicos y privados bajo una concepción ideológica al servicio del capital trasnacional y al modelo antinacional de la oligarquía terrateniente, reforzando las cadenas mentales de la Argentina neocolonia con la metrópoli imperial. Cuando un Estado popular y democrático se planteó como un objetivo estratégico educar ciudadanos bajo una concepción nacionalista y al servicio de la industria local y no de la extranjera, fue caratulado con el mote de intervencionismo absolutista y como opresor de la autonomía universitaria. Las multinacionales podían valerse de los docentes dentro de la universidad, que formaban a los estudiantes para moldearlos a la razón instrumental del capitalismo neocolonial. Mientras en las casas de altos estudios primarían las concepciones de la libertad abstracta que daban el respaldo mental al coloniaje y que sujetaban a sistemas de trabajo y explotación constante a los trabajadores, la ciencia estaba resguardada del poder político y del Estado omnipotente. Mientras el Estado intentará adecuar las formaciones y los programas de estudio de todas las facultades tras un esquema integral nacional y acorde a las necesidades económicas, sociales y culturales del país, sería y sigue siendo en la actualidad, conceptualizado por el pensamiento liberal y conservador como violatorio de la autonomía y de la ciencia libre. El positivismo confundiría “autonomía del gobierno respecto de la autonomía del Estado” y “autonomía del mercado respecto de autonomía de las necesidades del pueblo”.
El peronismo entonces:
- vincularía las formaciones universitarias con el desarrollo de las políticas del gobierno popular (creación de la Universidad Obrera);
- eliminaría las restricciones de ingreso a los estudiantes;
- aumentaría el presupuesto en educación;
- sentaría las bases para una cultura genuinamente nacional y popular;
- estructuraría las bases materiales del país para la inserción concreta de los universitarios en el aparato productivo a partir de los Planes Quinquenales y las instituciones al servicio del desarrollo industrial.
Para garantizar la mejor articulación entre las políticas públicas, la universidad y la economía nacional, la nueva Ley de Educación Superior de 1947 establecería una cláusula ubicando a los profesores al servicio del Estado nacional:
Art. 58º. – (Obligación de colaborar oficialmente). El profesor que optare por dedicar todo su tiempo a la universidad, estará obligado a prestar su dirección y asesoramiento técnico cuando fuera requerido por el Poder Ejecutivo.
En una universidad financiada por el Estado, paradójicamente, podía solicitarse a sus miembros docentes la más absoluta colaboración con las empresas trasnacionales o con la oligarquía terrateniente tal cual lo habían hecho por décadas, pero nunca se les podría exigir que respondieran a los intereses y necesidades de todos los habitantes de la nación. Por eso, esta cláusula sería fuertemente cuestionada por el pensamiento libre, que preferiría la esclavitud de la nación y la Argentina factoría ante el imperio neocolonial, por sobre cualquier posibilidad de ser un medio de desarrollo del Estado popular. El organismo que más oposición generaría entre los profesores y los estudiantes, sería el Consejo Nacional Universitario, ente abocado a la coordinación y a la planificación conjunta entre el Estado y la universidad. Este ente violaría la “autonomía” al inducir la necesidad de articular concretamente la acción de las universidades, las facultades y el resto de las políticas públicas. La ley introduce con este organismo la “planificación”, inexistente anteriormente en las universidades nacionales. El Consejo tenía las siguientes funciones:
Del Consejo Nacional Universitario
Art. 111º. – Créase el Consejo Nacional Universitario, el que estará constituido por los rectores de todas las universidades del país y será presidido por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública.
Art. 112º. – El Consejo Nacional Universitario tendrá los siguientes deberes:
1º Coordinar la obra docente, cultural y científica de las universidades, de modo que consulte los intereses y problemas del país y de cada región universitaria;
2º Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad universitaria, especialmente en la creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;
3º Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistemas de promoción, número de cursos y títulos a otorgar para las mismas carreras.
El peronismo entonces:
- vincularía las formaciones universitarias con el desarrollo de las políticas del gobierno popular (creación de la Universidad Obrera);
- eliminaría las restricciones de ingreso a los estudiantes;
- aumentaría el presupuesto en educación;
- sentaría las bases para una cultura genuinamente nacional y popular;
- estructuraría las bases materiales del país para la inserción concreta de los universitarios en el aparato productivo a partir de los Planes Quinquenales y las instituciones al servicio del desarrollo industrial.
Para garantizar la mejor articulación entre las políticas públicas, la universidad y la economía nacional, la nueva Ley de Educación Superior de 1947 establecería una cláusula ubicando a los profesores al servicio del Estado nacional:
Art. 58º. – (Obligación de colaborar oficialmente). El profesor que optare por dedicar todo su tiempo a la universidad, estará obligado a prestar su dirección y asesoramiento técnico cuando fuera requerido por el Poder Ejecutivo.
En una universidad financiada por el Estado, paradójicamente, podía solicitarse a sus miembros docentes la más absoluta colaboración con las empresas trasnacionales o con la oligarquía terrateniente tal cual lo habían hecho por décadas, pero nunca se les podría exigir que respondieran a los intereses y necesidades de todos los habitantes de la nación. Por eso, esta cláusula sería fuertemente cuestionada por el pensamiento libre, que preferiría la esclavitud de la nación y la Argentina factoría ante el imperio neocolonial, por sobre cualquier posibilidad de ser un medio de desarrollo del Estado popular. El organismo que más oposición generaría entre los profesores y los estudiantes, sería el Consejo Nacional Universitario, ente abocado a la coordinación y a la planificación conjunta entre el Estado y la universidad. Este ente violaría la “autonomía” al inducir la necesidad de articular concretamente la acción de las universidades, las facultades y el resto de las políticas públicas. La ley introduce con este organismo la “planificación”, inexistente anteriormente en las universidades nacionales. El Consejo tenía las siguientes funciones:
Del Consejo Nacional Universitario
Art. 111º. – Créase el Consejo Nacional Universitario, el que estará constituido por los rectores de todas las universidades del país y será presidido por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública.
Art. 112º. – El Consejo Nacional Universitario tendrá los siguientes deberes:
1º Coordinar la obra docente, cultural y científica de las universidades, de modo que consulte los intereses y problemas del país y de cada región universitaria;
2º Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad universitaria, especialmente en la creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;
3º Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistemas de promoción, número de cursos y títulos a otorgar para las mismas carreras.
* Este texto forma parte del libro “UNIVERSIDAD Y LIBERACION NACIONAL", de Aritz e Iciar Recalde, Nuevos Tiempos, Lanús, marzo de 2007.
No hay comentarios:
Publicar un comentario