Universidad y Estado (Ana Jaramillo, Rectora de la Universidad Nacional de Lanús)

Ya hemos experimentado y padecido muchas veces la confusión que existe entre lo público, lo social y lo colectivo. A menudo los así llamados bienes públicos u organismos públicos han sido de todos y de nadie. Pero también a menudo se ha confundido a la Universidad con un bien colectivo de una determinada comunidad, con una organización no gubernamental, con plena autonomía y con funciones exclusivas para sus miembros. Su aislamiento de la comunidad ha provocado muchas veces el cuestionamiento a la misma como “la república de los profesores” de y para ellos. De y para la comunidad universitaria.

La incuestionable autonomía universitaria, que implica la autonomía de gobierno y la libertad de cátedra va de suyo en una sociedad que ha decidido y conquistado sus instituciones democráticas así como sus libertades y derechos cívicos y por ello respeta su Carta Magna y las garantías por ella establecidas.

Pero dicha autonomía no le puede hacer perder de vista que es todo un pueblo el que aporta los recursos que le permiten cumplir con su función. Los salarios de las autoridades, los docentes y los no docentes los paga el erario público. Los gastos de funcionamiento así como su infraestructura y equipamiento también. Su responsabilidad es frente a la sociedad toda y no sólo para con los miembros de la universidad. Su responsabilidad es social, como la de cualquier organismo público ya que forma parte del Estado. Por lo tanto, su compromiso con la comunidad, con el desarrollo social y regional y con el Estado, debe ser paralelo a su responsabilidad.

Su autonomía no puede significar desentenderse de los problemas que aquejan a la nación. La función de la universidad pública de buscar la excelencia académica de todos y cada uno de sus educandos, de perfeccionar sus cuadros docentes, de capacitar y acreditar a sus estudiantes para el mercado laboral, de realizar investigación científico tecnológica, no es contradictoria, sino complementaria con su responsabilidad pública, social de atender prioritariamente las necesidades del desarrollo nacional y regional, buscando la redistribución del conocimiento y la elevación de la calidad de vida de la comunidad en su conjunto.

La autonomía tampoco exime a los universitarios de hacer el uso más racional posible de los recursos. No sólo porque en materia educativa serán siempre escasos, puesto que la demanda es siempre creciente, sino porque por el contrario, deben estar en condiciones de rendir cuentas a la sociedad del beneficio social del uso de los recursos asignados a las universidades. Las universidades tendrán que poder refrendar ante la sociedad, la legitimidad de la opción estatal en la asignación de recursos para la educación superior frente a otras necesidades sociales perentorias del país.

La universidad es así un bien nacional público, social y colectivo. Como el Estado, debe buscar el bien público. Ello implica poner todos los esfuerzos para contribuir al desarrollo social y regional produciendo conocimientos así como formando mejores ciudadanos para la Nación.