Si bien la extensión es una de las funciones (junto a la investigación y docencia) de la universidad, la forma de vinculación de la universidad con su entorno social aún se visualiza desde una concepción 'voluntarista' y de alguna manera secundaria.
Un ejemplo de ello sería la resolución en el Primer Congreso Internacional de Estudiantes reunido en México en 1921 donde se propone la extensión universitaria como una obligación de las asociaciones estudiantiles, puesto que los estudiantes “deberían” desarrollar y difundir en la sociedad la cultura que de ella han recibido.
La extensión no debe ser entendida sólo por este 'querer extender' al resto de la sociedad la cultura universitaria, sino comprender que es sólo a través del diálogo entre la universidad y la sociedad que se posibilita el conocimiento y se viabiliza y guía a la propia investigación.
Por otro lado, la extensión permite adaptar la función de la docencia a nuestra realidad latinoamericana formando ciudadanos críticos, participativos y comprometidos en la vida democrática, preparándolos para nuevas contingencias, sirviendo satisfactoriamente a las necesidades del sistema social en el que se inserta la universidad, con las estructuras de dominación que tiene, con los reclamos, no siempre tan unívocos como se delinean en el aula.
Frente al problema conocido de exceso de diagnósticos convertidos en pura retórica dadas las carencias de medidas para implementar cambios a nivel social global, es necesario 'aceitar' los canales de comunicación ya existentes y generar nuevos que aseguren la retroalimentación continua entre la producción científica y la construcción de políticas-prácticas, estableciendo compromisos entre las instituciones correspondientes.
De esta manera se lograría adensar los vínculos interinstitucionales por medio de programas concretos que obren entre las 'facultades de carrera' y concentren la labor multidisciplinara frente a problemas locales-nacionales.
De más está aclarar que esto no significa 'politizar las investigaciones científicas' ni tampoco 'atar las políticas a las investigaciones', sino asegurar canales de diálogo a través del reconocimiento de sus tiempos propios y lógicas específicas que llevan a la independencia y autonomía institucional.
Una verdadera participación, necesita de un proyecto unificado pero descentralizado, que incorpore la diversidad permitiendo la toma de decisiones a nivel local. Para cambiar, la universidad precisa apoyarse en una sociedad participativa, a través de la creación y ampliación de la esfera pública y espacios con mayor grado de autonomía.
Autonomía que no debe confundirse como neutralidad y falta de compromiso.
El compromiso con los sectores más débiles de nuestra sociedad no se justifica por un simple principio moralista, sino por ser una necesidad en la búsqueda de la propia democratización universitaria.
Si bien se ha luchado por mantener una universidad pública y gratuita, existen contextos en los que los individuos cuentan con recursos materiales y sociales mínimos como para aprovechar la apertura y gratuidad de la universidad, pero existen contextos en los que no.
Sólo en un sociedad democrática se alcanzará la tan anhelada democratización institucional, de lo contrario se puede transformar en una mayor fragmentación haciendo aún más difícil la situación de los sectores populares (a quienes por no poder aprovechar la oferta universitaria puede llegar a culpabilizarse por su situación).
La búsqueda de una articulación común que incluya la diversidad existente, necesita establecerse sobre mínimas bases universales de igualdad y justicia.
De no ser así, los universitarios estarán limitados a la simple reproducción del sistema académico en virtud de su propio éxito académico, buscando ocupar posiciones dominantes dentro de él reduciendo la función de la universidad a un uso narcisístico e individualista, aún peor siendo pago por toda la sociedad.
El proyecto ético-político que busca mayor democratización e igualdad de acceso no se logra tratando a todos 'como' iguales (ya se ha defendido el resquebrajamiento de nuestra “sociedad de clases medias”), sino comprendiendo las diferencias e injusticias en las relaciones sociales, planteando compromiso y respuestas a favor de los más desfavorecidos.
* Este texto forma parte del artículo “La Universidad Pública en Jaque”, de Anabel Rieiro, publicado en Solidaridad Global, Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Villa María, Año IV, Nº 7, Marzo de 2007
Un ejemplo de ello sería la resolución en el Primer Congreso Internacional de Estudiantes reunido en México en 1921 donde se propone la extensión universitaria como una obligación de las asociaciones estudiantiles, puesto que los estudiantes “deberían” desarrollar y difundir en la sociedad la cultura que de ella han recibido.
La extensión no debe ser entendida sólo por este 'querer extender' al resto de la sociedad la cultura universitaria, sino comprender que es sólo a través del diálogo entre la universidad y la sociedad que se posibilita el conocimiento y se viabiliza y guía a la propia investigación.
Por otro lado, la extensión permite adaptar la función de la docencia a nuestra realidad latinoamericana formando ciudadanos críticos, participativos y comprometidos en la vida democrática, preparándolos para nuevas contingencias, sirviendo satisfactoriamente a las necesidades del sistema social en el que se inserta la universidad, con las estructuras de dominación que tiene, con los reclamos, no siempre tan unívocos como se delinean en el aula.
Frente al problema conocido de exceso de diagnósticos convertidos en pura retórica dadas las carencias de medidas para implementar cambios a nivel social global, es necesario 'aceitar' los canales de comunicación ya existentes y generar nuevos que aseguren la retroalimentación continua entre la producción científica y la construcción de políticas-prácticas, estableciendo compromisos entre las instituciones correspondientes.
De esta manera se lograría adensar los vínculos interinstitucionales por medio de programas concretos que obren entre las 'facultades de carrera' y concentren la labor multidisciplinara frente a problemas locales-nacionales.
De más está aclarar que esto no significa 'politizar las investigaciones científicas' ni tampoco 'atar las políticas a las investigaciones', sino asegurar canales de diálogo a través del reconocimiento de sus tiempos propios y lógicas específicas que llevan a la independencia y autonomía institucional.
Una verdadera participación, necesita de un proyecto unificado pero descentralizado, que incorpore la diversidad permitiendo la toma de decisiones a nivel local. Para cambiar, la universidad precisa apoyarse en una sociedad participativa, a través de la creación y ampliación de la esfera pública y espacios con mayor grado de autonomía.
Autonomía que no debe confundirse como neutralidad y falta de compromiso.
El compromiso con los sectores más débiles de nuestra sociedad no se justifica por un simple principio moralista, sino por ser una necesidad en la búsqueda de la propia democratización universitaria.
Si bien se ha luchado por mantener una universidad pública y gratuita, existen contextos en los que los individuos cuentan con recursos materiales y sociales mínimos como para aprovechar la apertura y gratuidad de la universidad, pero existen contextos en los que no.
Sólo en un sociedad democrática se alcanzará la tan anhelada democratización institucional, de lo contrario se puede transformar en una mayor fragmentación haciendo aún más difícil la situación de los sectores populares (a quienes por no poder aprovechar la oferta universitaria puede llegar a culpabilizarse por su situación).
La búsqueda de una articulación común que incluya la diversidad existente, necesita establecerse sobre mínimas bases universales de igualdad y justicia.
De no ser así, los universitarios estarán limitados a la simple reproducción del sistema académico en virtud de su propio éxito académico, buscando ocupar posiciones dominantes dentro de él reduciendo la función de la universidad a un uso narcisístico e individualista, aún peor siendo pago por toda la sociedad.
El proyecto ético-político que busca mayor democratización e igualdad de acceso no se logra tratando a todos 'como' iguales (ya se ha defendido el resquebrajamiento de nuestra “sociedad de clases medias”), sino comprendiendo las diferencias e injusticias en las relaciones sociales, planteando compromiso y respuestas a favor de los más desfavorecidos.
* Este texto forma parte del artículo “La Universidad Pública en Jaque”, de Anabel Rieiro, publicado en Solidaridad Global, Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Villa María, Año IV, Nº 7, Marzo de 2007
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